España sufre uno de sus peores conflictos institucionales: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP y la derecha judicial desde hace cuatro años. Una profunda crisis que ha provocado una situación inédita desde la restauración de la democracia: el Tribunal Constitucional ordenó hace dos semanas al Parlamento cercenar la tramitación de una ley. Y no una cualquiera. La situación de parálisis en la que está sumida el CGPJ por la negativa a cumplir el mandato constitucional por parte de Pablo Casado, primero, y de Alberto Núñez Feijóo, ahora, ha alcanzado incluso al propio tribunal de garantías, que ha intervenido una tramitación parlamentaria de la que era objeto el propio organismo así como algunos de sus miembros, con el mandato caducado. Entre ellos, el propio presidente, Pedro González-Trevijano, quien votó contra su propia recusación y decantó así la decisión que ha afectado de lleno a las Cortes Generales.
El PP ha recurrido en los últimos cuatro años a una amplia panoplia de excusas para no renovar el CGPJ, tal y como mandata la Ley Fundamental. En 2018, con Pedro Sánchez recién llegado al Palacio de la Moncloa, el líder socialista y Casado estuvieron apenas a un milímetro del acuerdo. Pero un whatsapp filtrado a la prensa del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, desbarató los planes.
El enviado de Casado en el Senado intentaba aplacar las críticas internas por el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez (por entonces aún en solitario) y el recién elegido presidente del PP (en un congreso extraordinario muy ajustado y donde el voto militante lo ganó Soraya Sáenz de Santamaría). El mensaje era transparente en las intenciones del principal partido de la oposición: “Controlando la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás”.
La filtración tuvo como respuesta la ruptura de las negociaciones. Pero no por parte del Gobierno en solitario del PSOE, único interlocutor entonces, sino del PP. El juez Manuel Marchena iba a ser el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y quien supuestamente iba a ejercer ese “control por la puerta de atrás”. Renunció y la reacción de la derecha fue reventar las conversaciones, desligarlo todo del whatsapp de Cosidó y acusar al Ejecutivo socialista de ser quien provocó la ruptura.
Desde entonces se han retomado las negociaciones varias veces, tanto con Casado al frente del PP como con quien le relevó tras el golpe de mano que lo echó, Alberto Núñez Feijóo. Y otras tantas se han roto, siempre por la derecha y con excusas variables: desde la presencia de Podemos o la idoneidad de los candidatos, a las convocatorias electorales, la reforma de la sedición o la alianza parlamentaria con Bildu y ERC, todas usadas por Casado y también por el dirigente gallego, en la estela de su predecesor de intentar taponar las críticas internas de su propio partido por cumplir con el mandato constitucional.
Una práctica histórica del PP
La situación de bloqueo no tiene visos de resolverse en lo que resta de legislatura, por lo que Feijóo habría completado la misión que inició Casado: hurtar una legislatura completa de representación de la soberanía popular en el gobierno de los jueces. Y, si en las próximas elecciones generales hay un cambio de mayorías, designar entonces sí un CGPJ a su medida, toda vez que el bloqueo del Constitucional se ha roto de forma sorpresiva para la derecha por una maniobra inesperada de los progresistas en el CGPJ.
La derecha tiene que aguantar un año más para lograr su objetivo. Algo en lo que son expertos, porque esta misma situación ya ha ocurrido en el pasado. Porque la actual no es la primera situación de bloqueo que sufre el Poder Judicial. De hecho, es la tercera. Y en todas las veces el PP ha sido protagonista, y beneficiario directo.
En 1995 José María Aznar aspiraba a llegar a la Moncloa. El por entonces líder del PP fracasó en su primera intentona seria, en 1993. Pero la derecha galopaba la dura crisis económica que vivía España y la miríada de casos de corrupción que atravesaban al PSOE de Felipe González tras más de una década en el poder.
Las elecciones estaban previstas para abril de 1996 y el mandato del CGPJ caducó en noviembre de 1995. La decisión fue aguantar unos meses y ver qué pasaba en las urnas. Aznar ganó. Justito, pero suficiente. Fue investido presidente con los votos favorables de PNV y CiU. Y poco después desbloqueó el Poder Judicial. A diferencia de lo que hizo el PP, el PSOE sí negoció.
La derecha perdió el poder ocho años después, en 2004. Pero Mariano Rajoy aceptó de mal grado el resultado de la soberanía popular. Durante toda la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP se dedicó a poner en duda la legitimidad del triunfo socialista en las urnas. Para ello, esgrimieron de forma oficial la conspiración sobre el atentado del 11M que apuntaba, sin prueba alguna, a una participación directa de ETA, los servicios secretos de Marruecos e incluso del propio PSOE.
