Las procesiones que se celebran estos días en las principales ciudades españolas van a mostrar una imagen inédita. A su frente, caminando a paso de penitente, no habrá alcaldes ni concejales de Gobierno. Los actos de Semana Santa en ciudades como Madrid, Valencia, Cádiz o Santiago de Compostela no contarán con el tradicional respaldo institucional del Ayuntamiento. Esa decisión tiene una derivada quizá más onerosa para las hermandades y cofradías. En muchas ciudades, las subvenciones que reciben se han recortado o eliminado por completo.
Los ayuntamientos autodenominados “del cambio”, aquellos donde las candidaturas municipalistas se hicieron con los bastones de mando en las pasadas elecciones de mayo, han marcado distancias con los actos religiosos en su primera Semana Santa. En las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau han abordado estas celebraciones de manera muy distinta. Mientras la alcaldesa madrileña ha reducido las subvenciones, los conciertos de música religiosa y la presencia institucional en las procesiones, la edil catalana no ha necesitado marcar diferencias con la anterior corporación municipal.
Ahora Madrid, el partido instrumental que gobierna en la capital, afronta las celebraciones de estos días tras las polémicas que han acompañado a la Concejalía de Cultura durante los últimos meses. La organización de la Semana Santa madrileña tampoco se ha librado de las críticas. Aunque inicialmente se presupuestaron 150.000 euros en subvenciones, el montante final ha sido de 178.000, 38.000 menos que en la época de Ana Botella. La cifra ha sido criticada por ser similar a la que se destina al Ramadán o al Año Nuevo Chino (150.000 euros en ambos casos). También se ha reducido el número de conciertos de música religiosa, con las consiguientes críticas desde el PP.
Como ocurre en otros ayuntamientos, Ahora Madrid no va a tomar parte en las procesiones y misas que se celebren en la capital durante la Semana Santa. Si los concejales acuden a algún acto será por decisión propia y a título individual. Desde el Consistorio explican que no entienden que deba haber presencia pública en los actos religiosos en un Estado aconfesional. Se acaba así con la participación de ediles en la procesión de la Virgen de la Paloma de Málaga, que Ana Botella había convertido en tradición, y en la que desfiló en calidad de hermana mayor honoraria.
A pesar de la reducción en el presupuesto y en los conciertos del ciclo “Música y voz para la pasión”, desde el Consistorio de la capital señalan que mantienen una buena relación con el arzobispado, del que no han recibido quejas por los cambios. Añaden que su voluntad ha sido la de facilitar la celebración de la Semana Santa por tratarse de un evento con tradición en la ciudad y sobre el que ya existían compromisos adquiridos.
En Barcelona apenas ha habido cambios respecto a lo que desarrollaba el anterior equipo de gobierno, dirigido por CiU. Las autoridades del Ayuntamiento no participaban a título institucional en ningún acto religioso de la Semana Santa y la Corporación municipal no sufraga con dinero público ningún acto específico durante estas celebraciones.
En cuanto a las subvenciones, fuentes del Consistorio explican que las Cofradías de la ciudad reciben ayudas públicas por su actividad cultural, y que en ese aspecto no se han producido cambios con la entrada del nuevo gobierno de En Comú. Las reciben por convocatoria pública, no se otorgan a dedo ni se pactan con los representantes de esas organizaciones, como sí ocurre en otros lugares.
El Ayuntamiento destaca que su avance en cuanto a la laicidad ha venido hasta el momento desde otros actos, como las Fiestas de la Mercé que tienen lugar en septiembre. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, anunció un par de meses antes de que se celebrasen que la tradicional misa en la Basílica no iba a formar parte de la agenda institucional de las fiestas.
Cádiz y Valencia mantienen el dinero de las cofradías
Los casos de Cádiz y Valencia presentan varios puntos en común. En ambas ciudades se ha optado por mantener las subvenciones que reciben las cofradías para los actos que conmemoran la muerte y resurrección de Cristo. La presencia de concejales en las procesiones será en ambas ciudades a título individual, nunca como representación de los ayuntamientos.
