La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que los correos electrónicos de las exsecretarias de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta se incorporen a la instrucción del 'caso Bárcenas' en el que se investiga la presunta contabilidad B del Partido Popular.
Los tres magistrados han desestimado un recurso de una acusación popular que pedía que se descargaran de los servidores de los ordenadores de las que fueron secretarias de los extesoreros del PP los correos electrónicos que se enviaban. La intención de incorporar esa correspondencia “profesional” era poder “descubrir las visitas de los querellados -en relación a los empresarios que figuran como donantes en los 'papeles de Bárcenas'- con la finalidad de realizar donaciones”.
Esta petición se produjo después de que las dos empleadas de Génova aseguraran ante el juez Pablo Ruz que habían destruido las agendas y dietarios de los extesoreros Lapuerta y Bárcenas. Estrella Domínguez, la que fue durante quince años secretaria de Bárcenas ha reconocido que tiró la agenda a finales de 2012 porque consideró que “ya no tenía importancia”.
No obstante, Luis Bárcenas hizo una copia de esas agendas poco después de que estallara el caso Gürtel. De hecho, durante el interrogatorio, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, preguntó a la exsecretaria de su defendido si recordaba en esas agendas apuntes concretos de comidas con L.R. (en posible referencia a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr) o Paco Villar (en referencia a quien fuera hombre de la máxima confianda de Rajoy, ya fallecido). Pero el testimonio de las testigos fue poco esclarecedor porque utilizaron la fórmula de “evasivas y no recuerdo”, según explicaron fuentes presentes en el interrogatorio.
Ahora la Sala de lo Penal se opone a que se añadan a la causa los correos “proefesionales” de las exsecretarias con sus antiguos jefes argumentando que “se puede incidir en la esfera personal e íntima de personas no imputadas”. Además, asegura que “no sirve de excusa la supuesta conducta impeditiva” de las dos testigos al haber manifestado que eliminaron las agendas. “Dicha obstrucción no está demostrada”, expresa el auto. Otro de los argumentos en los que sustenta su negativa es que se trata de una diligencia “desmesurada y carente de utilidad”.
El juez Ruz ya se opuso a la descarga de esos ordenadores. Sin embargo, el pasado 19 de diciembre envió una comisión judicial a la sede del PP para requerir una serie de documentos que el partido no había aportado y entre esos datos se pidieron los archivos informáticos o correos electrónicos que obrasen en los ordenadores de la sede relacionados con los hechos investigados y los imputados en el caso.