El Gobierno rectifica su ataque a las remunicipalizaciones: “Demuestra que la movilización ha servido de algo”
El Gobierno ha dado marcha atrás en su intento de dificultar los procesos de remunicipalización a través de la disposición adicional 27 de los Presupuestos, un artículo interpretado por los ayuntamientos como un “ataque a su autonomía” y que originó una gran movilización en contra en los meses anteriores al debate de los PGE. Entre las 150 enmiendas a las cuentas que se aprobaron en el Congreso, el PP finalmente apoyó una transaccional del PSOE que sí permitirá las subrogaciones fruto de procesos de remunicipalización sin que se contabilicen en la tasa de reposición.
En el borrador elaborado por el Ministerio de Hacienda se recogía que el personal que se incorporase a sociedades mercantiles públicas en “cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” se contabilizaría como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición. En la práctica, esta disposición obstaculizaba la incorporación a la Administración de los trabajadores durante procesos de recuperación de la gestión pública, sobre todo en el caso de procedimientos de gran envergadura.
Ya no será así. Tras meses de reivindicaciones y quejas por parte de los consistorios que están llevando a cabo remunicipalizaciones –o que tienen intención de hacerlo en el futuro–, el pasado martes salió adelante en el Pleno del Congreso una enmienda transaccional que ha sido incorporada al proyecto con 268 votos a favor y 81 abstenciones. De acuerdo con el nuevo redactado, este tipo de incorporaciones “no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos”.
“La redacción final es mejor que la inicial, eso es cierto. Pero la redacción continúa siendo farragosa y ambigua, porque entra en materia de mucha normativa en apenas dos, tres párrafos”, valora a eldiario.es Alberto Cubero, consejero del área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, en trámites de municipalizar la contrata de Parques y Jardines. Para Cubero, la ambigüedad de la disposición permite variedad de interpretaciones y, si cae en manos “de altos funcionarios proclives a la privatización o tribunales que tienen una jurisprudencia y una forma de juzgar muy regresiva”, es posible que haya “verdaderos problemas en procesos futuros”.
Desde la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes reivindicaron cuando se dio a conocer la enmienda que ha sido “la presión realizada de los municipios, grupos políticos en la oposición y plataformas ciudadanas” el motivo por el que se ha conseguido “rebajar la presión de la disposición adicional 27”. Cubero también destaca que las críticas llegasen desde ciudades “del cambio”, pero también desde consistorios gobernados por el PSOE, “como Valladolid o Huesca”. “La unidad y la movilización han servido de algo una vez más”, remata.
Movilización de los ayuntamientos
Desde que se diera a conocer el borrador de los PGE en abril, los municipios se movilizaron contra el ministerio encabezado por Cristóbal Montoro al entender que la disposición atentaba contra su autonomía. Las principales alcaldías firmaron una declaración conjunta para defender la democracia local y llegaron a reunirse en el Congreso con portavoces parlamentarios de distintos grupos (PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y ERC).
Al encuentro acudieron los alcaldes de A Coruña y Zaragoza, Xulio Ferreiro y Pedro Santiesteve; junto al primer teniente de alcalde de Barcelona y alcalde en funciones, Gerardo Pisarello, y concejales de Valencia y Terrasa. Estas mismas ciudades se sumaron a una campaña bajo el lema #TuCiudadSinLa27.