Así lo anunció hace unos días el alcalde de Cádiz, José María González (Cádiz Sí Se Puede). Puntualizó que, tras un debate interno, la Corporación municipal había decidido no participar en las procesiones en representación del Ayuntamiento, en contra de lo que era costumbre: “Hemos decidido que hay que separar la religión de la institución”. Los concejales que acudan a las procesiones no desfilarán bajo el palio ni marcharán en cabeza, como ocurría otros años. Lo que sí está haciendo el alcalde, explican desde la institución, es acudir a las hermandades a desearles buen paso, en un gesto de buena voluntad con las cofradías.
El mismo caso se da en Valencia. Los miembros de Compromís, el partido al que pertenece el alcalde, Joan Ribó, y la concejala de Cultura, Gloria Tello, acordaron que no acudirán a los actos religiosos en calidad de representantes del Ayuntamiento, y que quedaba a la libre elección de los ediles hacerlo a título personal, de manera “discreta”, nunca encabezando las procesiones.
Es una posición similar a la que expresan los otros dos partidos que participan en el Gobierno municipal, PSPV y Valencia en Comú, aunque los socialistas explican que sus concejales sí que van a acudir a los actos: “Tenemos agenda de Semana Santa”. En el caso de la edil Sandra Gómez, lo hará como miembro de la Hermandad del Cristo de la Palma.
En materia de subvenciones, ambas ciudades han optado por la continuidad. Valencia ha decidido no tocar la partida de 150.000 euros que se destina a la Semana Santa Marinera, la principal celebración en esa ciudad, y lo mismo ocurre en Cádiz. Aunque en su momento se planteó la idea de reducir las subvenciones, finalmente las hermandades de la ciudad volverán a recibir 124.000 euros de los presupuestos municipales.
La batalla del PP gallego por las subvenciones
Los cambios introducidos por algunos ayuntamientos de Galicia respecto a la Semana Santa han provocado el enfado del PP gallego, que exigió –mediante mociones a nivel autonómico y local– que se mantuviesen las subvenciones a la cofradías, aún cuando estas quitaban importancia a la decisión y apostaban por buscar vías de autofinanciación, como en el caso de Santiago de Compostela.
El principal enfrentamiento político tuvo lugar en Ferrol, cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional, y en la que el Ayuntamiento aportaba 75.000 euros a las cofradías. El alcalde, Jorge Suárez (Ferrol en Común), anunció su intención de reducir esa cantidad, que finalmente se ha fijado en 40.000 euros.
Las cofradías seguirán recibiendo el mismo dinero, porque la diferencia hasta el montante anterior lo aportará la Xunta, que antes gastaba ese dinero en pagar, por ejemplo, la retransmisión de los actos de la Semana Santa a través de TVG, la televisión pública gallega. Fuentes del Ayuntamiento señalan que, a pesar del ruido mediático, mantienen una buena relación con la dirección de las cofradías.
En Santiago de Compostela, el alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), eliminó la subvención de 3.800 euros, una decisión que molestó al PP pero que comprendieron las cofradías, que no habían cobrado ese montante en 2015 por estar paralizado por la Intervención municipal. El Ayuntamiento asegura que las cofradías han mostrado siempre su respeto a las decisiones sobre los actos religiosos y solo ha pedido que se facilite la celebración de la Semana Santa, a lo que el Consistorio se ha comprometido aumentando los dispositivos de limpieza y seguridad, y cediendo la banda municipal.
A Coruña también ha cortado por completo las subvenciones a las cofradías, que el año pasado sumaron un total de 37.000 euros. Fuentes del Ayuntamiento indican que también se ha acabado con otras prácticas poco comprensibles de la anterior corporación. Así, los policías que desfilen en las procesiones con su uniforme de gala, y como parte de las hermandades, no cobrarán ese tiempo como horas extras, en contra de lo que se venía haciendo hasta ahora.
Entre los ayuntamientos del cambio en Galicia hay unanimidad en lo relativo a la presencia institucional en los actos religiosos. Los alcaldes de Santiago, Ferrol y A Coruña no van a participar en ningún acto religioso, ya sea de Semana Santa o de cualquier otro índole. Esta decisión también ha recibido las críticas de los populares gallegos, fieles asistentes a este tipo de celebraciones.