El Ayuntamiento de Leganés ofreció empleos temporales a parados a los que luego no contrató

Los trabajadores que integran las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Leganés viven una situación paradójica. A principios de mayo, recibieron una en la que se les notificaba la firma de un contrato temporal para las piscinas municipales El Carrascal y La Fortuna durante los meses de verano. Un mes después, el consistorio cambiaba de planes: ya no había empleo para ellos, porque ahora consideran que el procedimiento empleado es irregular. “Hay gente que ha rechazado contratos de otras empresas para el verano”, lamentan los afectados, mientras los sindicatos CCOO y UGT preparan una demanda conjunta.

Sandra, que prefiere utilizar un nombre ficticio, lleva una década en una bolsa de empleo, “pasando un proceso de selección mediante, un examen y una prueba física”. “Llevamos todo este tiempo trabajando para el Ayuntamiento con contratos temporales”, relata esta trabajadora antes de exponer lo ocurrido en el último mes: “El día 9 de mayo nos llamaron desde personal para ofrecernos los puestos de piscina. Todos aceptamos, incluso tengo compañeros que dejaron otros trabajos en empresas privadas porque, si rechazas, te vas el último de la lista”.

Un mes después, el 4 de junio, llegó otra llamada para decir que “la contratación quedaba anulada” porque “nuestra bolsa no es legal”, algo de lo que, critican, se enteraron “justo después de las elecciones”. “Si esto es así, ¿cuánto tiempo nos llevan contratando ilegalmente?”, se pregunta Sandra. El asunto no acabó ahí. Después les volvieron a llamar del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) “para ofrecer el mismo puesto en piscinas, hicimos una entrevista con jefes del Ayuntamiento, pero como si no nos conocieran de nada y, al día siguiente, nos volvieron a llamar de personal diciendo que nos ofrecían el puesto”. Al final, la llamaron y fue contratada, pero otros afectados no han tenido la misma suerte.

Es el caso de Elena, que tampoco quiere que se publique su nombre por miedo a represalias. Su relato es idéntico al de Sandra, salvo por dos diferencias: ella rechazó un puesto de trabajo en una empresa privada tras saber que contaban con ella en la piscina municipal, pero finalmente no la contrataron. “Al día siguiente de que me llamaran, rechacé un trabajo porque ya me había comprometido con el Ayuntamiento… Y al final me quedé sin un trabajo ni otro y sin explicaciones”, asevera.

Es más, llegaron a llamarla a través del SEPE y, al igual que Sandra, fue a hacer una entrevista con personal que ya conocía y a quien tuvo que explicar de nuevo su experiencia y formación. En su caso, lleva una década en la bolsa de empleo y había trabajado los últimos cuatro veranos de forma consecutiva. “Nos tenían que haber hecho fijos discontinuos”, replica para afear que “no explican nada, solo dicen que es ilegal, no sabemos qué criterios han seguido”.

En total, el Ayuntamiento acabó contratando a prácticamente la mitad de la treintena de trabajadores que había avisado en mayo, como es el caso de Sandra, mientras que la otra parte se ha quedado sin trabajo, como Elena. Además, el giro en la política laboral del municipio llevó a un atraso de dos semanas en la apertura de la piscina.

Casi de forma paralela, ha surgido un conflicto similar con la bolsa de empleo para la recogida de basuras, aunque en este caso han sido cuatro personas quienes fueron avisadas y no contratadas. En CCOO aseguran que este servicio “lleva dos meses bajo mínimos” por el “bloqueo de contratos”, mientras que en UGT acusan al Ayuntamiento de utilizar a una “empresa privada para recoger basura, una cuestión que está denunciada dos veces ante la Inspección de Trabajo”.

