La ausencia del rey: Felipe VI calla ante el intento de la extrema derecha de patrimonializar su figura

El intento de un grupo de militares retirados por involucrar al rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas, en sus planes para desacreditar al Gobierno progresista, a través de la carta que le enviaron el pasado fin de semana en la que defendían los postulados de la extrema derecha, no ha provocado ninguna reacción por parte de la Casa Real. La jefatura del Estado tampoco ha querido valorar el polémico chat de WhatsApp en el que otros altos mandos militares retirados, en este caso del Ejército del Aire, vertieron amenazas de muerte y expresaron anhelos de golpes de Estado contra un Ejecutivo que consideran ilegítimo, unas conversaciones en la red de mensajería que el Ministerio de Defensa ha puesto en manos de la Fiscalía.

La Casa Real no ha hecho público ningún comunicado ni se ha posicionado extraoficialmente, pese a que la misiva apelaba directamente a Felipe VI. La carta adelantada el pasado domingo por El País –y a la que a lo largo de la semana se sumaron el citado chat de WhatsApp y otra comunicación que están elaborando otros miembros del Ejército, adelantada en este caso por infoLibre–, estos exmandos militares aseguran que España vive una situación de “deterioro”, en la que la “cohesión nacional” corre graves riesgos, “tanto en su vertiente política como económica y social”. Responsabilizan de todo ello al Gobierno “socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas”, a quien acusan de amenazar “con la descomposición de la Unidad Nacional”, antes de mostrar su apoyo y lealtad al monarca “en estos momentos difíciles para la Patria”.

La terminología empleada por los militares retirados es la misma que utilizan Vox y algunos dirigentes del PP para referirse al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, al que acusan de procurar un “cambio de régimen” para abolir la monarquía y de emplear actitudes “dictatoriales”.

El papel del monarca en la Constitución

La estrategia de tratar de involucrar al rey en su cruzada contra el Gobierno ha sido constante por parte del Partido Popular y de Vox. La formación de Santiago Abascal incluyó a Felipe VI como argumento para la moción de censura que desbarató el Congreso el pasado 22 de octubre y que retrató a los diputados de la extrema derecha solos en sus escaños. Durante su discurso, el candidato en Cataluña, Ignacio Garriga, lanzó vivas al rey desde la tribuna que fueron coreados por parte de su bancada.

En los últimos meses, también ha sido utilizada tanto por el partido de Pablo Casado. -que sin embargo este viernes se veía obligado a rechazar públicamente de los mensajes del chat de los militares retirados después de dos días de silencio y de mensajes confusos por parte del PP– y de Santiago Abascal.

En el actual contexto -en el que las peticiones de investigación sobre los escándalos de Juan Carlos I se interpretan por algunos sectores de la derecha como movimientos golpistas que buscan hacer caer el régimen democrático- el rey nunca ha querido desactivar esos intentos de la derecha de patrimonializar su figura y de apropiarse del papel que otorga la Constitución al jefe del Estado en su título segundo, cuando dice que el monarca es el “símbolo” de la “unidad y permanencia” del Estado, que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

La última declaración pública del rey se produjo el pasado 27 de noviembre, con motivo de la inauguración del V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. El monarca intervino en ese acto de forma telemática dado que se encontraba en cuarentena tras haber tenido contacto con una persona infectada por la COVID-19. Su discurso, entonces, se centró exclusivamente en la defensa de una política común de los países mediterráneos.

Al rey sí se le pudo ver este jueves, cuando ya había estallado la polémica de las cartas y los wasaps de los militares retirados. Felipe VI presidió de forma presencial –ya había concluido su periodo de cuarentena– la XXXI sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina, un acto en el que coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros. El monarca optó por guardar silencio y no pronunció ningún discurso en la semana en la que importantes exaltos cargos del Ejército han tratado de convertirlo en un actor político más dentro de la causa para derribar al Gobierno de Sánchez. A diferencia de lo que sucede otras veces en que la Casa Real programa actos o improvisa discursos donde el monarca deja algún mensaje indirecto sobre asuntos que le afectan, esta vez su política de comunicación ha sido el silencio.

