El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos crear una comisión de investigación, con una duración máxima de tres meses, sobre la compra del servicio de bicicletas Bicimad por parte de la EMT por 10,5 millones a la concesionaria Bonopark.
Además, el PSOE propondrá en el próximo pleno ampliar el objeto de esta comisión a la adjudicación del servicio por parte del Gobierno de la 'popular' Ana Botella en 2013, una iniciativa que hoy ha trasladado en forma de enmienda a la iniciativa del PP y que cuenta con el apoyo de Ahora Madrid y de Ciudadanos.
Los socialistas defienden que se debe investigar por qué Bonopark obtuvo el servicio en 2013 pese a su “ausencia de solvencia técnica y económica” y que se debe analizar el incumplimiento de los pliegos que retrasó dos meses la puesta en marcha del servicio, el error informático que puso al descubierto datos de los madrileños o las múltiples incidencias.
El concejal socialista Ignacio de Benito ha acusado a Bonopark de haber dejado “caer el servicio para forzar al Ayuntamiento” a aceptar el reequilibrio del contrato.
Sin embargo, el PP ha rechazado hoy esta enmienda del PSOE al entender que “tergiversa” la intención de la comisión de investigación que han propuesto y que buscaba “ensuciarla”.
El edil del PP Álvaro González ha defendido que mientras que su grupo ha aportado documentación para mostrar que la compra de Bicimad por 10,5 millones fue “lesiva” para los madrileños y que existía “falsedad” en la documentación, el PSOE-M no ha aportado “ninguna” prueba.
Según el PP, Bicimad ha costado un total de 20 millones de euros por los nuevos contratos adjudicados a socios de Bonopark de 1,8 millones y 2,2 millones a Booster-Bike y Ride on Consulting, “sociedades pantalla” a juicio de este grupo municipal.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha explicado que ante la solicitud de reequilibrio de Bonopark, que alcanzaba los 8,8 millones (3,6 en un pago y abonos mensuales hasta el fin de la concesión de 560.000 euros) la solución “más eficaz” para asegurar la continuidad del servicio era gestionarlo desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).
Sabanés ha asegurado que el contrato firmado por el PP en 2013 estaba “mal cuantificado” y “era cautivo para el Ayuntamiento de Madrid porque dependíamos de su tecnología y o bien tirábamos con la empresa o nos cargábamos el servicio” y ha acusado a los 'populares' de “señalar” funcionarios y no aludir a los responsables políticos.