“No se permitirá ni una contratación más”

“El expediente de contrataciones se realizó como siempre”, sostienen en el consistorio, pero inciden en que “al enviar el expediente a la Intervención Municipal, este departamento lo devolvió con un reparo, argumentando que no se permitiría ni una contratación más de esas bolsas”. “Deberían actualizarse todos los años”, expone Gregorio Ramírez, director de Relaciones Laborales del Ayuntamiento, en una nota remitida a este periódico. El problema es que “llevan muchísimos años sin actualizarse y no dan opción a todos los ciudadanos para que puedan optar a estos puestos de trabajo eventuales”.

“La Intervención Municipal lleva tiempo avisando al Departamento de Recursos Humanos de que las bolsas que estamos utilizando no cumplen los parámetros que ahora mismo establece la función pública, como son la libre concurrencia, publicidad, mérito y capacidad”, por lo que “no cumplirían la legalidad vigente”. “El procedimiento exacto es la contratación de personal”, continúa, “solicitándolo al SEPE para que sean las personas inscritas las que accedan a esos puestos”: “Es una herramienta que establece el Estatuto Básico del Empleado Público para las contrataciones de urgencia en caso de no existir bolsas”.

Las bolsas de empleo tienen dos años de caducidad, pero se deberían prorrogar mientras no sean renovadas, destacan en CCOO y UGT. “No hay nada que avale que sean o no válidas”, inciden para destacar que lo anterior está estipulado en los artículos 65 y 67 del convenio colectivo y el acuerdo regulador, ambos renovados en marzo de este mismo año, y que estarían siendo incumplidos por el consistorio.

“¿Hay algún informe que haya variado algo el procedimiento de bolsas que se hizo el 25 de marzo, cuando se realizó el último contrato? Nos dijeron que no”, aseguran fuentes de UGT, que resumen de esta forma la situación: “Estamos intentando demostrar que es legal algo que en ningún sitio pone que es ilegal y que venimos usando en los últimos 15 años. No hemos visto ningún informe ni nada que ponga en duda la validez de las bolsas”. “El problema de la tardanza en eliminar esas bolsas es la escasa cobertura que hay”, agregan para explicar que este mecanismo “lleva tanto tiempo porque los ayuntamientos no se comprometen a cubrir las vacantes”.

“Algunas de estas bolsas llevan más de 15 años en activo y no en todos los casos se han seguido esos criterios”, responden en el consistorio, que no aclaran cuáles serían las irregulares, y recalcan que “no existe un reglamento que establezca el funcionamiento de las mismas”, pese a lo estipulado en el convenio colectivo. De hecho, aseguran que intentaron “consensuar” una normativa con los sindicatos, pero no llegaron a ningún acuerdo. “El objetivo del Gobierno local es aprobar un Reglamento de funcionamiento con los sindicatos y lograr que todos los procesos selectivos que se realicen en el futuro en el Ayuntamiento de Leganés generen bolsa”, afirman en la nota.

Hay otra situación que señalan en los sindicatos: hay decenas de personas que han sido contratadas a través de estas bolsas de empleo -irregulares, según las propias fuentes municipales- y continúan en el puesto. En este caso, desde el consistorio aclaran que “su contrato no corre ningún riesgo”.

¿Ante una futura privatización?

En CCOO consideran que lo que ha causado este panorama ha sido una “mala gestión” propiciada por la “falta de personal funcionario que solvente la situación”. E insisten en que no denuncian la renovación de la bolsa, sino que “son incapaces de gestionarlo, no tienen una estructura bien organizada”. Como ejemplo, aluden a que el alcalde, Santiago Llorente (PSOE), haya asumido la competencia de Recursos Humanos, que no ha delegado en ningún concejal: “La legislatura pasada tampoco nombraron a nadie, solo a un asesor sin capacidad de firma”.

