Las medidas restrictivas comunes a la hostelería en toda España hasta que se haya inmunizado al 70% de la población aprobadas este miércoles en el Consejo Interterritorial, entre el Ministerio de Sanidad y algunas comunidades autónomas, ha incendiado a los territorios que se oponen a la norma que tachan de “imposición”. A la cabeza de esa rebelión, una vez más, se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha avanzado que no acatará las medidas. A su entender, la norma “no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer”. “Para que sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad, no estamos en estado de alarma”, ha insistido la dirigente del PP. También Euskadi y Andalucía han avanzado que tampoco atenderán a lo aprobado.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron este miércoles el documento de Declaración de Actuaciones Coordinadas Frente a la COVID-19, que incluye un horario común para toda España de cierre de bares y discotecas. Sería a la 1 de la madrugada como máximo para los primeros tipos de locales, dejando de servir a las 0:00; y cierre a las 2:00 para los segundos. Si no hay riesgo o el nivel de alerta es 1, se podría ampliar el ocio nocturno hasta las 3:00. El aforo permitido sería del 50% en el interior, ampliable al 60% en restaurantes y bares si hay buena ventilación; y en terrazas, del 100%. Con límite de 6 personas por mesa en interior y de 10 en exterior.
La polémica viene por el hecho de que entre estas medidas, también está el cierre del interior de la hostelería para aquellas comunidades con una incidencia superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, además de otros indicadores, puesto que el documento aprobado se remite al 'semáforo' de alerta que salió adelente en marzo y este lo asocia así. Madrid tiene una incidencia de 168.
Según los informes del Ministerio de Sanidad, si se toma por comunidades, tendrían que cerrar seguro los interiores de los bares de La Rioja y de Euskadi. Ninguna otra está claramente en riesgo alto. La ciudad autónoma de Melilla también entraría por muy poco, y Madrid se escaparía y se quedaría en riesgo medio por tener actualmente buenos datos de incidencia a 7 días, a la espera de ver la evolución.
Ayuso ya avanzó la noche del miércoles que no acataría las medidas contra el coronavirus acordadas en el seno del Consejo Interterritorial. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado este jueves y las ha tildado de “imposición política” y “no sanitaria”. “Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar”, ha manifestado, ante los periodistas, en su visita a las obras de la estación de Metro de Gran Vía.
Ayuso ha defendido que no se trata de una cuestión de “rebeldía” por su parte porque “rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos”. “Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria, y que es arbitraria. Quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras”, ha lanzado.
“Las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma, que viene tarde y no se basa en ningún informe sanitario, representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme que unidad es esa a la hora de imponer una norma de esas características. Eso se hace en un parlamento”, ha remarcado.
Pero Ayuso no ha sido la única en declarar que no acatará la resolución. En la votación se opusieron las comunidades del PP, entre ellas Madrid, Andalucía y Galicia. También Catalunya y Euskadi han expresado su rechazo. Un cabreado Iñigo Urkullu ha deslizado este jueves en el Parlamento Vasco, que Euskadi no atenderá el acuerdo alcanzado sin unanimidad en el consejo interterritorial.
“Vamos a seguir manteniendo nuestra 'hoja de ruta'. Nos vamos a esforzar en que las medidas sigan siendo tan efectivas como lo están siendo hasta ahora”, ha señalado Urkullu, quien ha recordado que precisamente este miércoles entró en vigor un nuevo decreto con ajustes en los horarios de apertura de bares, restaurantes y actividades culturales, que el Parlamento Vasco aprobará en breve una ley propia para gestionar esta fase de la pandemia y que en Euskadi existe una mesa de crisis que analiza la evolución sanitaria y propone medidas, el Labi.
Por su incidencia, de nuevo, esa decisión obligaría, por ejemplo, a cerrar el interior de la hostelería cuando lo planteado ahora es precisamente darle más horario, hasta medianoche, tanto dentro como en terrazas.
Con respecto a Andalucía, fuentes de la Consejería de Salud y Familias señalan que “por ahora” se mantiene a todos los efectos la orden del 7 de mayo con las medidas actuales. Su consejero de Salud defiende que “las competencias en materia de salud pública son de las comunidades” y lo acordado “debe quedar en recomendaciones ya que no aportan nada nuevo a las que ya están vigentes en Andalucía”.
A ambas se ha unido Castilla y León, que no aplicará las medidas del acuerdo del Interterritorial y rechaza el “autoritarismo” de Sanidad. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que no aplicarán el acuerdo porque no está publicado en el BOE: “Si lo publica, lo que haríamos sería recurrir, pero nuestra intención es mantener nuestras medidas y nuestro semáforo acordado a principios de mayo”.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha referido a las palabras de Ayuso acusándola de usar su Ejecutivo para “confrontar” con el central. Calvo ha asegurado que Madrid debe cumplir las nuevas restricciones propuestas por el Ministerio de Sanidad para afrontar la recta final de la pandemia.
“Sería conveniente que con lo que nos queda de pandenia dejáramos de hacer política de confrontación y comenzáramos a ayudarnos unos a otros”, ha reclamado Calvo en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con el presidente de la Comisión Venecia, Gianni Buquicchio, en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-CEPC.
“Sería conveniente que las entendiera todo el mundo. Comprendo que hay comunidades que están de una manera o de otra, pero tenemos que ir con mucha prudencia”, ha enfatizado, tras criticar que el Ejecutivo de Díaz Ayuso siempre se oponga a todas las decisiones. “Lo raro sería levantarnos un día y que Ayuso estuviera de acuerdo en algo”, ha ironizado.
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