La decisión de Luis Bárcenas de retirar la acusación contra el PP en la causa de la destrucción de sus ordenadores ha puesto en guardia este martes a las organizaciones que integran la acusación popular, tanto en este caso como en la pieza del caso Gürtel que juzgará la presunta financiación irregular del partido de Rajoy. El convencimiento general es que Bárcenas no dice la verdad cuando alude a motivos económicos y las sospechas se reparten al especular sobre un posible pacto con el PP, que se arriesga en esta causa a convertirse en el primer partido político condenado en la historia de España.
La acusación popular que ejerce Izquierda Unida (IU) y la Asociación Libre de Abogados (ALA) apunta al rédito que pueda obtener el PP en la propia causa del borrado de los ordenadores. Fuentes de esta acusación sospechan que la representación del Partido Popular intentará aprovechar la decisión de Bárcenas para alegar que no se puede llevar a juicio a nadie si la Fiscalía ni el perjudicado acusan, como ocurre en la causa de los ordenadores. O lo que es lo mismo, que la defensa del PP intentará recurrir a la aplicación de la doctrina Botín.
Aun así, las citadas fuentes consideran nulas las posibilidades de que esa línea de defensa prospere. El delito que la jueza Rosa María Freire atribuye al PP es el de daños informáticos y este no es un delito privado, por lo que no es necesario que acuse el perjudicado. Se cometió presuntamente en concurso medial, esto es, con el objeto de consumar otro, en este caso el de encubrimiento, que se atribuye a la tesorera Carmen Navarro, al director jurídico Alberto Durán y al jefe de informática, Javier Barrero. Y ese otro delito, el de encubrimiento, se realiza contra la Administración de Justicia, por lo que tampoco necesita de un acusador particular. El PP no está acusado de encubrimiento porque la ley reserva este delito a las personas físicas.
Por su parte, la acusación de Observatori Desc se inclina por dirigir la mirada fuera de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, concretamente hacia la Audiencia Nacional. En el tribunal especial arrancará el próximo 4 de octubre el primer gran juicio del caso Gürtel, el que sentará a Bárcenas y una veintena de exresponsables del PP en el banquillo de los acusados. La vista se celebrará durante meses y los testimonios más crudos sobre cómo el partido de Rajoy benefició a las empresas de Francisco Correa podrían llegar en época electoral, antes de los previsibles comicios de diciembre.
¿Y si Bárcenas hubiera pactado provocar un retraso en el inicio del juicio, y su salida así del calendario electoral, con una contraprestación? El aplazamiento podría producirse si el extesorero se quedara sin abogado y solicitara una prórroga al tribunal para que uno nuevo estudiara la causa. Pero ni siquiera esta posibilidad tiene posibilidades serias de prosperar, explican desde la Audiencia Nacional.
Las citadas fuentes consideran que ese argumento de Bárcenas se alejaría de ser “un planteamiento eficaz”. El tribunal, añaden, valoraría la posibilidad de que el acusado estuviera actuando de mala fe, habida cuenta del tiempo que lleva representado por los mismos abogados y las veces que ha cambiado de equipo. Menos posibilidades de éxito tendría aún la maniobra si fuera Bárcenas quien alegara que ha decidido prescindir de sus abogados y no al revés.
Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias siguen representados por Francisco Maroto, Joaquín Ruiz Infante y Marta Giménez-Cassina, del mismo despacho. La orden de Bárcenas del pasado lunes por la tarde para retirarse del caso de los ordenadores ha caído como un jarro de agua fría en el equipo de letrados, que se encontraba redactando el escrito de acusación de su cliente en la causa de los ordenadores.
Bárcenas tiene bloqueados sus fondos y no ha abonado un céntimo a los letrados desde que comenzaron a defenderle, según fuentes del caso. Es ahí donde flaquea el argumento del extesorero del PP de que tiene que prescindir de asuntos menores para poder costear su defensa en las piezas del caso Gürtel en las que se les reclaman décadas de prisión. El equipo de abogados defiende a Bárcenas en una treintena de causas, algunas de ellas por querellas por atentado contra el derecho al honor que están en curso, precisaron las mismas fuentes. Sobre el desestimiento en esas otras causas 'menores' , Bárcenas no ha dado ninguna instrucción a sus abogados.
Por último existe la duda de cómo encaja el último movimiento de Bárcenas con otro que agitó la actualidad política y judicial a finales de julio, cuando el extesorero pidió que declaren como testigos en el juicio de Gürtel los principales miembros de la cúpula del partido con José María Aznar, aunque no el expresidente del Gobierno. Fracturado, el tribunal accedió y Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Gerardo Galeote tendrán que contestar a las preguntas de las partes sobre lo que sabían de la red de Francisco Correa.