Fuentes de UGT critican la escasa comunicación por parte del Ayuntamiento, ya que “no alegan nada oficialmente”. En ese caso, añaden, “podríamos ir a plantear una contestación jurídica a ese informe, pero ahora mismo estamos en un limbo: solo hay un incumplimiento del convenio colectivo, algo irregular, porque no se está respetando de cara a las bolsas”. Además, subrayan que, “las bolsas siempre se han hecho a través de listados que te mandaba el antiguo INEM, no es que se hayan hecho a escondidas o avisando solo a algunos”.

Hay otro temor en los sindicatos. Que en lugar de contratar a través del SEPE, se opte por externalizar el servicio a través de una empresa, algo que “puede abrir una puerta a las privatizaciones de determinados servicios”, advierten. Un extremo que el Ayuntamiento niega: “Nuestro objetivo es establecer junto a los sindicatos los mecanismos necesarios para seguir contratando a través de bolsas de empleo públicas”.

“Llevamos 10 años trabajando, ¿quién tiene más experiencia que nosotros en piscinas?”, se pregunta Sandra, la primera empleada citada en este reportaje. Ella señala que el fondo del asunto está en que “no pueden firmar tantos contratos temporales a las mismas personas durante tantos años seguidos, por lo que tendrían que ser fijos discontinuos, y por eso dicen que es ilegal, pero nadie se atreve a firmar un papel diciéndolo”. “Si hacen eso [contratar a través del SEPE], el Ayuntamiento se convierte en una empresa privada que va a buscar trabajos temporales”, avisa.

Aunque finalmente fue contratada, quiere continuar con la reivindicación “por los compañeros que se han quedado fuera y porque la bolsa siga funcionando”, ya que “no han cumplido el convenio” y se muestra convencida de que “lo que quieren es privatizar el servicio”. Por último, recalca que le parece “surrealista la forma que tienen de tratar a la gente, pero necesito el trabajo y por eso lo he cogido”. “Al final se aprovechan de eso”, suspira.

Bronca en el pleno municipal

Las protestas de estos trabajadores han llegado también al Pleno de Leganés. Primero, en el de investidura. Después, en el de organización, donde la protesta acabó con el alcalde aplazando el Pleno al día siguiente, aunque finalmente se reanudó a las pocas horas. Una maniobra que los sindicatos afean al consistorio, pues hicieron una convocatoria de urgencia “para que los concejales aprobaran sus sueldos” con “nocturnidad y alevosía, sin que prácticamente nadie más se enterara”.

“Ahí les fallamos por nuestra ignorancia, somos nuevos y desconocíamos que nos podíamos negar a un pleno de urgencia”, explica a este periódico Gema Gil, concejala de Unidas Podemos y una de las caras más visibles del movimiento Coca-Cola en Lucha. “Fue un error muy grave que tenemos que reconocer. Me reuní con ellos para disculparme por esto”, agrega. En el que iba a ser el siguiente Pleno -el primero de carácter ordinario-, su grupo municipal presentó una moción de apoyo que recogían reivindicaciones de los afectados, como el “respeto a los acuerdos con los representantes de los trabajadores en cuanto a las bolsas de trabajo”.

Por su parte, en Más Madrid-Leganemos -que gobiernan junto al PSOE- explican que están “recién llegados” y “esto lleva décadas dando problemas”. En esta formación, destacan que apuestan por “una amplia oferta pública de empleo, con pruebas objetivas y premiando la antigüedad”, así como su visto bueno a la moción de Unidas Podemos.

“Bueno, le damos la bienvenida a los señores y señoras sindicalistas”, dijo el alcalde esbozando una sonrisa para comenzar su intervención en el Pleno. A partir de ahí, se comenzaron a suceder proclamas y abucheos ante los que Llorente optó por parar unos minutos la sesión. La reanudación fue recibida, de nuevo, con protestas en las que se le pedía “respetar el convenio colectivo”. “¿El convenio que no está publicado en ningún sitio?”, preguntó al alcalde, aunque lo cierto es que está disponible en la propia web del Ayuntamiento, señalan los sindicalistas. Tres minutos después, el Pleno quedaba aplazado sin fecha.