La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha declarado este lunes durante algo más de una hora en el Tribunal Supremo imputada por un delito de blanqueo de capitales. Barberá ha contestado a las preguntas del juez instructor, Cándido Conde-Pumpido; del fiscal Juan Ignacio Campo y de su abogado, José Antonio Choclán, y se ha negado a hacerlo a la acusación popular, ejercida por el PSOE, informaron fuentes jurídicas.
En su declaración ha negado conocer sistema alguno de financiación irregular en el seno de su partido. Para hacer esa afirmación se ha escudado en que ella no pertenece al comité electoral, añadieron las mismas fuentes.
A su salida, un pequeño grupo de ciudadanos, que se confundía con los periodistas acreditados, han gritado “choriza”, “corrupta”, “borracha” y “sinvergüenza” a Rita Barberá, que ha abandonado el lugar en un taxi, junto a su abogado.
Barberá es sospechosa de haber participado en el sistema de blanqueo conocido como 'pitufeo' en el seno del PP de Valencia capital. Un total de 49 de miembros del Ayuntamiento están imputados por pertenecer presuntamente a la trama. Algunos concejales han admitido que entre marzo y abril de 2015 transfirieron 1.000 euros al partido por vía bancaria que luego recuperaron en metálico. Se trataría de dinero negro procedente de comisiones entregadas por empresarios a cambio de adjudicaciones.
Ante el juez Conde-Pumpido, la exalcaldesa ha admitido este lunes que sí entregó 1.000 euros al partido, como aportación personal, pero que nunca le fueron devueltos en 2 billetes de 500.
Fuentes de la acusación ejercida por el PSOE, a la que Barberá no ha contestado, han señalado que en su declaración ha repetido los argumentos que incluyó en su escrito de alegaciones, en el que aseguró que su única tarea era recabar votos, y que las cuestiones organizativas recaían sobre los portavoces municipales, Alfonso Grau y Alfonso Novo. Ha contestado a las preguntas de la Fiscalía diciendo que no sabía nada, señalan las mismas fuentes.
La operación Taula investiga contratos desde el año 2003. La exconcejal señalada por estar en el epicentro de la trama, María José Alcón, señala a Barberá en varias conversaciones, aunque no hace ninguna imputación concreta. Su mujer de confianza en el ayuntamiento, la exsecretaria del grupo popular, Carmen García Fuster, no ha podido acreditar ante el juez el origen de 200.000 euros que tenía el partido
Barberá había reconocido ya públicamente que hizo la transferencia pero negó haber recuperado por ninguna otra vía los 1.000 euros. El juez del Supremo, el exfiscal general del estado Cándido Gómez-Pumpido, sin embargo, ha creído necesaria su imputación, “imprescindible para continuar la investigación” contra ella por supuesto blanqueo de capitales. Los motivos: aportó dinero, era la superior de Carmen García Fuster y tenía una “estrecha confianza” con ella.