La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso negocia con Goldman Sachs si incrementa la millonaria indemnización por las viviendas públicas que el fondo compró en 2013 y que tuvo que devolver tras una decisión judicial. Encasa Cibeles, una sociedad creada para gestionar la compra de estas viviendas públicas y participada al 97% por el fondo estadounidense, recurrió en junio de 2022 ante los tribunales la resolución de la Agencia de Vivienda Social que determinaba que la Comunidad debía pagar al fondo 107,7 millones de euros por la reversión de las 1.721 viviendas que todavía estaban en poder del fondo. A esa cantidad se sumaron en enero de 2023 otros 2,098 millones en concepto de intereses. En su recurso, la mercantil elevó a 220,3 millones la cantidad reclamada.
Según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es, ese procedimiento está paralizado desde el pasado 8 de septiembre ante el compromiso de ambas partes de intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Madrid acordó la suspensión durante 60 días. El plazo ha expirado y el procedimiento sigue detenido mientras Encasa Cibeles y la Agencia de Vivienda Social —el anterior Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)— tratan de cerrar una cifra que ponga fin a un litigio que se inició hace casi cuatro años.
Un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirma que el Gobierno autonómico “valorará” la posibilidad de llegar a “un acuerdo extrajudicial” tras la suspensión del procedimiento, cuya petición atribuyen a Encasa Cibeles. En todo caso, admiten que el plazo de suspensión “se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre ambas”. Y eso algo que, por el momento, no ha sucedido. Encasa Cibeles declinó hacer declaraciones.
Venta de 3.000 viviendas en plena crisis
El origen del pleito se remonta a 2013, cuando el Gobierno madrileño capitaneado entonces por Ignacio González (PP), despojó al antiguo Ivima de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales. Vendió todos estos inmuebles que eran de titularidad pública en un intento desesperado por lograr liquidez para la Administración en plena crisis. La sociedad de gestión Azora –que fue la adjudicataria– y el fondo de inversión Goldman Sachs –que financió la operación– pagaron 201 millones por quedarse con 32 promociones de viviendas situadas en varios emplazamientos de la región.
En los meses y años posteriores centenares de familias que pagaban alquileres sociales se vieron afectadas: su nuevo casero les dejaba en la calle o aprovechaba para encarecer considerablemente sus rentas. Muchos de los inquilinos acudieron a los tribunales que, uno tras otro, fueron fallando en contra la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Supremo cerró en diciembre de 2019 uno de esos pleitos y confirmó la nulidad de la venta de las 32 promociones. El Alto Tribunal declaró firme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid que, en 2018, había fallado que la venta no se justificó debidamente y que desde el Ejecutivo regional no se demostró que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin: dotar de techo a las personas vulnerables que lo necesitan.
La batalla por la indemnización
Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas, libra desde entonces una batalla en los tribunales para ser indemnizada. De las 2.935 viviendas sociales que se enajenaron, la justicia determinó que únicamente se debían devolver a la Comunidad 1.721, pues el resto ya no pertenecían al fondo porque las había vendido a terceros. Entonces, Encasa Cibeles reclamó 198,3 millones en concepto de “reclamación de daños y perjuicios”.
Esta petición no fue escuchada por el Gobierno de Díaz Ayuso, que la desestimó. El Ejecutivo regional fijó en los citados 107,7 millones la cuantía a recibir por la empresa en concepto de “restitución de prestaciones” por la reincorporación de los inmuebles al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social. La resolución que fijaba ese montante fue recurrida por Encasa Cibeles dando lugar al procedimiento que ahora está paralizado.
La compañía dijo en ese momento que no compartía los “fundamentos y criterios utilizados” para determinar esa cantidad e impugnó la resolución ante los tribunales, al tiempo que elevó a 220,3 millones de euros la cantidad reclamada. Su motivación, según señaló la mercantil, no era económica, sino la creencia de que la vía administrativa no era la más adecuada para poner fin al litigio. Ahora, sin embargo, Encasa Cibeles y la Comunidad busca al margen de la justicia un acuerdo que ponga fin al litigio más de una década después de la venta de las 32 promociones de pisos públicos.