Uno de los mecanismos que utilizó Rajoy para torpedear a su rival fue bloquear, otra vez, la renovación del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces estuvo en funciones entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 porque Rajoy se negaba a perder la mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.
Al frente del Poder Judicial, y del Tribunal Supremo, estaba Francisco José Hernando, quien no fue un ejemplo de neutralidad durante su mandato, en el que se redactaron informes fuera de los cauces establecidos. Él mismo rechazó incluso comparecer en el Congreso. Y llegó a comparar estudiar catalán con ir a Andalucía y aprender sevillanas, para después postularse contra el Estatut de 2006.
Rajoy finalmente accedió a romper el bloqueo. Eso sí, con otras elecciones generales mediante que supusieron su segundo fracaso electoral. Pese a ello, se garantizó un reparto de vocales muy beneficioso para el PP, superior a la representación parlamentaria lograda en las urnas: nueve vocales para cada uno y dos más para CiU y PNV. El beneficioso pacto para la derecha se personalizó en el elegido para presidir el CGPJ: Carlos Dívar. Un magistrado conservador que aceptó Zapatero para lograr un acuerdo y que tuvo que dimitir antes de tiempo por los escándalos económicos que rodearon su mandato.
En aquel CGPJ estaba, por ejemplo, Concepción Espejel, “querida Concha” para María Dolores de Cospedal, actual magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PP que ha votado a favor de las pretensiones del partido que la ha llevado, por dos veces, a estar en altas instituciones del Estado. O Margarita Robles, hoy ministra de Defensa del Gobierno de coalición.
Y es que el Tribunal Constitucional no se ha librado de los bloqueos del PP en sus 44 años de vigencia. Actualmente el Pleno del tribunal de garantías no está completo. Su presidente y otro magistrado permanecen con el mandato caducado desde junio. Y aún así, han participado activamente en impedir la reforma legal para propiciar su renovación.
Para Alberto Núñez Feijóo la situación del Constitucional es poco más que irrelevante. El líder del PP asegura que todo es culpa del Gobierno quien, dice, prepara un “asalto” al organismo, pese a que la renovación se hace por mandato de la Ley Fundamental, no por decisión del Ejecutivo. Y tampoco es cosa de Moncloa que justo ahora toque renovar el tercio que le corresponde al Gabinete de Sánchez y a un Poder Judicial con las funciones limitadas.
De hecho, Feijóo reconoce abiertamente que en el pasado ya se produjeron bloqueos similares. Y pone como ejemplo el larguísimo mandato de la progresista María Emilia Casas al frente del Constitucional. Aunque obvia que fue su partido el responsable, una vez más.
La magistrada fue presidenta desde 2004 hasta 2011. Es decir, durante el mandato de Zapatero. Fue ella quien presidió el Constitucional que tumbó el Estatuto de Autonomía de Catalunya, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Lo mismo que ahora: el PP se negó a negociar los relevos en el tribunal de garantías, lo que provocó también reformas legales para intentar arreglar la situación ante la insistencia de la derecha de no cumplir el mandato si no veía aceptadas todas sus aspiraciones. Entonces, Casas y su vicepresidente se abstuvieron en la votación del recurso a dicha ley. Justo lo contrario que han hecho ahora Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, ambos con el mandato caducado y, por lo tanto, siendo directamente objeto de la reforma.
El Tribunal Constitucional era una de las claves. Y, aunque se han desbaratado sus planes iniciales, el PP no parece que vaya a soltar la presa. “Esto no tiene que ver con el Poder Judicial”, aseguró el 23 de diciembre Feijóo en una entrevista en Antena 3. “Esto tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que lleva seis meses de prórroga, desde de junio”, afirmó, “una de las prórrogas más cortas al menos de los últimos diez años”.
Unas declaraciones que mostraban la intención del PP de prolongar su atrincheramiento en las instituciones del Estado, y que ahora se reduce al CGPJ. Feijóo ya se prepara para la próxima batalla: la designación por parte del Senado de un magistrado para cubrir una baja por enfermedad en el Constitucional. Un nombramiento que correspondería a la cuota del PP y que igualaría un poco las fuerzas en el tribunal de garantías (de 7-4 a 7-5, más cerca de poder forzar empates).
En el PP desligan esta designación de la renovación del CGPJ. Y están dispuestos a prescindir de ella porque el objetivo principal ya es otro. Tras cuatro años de zapa, la derecha tiene a su alcance retener el control del Poder Judicial. Solo tiene que aguantar un año más. Solo uno.