El juicio contra los 14 miembros de la antigua cúpula de Afinsa se retomará mañana ante la Audiencia Nacional con los interrogatorios por el supuesto fraude de la filatélica, que afectó a 200.000 ahorradores.
La Fiscalía pide penas de entre 19 y 16 años de prisión para los exdirectivos de Afinsa en el momento de su intervención en mayo de 2006, que destapó un agujero de cerca de 2.000 millones de euros en la empresa.
En el ecuador de este macrojuicio, que comenzó en noviembre de 2015 y está previsto que se alargue al menos hasta febrero, han pasado ya por el banquillo cinco de los acusados, entre ellos el expresidente de la entidad Juan Antonio Cano, quien declaró que era “solvente y rentable hasta el momento de la intervención”.
Todos los acusados han seguido una línea de defensa similar, con el argumento de que Afinsa “no era un negocio de inversión financiero”, sino una empresa dedicada a la compraventa de sellos y que no se ofrecían rentabilidades superiores a la revalorización de los mismos.
En sus interrogatorios, el fiscal Alejandro Luzón ha incidido en este sistema de rentabilidades y en la supuesta existencia de lotes de sellos falsos entre la filatelia colocada a los clientes, por lo que considera que la entidad llevaba a cabo una “estafa piramidal” con el objetivo de “captar de forma masiva” inversiones.
Los exdirectivos negaron la existencia de sellos falsos, aunque admitieron “deficiencias y problemas de catalogación”, la mayoría de ellas en los lotes suministrados por otro de los acusados, Francisco Guijarro Lázaro, que declarará en las próximas sesiones.