La campaña contra el Gobierno de Vox y PP trata de hacer ver que la coalición que lideran Sánchez e Iglesias pone en riesgo el sistema de monarquía parlamentaria y la propia democracia. Y acumula ya muchos capítulos. La decisión del Gobierno de que Felipe VI no acudiera el 25 de septiembre a la entrega de despachos de los nuevos jueces en la que está presente cada año y que en esta edición coincidía con la semana en la que se iba a hacer pública la sentencia sobre los líderes del procés llevó a Casado a proclamar el inicio de “la más grave crisis institucional de la historia reciente”.

La polémica por las palabras de Lesmes

El Ejecutivo justificó entonces la ausencia del rey en su intento de proteger al monarca ante los posibles movimientos desestabilizadores que podría haber generado, según Moncloa, la presencia del rey en la capital catalana apenas unos días antes del 1 de octubre, fecha en la que se conmemoraban tres años desde el referéndum independentista, y ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del expresident de la Generalitat, Quim Torra, que finalmente se hizo pública tres días después, el 28 de septiembre.

Felipe VI volvió a situarse entonces en el centro de la polémica después de que el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, trasladara a los nuevos jueces que recibieron sus despachos que el rey le había llamado para que les diera su enhorabuena y les dijera que le “hubiera gustado estar” en el acto.

La Casa Real, tras horas sin desmentir una información publicada por todos los medios, aclaró hacia la noche de ese 25 de septiembre que Felipe VI no había hecho ningún tipo de consideración institucional sobre su no presencia en el acto. “Ha sido una llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado”, dijo un portavoz.

Antes de esa aclaración, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya habían reaccionado a las primeras informaciones sobre la llamada reclamando “neutralidad” al jefe del Estado. “Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza pública proporcionales”, escribió Iglesias en su cuenta de Twitter. Garzón fue incluso un paso más allá al acusar a la “monarquía hereditaria” de “maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido”. Garzón consideró “insostenible” esa “posición” que, a su juicio, es “aplaudida por la extrema derecha”. Desde el sector socialista del Gobierno guardaron silencio.

Casado: “Al rey le votamos, a Iglesias y Garzón, no”

Esas declaraciones sirvieron a PP y Vox –también a Ciudadanos, aunque con menor insistencia que sus dos socios autonómicos– para iniciar la enésima campaña para tratar de erigirse en las únicas fuerzas políticas que defienden la monarquía. Casado llegó a considerar que Felipe Vi tenía una mayor legitimidad democrática que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y que, en concreto, Iglesias y Garzón.

“Sánchez lleva días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace cuarenta años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y, hace seis, que quien la encarnara fuera Felipe de Borbón. Repito, lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y para el señor Iglesias, a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno porque Sánchez se comprometió a no contar nunca con ellos”, aseguró Casado durante una entrevista en Onda Cero el 28 de septiembre.

Dos días después, el líder del PP aprovechó su turno de preguntas a Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno, para instarle a que si quería “cambiar el régimen” tenía que “presentar una reforma constitucional y no degradar”. “Si le queda un mínimo de dignidad institucional debe cesar a su Gobierno radical y romper con sus socios que anuncian otro golpe a la legalidad”, dijo.

“El problema no es la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni la oposición. El problema es usted, que está degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos”, espetó el líder del PP al presidente del Gobierno en un discurso que se enmarca en la constante estrategia de Casado para deslegitimar al Ejecutivo y tacharlo de autoritario, en términos similares a los que utiliza la extrema derecha.

En ese mismo Pleno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, generó un cruce de reproches verbales entre diputados del PP y la formación republicana al mostrar una imagen del rey Felipe VI saludando al dictador Francisco Franco. “Vox tiene un diputado en la Zarzuela, el diputado 53 de Vox”, aseguró el dirigente republicano, que durante una pregunta al ministro de Justicia le dijo al PP: “Tienen razón, a Felipe VI le votó un español. Francisco Franco”. También entonces, la Casa Real evitó desmentir al parlamentario de ERC y optó por el silencio, el mismo con el que despacha ahora los intentos de la extrema derecha por patrimonializar su figura y utilizarle contra el Gobierno.

Los partidos independentistas han colocado en el centro de sus críticas a Felipe VI desde su durísimo discurso pronunciado el 3 de octubre, cuatro días después del referéndum en Catalunya, y en el que el rey llamó a las “autoridades del Estado” a actuar contra “la deslealtad inadmisible” de la Generalitat de Catalunya sin hacer ninguna alusión al consenso ni a los heridos por las cargas policiales. Desde entonces, partidos como Esquerra sitúan a Felipe VI en la extrema derecha.