“Violencia institucional generalizada”, “indiscriminada” y “desproporcionada” cuyo objetivo era “generar el pánico entre la población civil” para “desmovilizar” a quienes querían participar en el referéndum del 1-O celebrado en Catalunya. Así califica un informe del Ayuntamiento de Barcelona la actuación policial que el pasado 1 de octubre intentó, sin éxito, evitar la movilización y votación de más de dos millones de catalanes.
Junto al informe del Ayuntamiento de Barcelona también se ha presentado otro documento realizado por el colectivo Som Defensores del que, entre otras asociaciones, forma parte Irídia. Este será presentado el próximo jueves. Ambos han sido presentados este martes en el Congreso de los Diputados por el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, el abogado y codirector del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Andrés García Berrio, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, y el portavoz de En Comú, Xavier Domènech.
García Berrio ha asegurado en una rueda de prensa que “el dispositivo policial buscaba generar el pánico” y que esto no ocurrió de forma aislada: “Se detectó en diversos puntos. Fue una actuación sin sentido que no debe tener cabida en un Estado democrático”.
El informe del Ayuntamiento concluye que “las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre, a pesar de enmarcarse en la ejecución de órdenes judiciales para impedir la votación en el referéndum, supusieron un uso excesivo de la fuerza”, según han explicado sus impulsores.
“Las actuaciones policiales iban dirigidas a generar el pánico entre la población civil y así tener un efecto desmovilizador”, asegura el documento tras recopilar y analizar los testimonios de las víctimas que han recurrido a la Oficina por la No Discriminación, creada en 1998 y que el Consistorio que dirige Ada Colau ha relanzado desde 2016 en virtud del programa Barcelona Ciudad de Derechos.
El Ayuntamiento considera que el 1 de octubre el Estado vulneró los derechos humanos de los ciudadanos que acudieron los centros electorales. El informe, preliminar, menciona expresamente los de libertad de expresión, integridad física y moral y reunión y manifestación pacífica.
El informe justifica su principal conclusión en que “en algunas de las operaciones los cuerpos policiales cargaron con altas dosis de violencia para posteriormente abandonar el colegio electoral sin ni siquiera entrar a requisar el material de votación”.
Violencia sexista y balas de goma
Los datos recabados por el Ayuntamiento hasta el 13 de octubre recaban testimonios de 38 personas atendidas presencialmente por el servicio de atención a víctimas de agresiones policiales del 1 de octubre, 43 personas que se han comunicado por teléfono una o varias veces y 62 por correo electrónico una o varias veces.
El trabajo preliminar, al que se añadirán datos y testimonios recabados posteriormente, recaba golpes con porra en 14 ocasiones; estirones y empujones en 22 ocasiones; puñetazos, bofetadas o patadas en 18 ocasiones; intimidaciones verbales en tres ocasiones; agresiones de carácter sexual en dos ocasiones; y heridas por bala de goma en otras dos ocasiones.
Estas dos últimas son las actuaciones más graves en opinión del informe Ayuntamiento de Barcelona. “La violencia ejercida tuvo un marcado carácter sexista”, han explicado los ponentes del documento presentado a los diputados este martes.
La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya denunció públicamente que se habían producido agresiones sexuales contra mujeres durante las cargas policiales del 1-O. Una afirmación que le valió duros reproches por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de los portavoces del PP. Rafael Hernando pidió que se identificara a las mujeres que habían denunciado dichas agresiones. Y ahora el Ayuntamiento de Barcelona lo ha hecho.
Al menos dos de las víctimas (mujeres) atendidas por los servicios municipales tras el 1-O relataron agresiones sexuales como “tocamientos de pechos y de otras partes del cuerpo con violencia”. Además, estas personas han denunciado que las agresiones físicas iban acompañadas de expresiones como “puta” o “no me gustan tus pechos”.
Barcelona, acusación popular
El Ayuntamiento considera “especialmente preocupante el disparo de balas de goma”. El informe recuerda que el uso de este material antidisturbio no está prohibido en Catalunya a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil [sí a los Mossos d'Esquadra]. Pero también señala que “esto no exime que se uso tenga que hacerse siguiendo los protocolos establecidos”.
El abogado García Berrio ha recordado el caso de Ester Quintana, cuando una ciudadana perdió un ojo por el disparo de un Mosso d'Esquadra, o el del Tarajal, donde una actuación de la Guardia Civil contra personas que intentaban llegar a nado a España acabó con la muerte de nueve de ellas. Y ha asegurado que promoverán actuaciones en el Congreso de los Diputados para prohibir en toda España el uso de este material antidisturbios.
Los relatores de lo ocurrido el 1 de octubre creen que la investigación judicial abierta debe determinar si se produjo el preceptivos aviso de actuación, si se respetó la distancia de seguridad, si los agentes apuntaron al suelo originando rebote y no a las personas, etcétera.
El Ayuntamiento de Barcelona se plantea “ejercer la acusación popular en aquellos casos atendidos que son especialmente graves”, especialmente el caso de un herido que ha tenido que ser operado después de un impacto de pelota de goma. El Centro Irídia está considerando personarse como acusación particular en seis casos.