La Audiencia de Sevilla ha dictaminado que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, debe “apurar y depurar” la investigación antes de enviar el caso al Tribunal Supremo por la existencia de posibles aforados como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
En un auto en el que ha acordado rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, la Audiencia afirma que “el hecho de que en el transcurso de una instrucción pueda haber indicios de la posible participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia” por parte del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Además, antes de enviar el caso al tribunal superior correspondiente, “nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar”.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, ha sido elaborado por Javier González Fernández, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, quien defiende que la juez Alaya “no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos”, sino aclarar “una trama corrupta en la tramitación de los ERE”.
También acuerda remitir a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el recurso del abogado de González Mata para que investigue posibles delitos en las frases utilizadas en su escrito, que superan el mero ejercicio del derecho de defensa.
Aunque sin citar nombres, la Audiencia se refiere a la posible imputación en el caso de Griñán o los consejeros de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y de Economía, Antonio Ávila, y afirma que “conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de imputar a un aforado no implica per se la pérdida de la competencia y jurisdicción”.
La juez debe “apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación”, tarea en la que “puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, afirma el auto.
El abogado recurrente, Juan Pedro Cosano, denunció que la juez estaba poniendo en tela de juicio “el papel constitucional de los sindicatos” al acusarles de cobrar comisiones, a lo que la Audiencia responde que se trata “de una afirmación más propia del titular de un rotativo sensacionalista”.
La juez está investigando “una trama corrupta que en la tramitación de los ERE -diseñados para paliar los nocivos efectos que la crisis está causando en empresas y sobre todo en los trabajadores- haya podido cometer hechos delictivos, con independencia de su condición u origen sindical, empresarial o político”, precisa.
Tampoco se basa en el “oráculo” de la Guardia Civil, como decía el defensor, sino en datos de la Agencia Tributaria, Registro Civil, los bancos y las aseguradoras.
Respecto al supuesto papel de González Mata como “convidado de piedra”, la Audiencia responde que el empresario jerezano “se ha lucrado sobremanera con su participación en dicha trama” y “ha desviado para su propio beneficio más de 13 millones y medio de euros procedentes de las arcas públicas”.
El apoyo de la Audiencia a Alaya se amplía a las supuestas filtraciones del sumario secreto a la prensa, ya que según el auto “en ningún caso se ha citado como fuente de información al juzgado de instrucción”.