El Ayuntamiento de Barcelona ha replicado hoy al Síndic de Greuges que no ve indicios de maltrato a los detenidos en el caso 4F, aunque impulsará una batería de medidas correctoras, como dotar de cámaras a los vehículos de traslado, crear un comité de ética y potenciar la unidad de régimen interno.
En rueda de prensa, el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha dado conocer el informe elaborado por el Consistorio sobre el caso 4F, que se remite a las sentencias judiciales que condenaron a los imputados por dejar en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana y que archivaron las denuncias por malos tratos.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció ayer que las administraciones actuaron con “negligencia” y “falta de transparencia” en el caso del 4F y apreció “indicios de malos tratos” con al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial.
Forn ha indicado que el Consistorio da por zanjado el caso del 4F porque no ha apreciado los indicios de malos tratos que sí detectó el Síndic, y se ha remitido al archivo de las denuncias judiciales y el recorrido que tres de los acusados hicieron por tres hospitales -sin pasar por comisaría- tras ser detenidos.
El informe elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona -que decidió revisar el caso tras la emisión del documental 'Ciutat Morta', que recoge la versión exculpatoria de los condenados y avala su teoría de que fueron víctimas de torturas y de un montaje policial-, rechaza que hubiera malos tratos.
En concreto, según ha detallado el Consistorio, los tres jóvenes encadenaron tres visitas seguidas a tres hospitales diferentes, sin pasar por comisaría: del Hospital del Mar fueron al de Sant Pau -en ambos no les pudieron hacer radiografías- y finalmente acabaron en el de l'Esperança, donde le pusieron los puntos de sutura en la cabeza a uno de los jóvenes.
Forn ha insistido que el Ayuntamiento no puede “ir más allá” de lo que se ha acreditado en las sentencias -que rechazan que hubiera malos tratos- y de los datos disponibles sobre la intervención de la Guardia Urbana, en los que tampoco se constatan torturas.
El primer teniente de alcalde ha denunciado que haya habido voces que han asegurado que la Guardia Urbana es el cuerpo policial de España con más denuncias por malos tratos y ha afirmado que no es cierto, ya que en los últimos cinco años ha llevado a cabo más de 33.000 detenciones, con 24 denuncias por malos tratos -11 de ellas ya archivadas y diez pendientes de juicio-.
Con todo, el Consistorio ha acordado impulsar una batería de medidas correctoras, como la instalación de un sistema de grabación de vídeo y sonido en custodia y en traslado de detenidos, que la Unidad de Régimen Interno pase a depender en casos graves del área de gerencia -el ámbito político y no policial- y constituir un comité de ética que elabore un informe anual tras estudiar y evaluar las quejas ciudadanas sobre las actuaciones del cuerpo.
Otros de los compromisos municipales son seguir utilizando sólo las celdas de custodia de detenidos que cuentan con cámaras de videovigilancia -en seis de las diez comisarías de Barcelona ya están habilitadas-, así como asegurar que los equipos de limpieza del espacio público no intervengan en los espacios donde haya habido situaciones de violencia hasta que no haya finalizado la inspección.
Forn ha admitido que en el caso 4F el Consistorio cometió algunas “irregularidades”, especialmente por la desaparición del libro de registro y custodia de los detenidos de 2006, aunque ha garantizado que desde 2010 ya se guardan debidamente.
También ha asegurado que el Ayuntamiento no ha tenido nada que ver con la declaración de incapacidad de dos agentes que intervinieron en el caso 4F, cuyo testimonio fue prueba de cargo para condenar a los acusados, y que posteriormente fueron condenados en otro proceso por torturar a un detenido.