La confesión de Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción traza un sendero de espinas para el Partido Popular más allá del juicio que comenzará el próximo lunes sobre el pago de su sede central con dinero negro. Las afirmaciones contenidas en el escrito del extesorero incluyen una oferta concreta de colaborar en una investigación que se encuentra en pleno auge, aquella que busca acreditar que una parte de esos ingresos ocultos a la caja B del partido eran en realidad un pago de los empresarios a cambio de concesiones concretas de obra pública adjudicadas desde el núcleo duro del Gobierno de José María Aznar.
“El motivo por el cual Álvaro (Lapuerta) percibía directamente estos donativos era porque se trataba de persona de la máxima confianza del Partido y la persona designada de poner en conocimiento –si fuera el caso– al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”. Así reza el párrafo de la confesión que conecta con la investigación que sigue en estos momentos el actual juez de la caja B, Santiago Pedraz, y que de prosperar podría suponer en el futuro un segundo juicio para el PP como consecuencia de la publicación de los 'papeles de Bárcenas'.
El propio Luis Bárcenas había defendido hasta ahora que las donaciones no eran finalistas, esto es, que los grandes empresarios de la construcción entregaban dinero solo para estar a bien con un partido que en los veinte años documentados en sus papeles acumuló una inmensa cantidad de poder, ya fuera en el Gobierno central o en los autonómicos. Ahora introduce un importante matiz: la “inmensa mayoría” de aquellas donaciones no tenían carácter finalista, pero hubo “algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación”, que describe como “un porcentaje” del monto de la adjudicación con destino a la caja B del partido.
Los donativos a cambio de adjudicaciones, añade, “se realizaban con entregas en metálico que se hacían directamente a Álvaro Lapuerta (su antecesor en la tesorería fallecido en 2018), estando yo presente en algunas de ellas”. Y aclara antes de pasar a otra cuestión: “Me ofrezco a prestar la colaboración oportuna”
En el pasado, el extesorero solo había puesto una salvedad a esa motivación y no había implicado en ella a ningún Ministerio de Aznar. Se trata de los 200.000 euros que Sacyr habría puesto para la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 en Castilla-La Mancha a cambio de la concesión del contrato de basuras en Toledo. La beneficiaria de aquella transfusión de dinero negro, en la que participó el propio Bárcenas, era su gran enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal.
Una veintena de grandes empresarios habían estado imputados por aparecer en los papeles de Bárcenas, pero al no poder documentarse las entregas a cambio de adjudicaciones concretas, el juez Pablo Ruz dio carpetazo en 2015 a esa línea de investigación no sin antes remitir a un juzgado de Toledo los indicios sobre el caso de la mordida de Cospedal, que tiempo después la Audiencia Provincial de Toledo terminaría archivando.
Correa reveló el caso de las mordidas hace cuatro años
Y con esa tranquilidad vivió una parte de la élite empresarial española y los más optimistas en el PP al hacer un análisis de los riesgos que entrañaban los casos Gürtel y caja B. Hasta que llegó la hora del primer gran juicio del caso Gürtel y el 13 de octubre de 2016, el empresario cabecilla de la trama, Francisco Correa, respondió a la fiscal Conchita Sabadell: “Yo reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente Ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova”. En realidad, Correa estaba repitiendo lo que había confesado en un escrito publicado por elDiario.es un año antes.
Para entonces, el juez de la caja B era ya José de la Mata, quien llamó a Correa para que ratificara en el marco de su investigación lo que había dicho en el juicio de Gürtel. Correa se echó atrás sin que nunca haya trascendido por qué más allá de que había recibido en la cárcel la visita de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario Villarejo y sus máximos colaboradores identifican en las grabaciones incorporadas a la causa como su nexo directo con Mariano Rajoy.
Bárcenas ya conocía esta supuesta faceta de Iglesias: afirmó en su momento y ha ratificado al juez del caso Villarejo recientemente que Iglesias fue a la cárcel a ofrecerle acabar con las fiscales del caso y los policías y evitar la cárcel a su mujer si abandonaba esa fijación por describir ante el juez más de dos décadas de campañas electorales, reformas en Génova y sobresueldos a los líderes del partido sufragados con dinero negro de empresarios de la construcción.
La rectificación de Correa pareció que dejaba herida de muerte la línea de investigación del cohecho y las adjudicaciones con mordida durante cuatro años. Tampoco eso supuso un alivio para el Partido Popular que vio cómo la sentencia de aquel juicio de la confesión de Correa dos años antes provocaba una moción de censura que desalojaría a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018.
El policía Morocho reactiva la investigación
Pero aquella percepción de que las concesiones finalistas no podrían ser acreditadas nunca anidó en la cabeza de uno de los protagonistas de esta historia, la del agente 81.067. El inspector jefe Manuel Morocho, investigador principal de los casos Gürtel y caja B, nunca dejó el caso, pese a las presiones y maniobras que desde la Policía de Jorge Fernández Díaz y sus sucesores en el Ministerio del Interior tuvo que soportar durante todo ese tiempo. Hasta que el pasado septiembre presentó un informe de casi 500 páginas al juez José de la Mata en el que cruzaba una década de historia de los casos Gürtel y caja B con revelaciones surgidas en otros sumarios judiciales, como una grabación a un empresario en el caso Lezo de corrupción en la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública de aguas. Consecuencia: caso reabierto.
De la Mata ha conseguido un destino en La Haya y el veterano Santiago Pedraz es el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Con los informes de Morocho y el aval del fiscal Antonio Romeral, el juez Pedraz solicitó el pasado diciembre toda la documentación sobre 23 adjudicaciones del núcleo duro del Gobierno de Aznar a la constructora de un donante confeso del PP, Alfonso García Pozuelo.
Las concesiones bajo sospecha partieron de los departamentos de Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente). Un abogado de la acusación popular asegura que si Bárcenas cuenta realmente ante el juez lo que sabe de esas donaciones finalistas, el caso dará “un giro copernicano”.
El uso del dinero negro para pagar las obras de Génova y la compra de las acciones de Libertad Digital. Los dos hechos que se van a juzgar a partir del lunes son ratificados en el escrito presentado por Bárcenas “de forma clara y contundente” por uno de los implicados en los mismos, lo que contribuirá a que queden completamente acreditados durante la vista, según las acusaciones.
El pago de sobresueldos a los dirigentes del PP. Rajoy, Cospedal, Rato, Acebes… Bárcenas ofrece una lista de los responsables de la formación que cobraron sobresueldos dependiendo de las existencias de la caja B. Se trataría de un delito fiscal por parte de quienes no declararon esos ingresos que habría prescrito hace mucho tiempo.
El robo de documentación por la brigada política. Bárcenas asegura que la policía de Jorge Fernández Díaz le robó “pendrives y diversos papeles” del taller de Rosalía Iglesias y que su contenido estaba relacionado con la caja B. La afirmación puede provocar una nueva citación al extesorero por parte del juez del caso Kitchen si es que Bárcenas ya no ha declarado este extremo en las últimas comparecencias secretas ante el magistrado.