El tribunal del primer gran juicio de Gürtel ha quedado fracturado por la petición de Luis Bárcenas de que declaren como testigos los tres secretarios generales que José María Aznar designó como máximos colaboradores en el PP entre los años 1989 y 2004 -Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes- y a los vicesecretarios generales Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, así como el exportavoz en el Parlamento Europeo Gerardo Galeote.
El designado como ponente de la resolución, el conservador Ángel Hurtado, ha quedado en minoría respecto a sus dos compañeros del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, por lo que ha debido ceder la ponencia y emitir un voto particular. Así queda reflejado en una providencia dictada este mismo jueves, a la que ha tenido acceso eldiario.es Ahora, el ponente es el magistrado progresista José Ricardo de Prada, esto es, quien redactará el auto con la decisión sobre la petición de la defensa de Bárcenas a favor o en contra de las declaraciones de los testigos solicitados.
Una decisión a favor de las declaraciones como testigos de los prebostes del PP revolucionaría la vista de la denominada Primera Época, que arrancará en octubre y que juzgará la relación del partido con la trama de corrupción entre los años 1999 y 2005.
La explicación de la importancia de estas declaraciones está en el escrito que presentó la defensa de Bárcenas y que incluye los indicios de la presunta participación, o al menos el conocimiento, en actividades irregulares de los máximos responsables del Partido Popular con la red presuntamente liderada por Francisco Correa. Ninguno de los seis señalados como testigos fue llamado a declarar como imputado en toda la instrucción a pesar de esos indicios.
Ángel Hurtado, el magistrado que ha quedado en minoría, es quien presidirá y redactará las sentencias de los casos Gürtel y caja B del PP después de que la Sala de lo Penal decidiera apartar a Enrique López y Concepción Espejel por su afinidad al partido de Mariano Rajoy. Hurtado emitió entonces un voto particular en contra de la recusación en el que consideraba “acertado” y “aconsejable” ser juez de la Audiencia Nacional y colaborar con FAES, el think tank del PP.
La Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas en esta causa, donde hay 40 acusados, de los que la mitad fueron cargos del PP. En su escrito de defensa, Bárcenas no solicitó las declaraciones como testigos que ahora pide, pero la ley le permitía hacerlo en este momento procesal. Las declaraciones de los testigos se retrasarán varios meses a la fecha inicial del juicio, señalada para el 4 de octubre.
El argumento que hila la solicitud de declaración en el juicio para la mayoría de ellos es que eran sus superiores cuando el extesorero cometió presuntamente los delitos que se le imputan -y que él ha negado reiteradamente a lo largo del proceso- y que estaban al tanto de la financiación del Partido Popular y de las contrataciones que llevó a cabo con la red corrupta que lideraba Francisco Correa.
En el caso de Álvarez Cascos, por ejemplo, Bárcenas comienza argumentando que fue secretario general del PP hasta 1998 y, que como número dos del partido, conocía sus “funciones, relaciones y responsabilidad”.