El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha escenificado este viernes en el Senado una ruptura con su antecesor en el puesto, José Luis Ábalos, al destituir a dos altos cargos que mantenía en su gabinete y que salen malparados de la investigación interna sobre el 'caso Koldo' que abrió hace apenas unos meses. La auditoría, publicada en la web del Ministerio, habla de “irregularidades” en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia y señala a la gestión del equipo del exministro.
Puente ha comparecido este viernes en la Cámara Alta a petición del PP y allí ha anunciado el cese del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas del gestor ferroviario, Michaux Miranda, ya imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la causa que investiga las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Ministerio durante la pandemia, el conocido como 'caso Koldo', por el nombre del asesor de Ábalos en Transportes, supuesto cabecilla de la trama.
El actual ministro ya destituyó en marzo al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, responsable de tramitar el mayor contrato que investiga el juez, por importe de 20 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, la principal empresa del caso.
“Dada la situación procesal, no hago valoraciones de esa decisión, los hechos que se extraen en la auditoría conllevan una pérdida de confianza”, ha justificado Puente en su comparecencia, en la que ha leído las principales conclusiones de la auditoría interna sobre la compra de mascarillas FFP2 encargadas en lo peor de la pandemia por dos entidades de su departamento, Puertos del Estado, a la trama de Koldo García. Una auditoría que, según ha señalado Puente, concluyó el pasado martes, 20 de agosto, y que concluye que “parece evidente que los requisitos exigibles” para las compras mediante contratos de emergencia “no se cumplieron”.
Transportes duplicó una orden de compra en 38 minutos
El Ministerio de Transportes duplicó la primera compra de mascarillas en apenas 38 minutos. El departamento de Ábalos envió en ese lapso de tiempo una orden que modificaba un primer pedido de casi 4 millones de mascarillas a unos 8. Según los documentos aportados en la auditoría, la cartera acabó pagando 20 millones de euros por esa compra, fechada el 20 de marzo, apenas una semana después de que el Gobierno declarase el Estado de Alarma por la situación de la pandemia.
“Con fecha 20 de marzo de 2020, a las 19:55h, desde el buzón del Gabinete del Ministro se remite al Subsecretario una Orden firmada por el Ministro [...] por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 4 millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, el mismo día 20 de marzo, a las 20.33h, desde el mismo buzón se le remite una nueva Orden firmada por el Ministro que anula la anterior, y en la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana [...]”, describe el informe.
En la investigación, los auditores preguntan a Gómez por este cambio repentino y el subsecretario argumenta que todo se debió a las exigencias del vendedor, la empresa Soluciones de Gestión S.L.. “El proveedor suministraba 8 millones o nada”, sostiene el alto cargo del ministerio que le dijo en aquel momento Koldo García. Gómez también asegura a los investigadores que la orden de compra venía firmada por el propio Ábalos, por lo que entendió que el cambio tenía su aval.
“No puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características, ya referidos en este informe, dado que se considera no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia”, sostiene la investigación interna.
Incluso aunque se tratarse de una oferta de “todo o nada”, sigue el informe“, la ”hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y ocho millones de mascarillas“ debería haber sido ”adecuadamente justificada en el expediente, como motivación del cambio en el alcance de la emergencia“.
El informe no cuestiona el precio que se pagó por las mascarillas -incluso por debajo del de mercado según los análisis posteriores- y tampoco ve llamativo que únicamente existiera un proveedor en una situación como aquella pero considera que el Ministerio debería haber justificado y documentado en el expediente la búsqueda de otros posibles candidatos o la argumentación para no realizar esa búsqueda. “Visto todo lo anterior, y reiterando que una tramitación de emergencia permite hacer un encargo incluso de forma meramente verbal, se considera que el órgano de contratación debería haber abordado dicha justificación, en aras a la máxima transparencia y objetividad del proceso”, expone el documento.
La auditoría también menciona la segunda compra de mascarillas que hizo el Ministerio de Transportes, un pedido realizado el 25 de marzo, cuando ni siquiera habían aterrizado los paquetes del primer envío. En ella, sí hubo más empresas ofertantes, algunas con propuestas de precios más bajas, ha asegurado. Por ello, la auditoría no considera justificada la adjudicación a Soluciones de Gestión.
Esa segunda compra, al igual que la primera, se encargó inicialmente a Puertos del Estado como órgano de contratación, aunque finalmente se encargó Adif: 5 millones más a pesar de que todavía no habían llegado los primeros lotes de los 8 millones contratados el 20 de marzo.
“En toda la documentación analizada, no se encuentra ningún estudio o análisis de necesidades que venga a justificar la adquisición de 5 millones más de mascarillas, sólo 6 días después de la aprobación de la primera Orden, en la que además se había decidido comprar el doble de mascarillas de las que se habían considerado necesarias inicialmente en base a los estudios realizados en el Ministerio”, dice el informe, que pregunta al subsecretario por la justificación de esta nueva orden. Gómez no recuerda quién decidió la cantidad y argumenta que cuando se aprobó “no se sabía qué necesidades había” y que se compraron “en previsión de”.
De cara al futuro, el informe de auditoría ve esencial identificar a las personas que participen en los procedimientos de compra. Puente ha señado que, entre las medidas preventivas que propone el informe, es que no intervengan personas que no tengan relación con la administración en este tipo de procedimientos de compra “Se está aludiendo de forma directa o indirecta al señor Aldama”, ha señalado en referencia al empresario y presidente del Zamora CF que ejerció como mediador.
El juez investiga contratos por 52 millones
La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar en secreto hace más de dos años, a finales de abril de 2022. Hace casi un año, las pesquisas entraron en otra dimensión, de seguimientos y pinchazos telefónicos, al judicializarse el caso en la Audiencia Nacional. Desde entonces, el juez Ismael Moreno investiga si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en su etapa como ministro de Transportes, y varios empresarios como Víctor Aldama consiguieron que contratos públicos millonarios para comprar mascarillas y material sanitario durante el primer año de pandemia fueran adjudicados a personas ligadas a la trama de forma ilegal. El salto de la investigación a los medios provocó que el PSOE suspendiera de militancia a Ábalos el pasado febrero, quien decidió quedarse con el escaño en el Congreso para poder defenderse, alegó entonces.
Según la Anticorrupción, Koldo García fue quien facilitó a empresarios amigos la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos. Además, según el juez, éste mantuvo su “capacidad de influencia sobre personal vinculado al Ministerio y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados” incluso dos años después de haber salido del Gobierno en el verano de 2021.
Están bajo sospecha ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública. Entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes de Transportes, pero también de gobiernos autonómicos como el de Balears y Canarias. El pasado marzo, el ministro Puente destituyó al entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, responsable de tramitar el mayor contrato vinculado a la trama.
En los últimos meses, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Europea han protagonizado un conflicto para decidir quién debe centralizar la instrucción del caso. El pasado julio, el Tribunal Supremo resolvió ese conflicto de competencias y determinó que el caso debía seguir instruyéndose en el tribunal especial. Los jueces de la Sala de lo Penal argumentaron que se estaba investigando “la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario”, con la intervención de empresarios y “cargos públicos” para, finalmente, “ocultar las ganancias”. Informa Elena Herrera.