Las elecciones de Castilla y León iban a marcar el panorama político, reforzar al Partido Popular y asestar otro rejonazo al Gobierno, como ocurrió con las de Madrid en 2021. Y después vendrían las de Andalucía. Ese era el plan de Pablo Casado, aunque ahora lo niegue en un ejercicio de dudosa credibilidad. Sostiene que ni siquiera opinó sobre el adelanto electoral, cuando un alto número de artículos periodísticos citaban a fuentes del PP haciendo precisamente eso, opinando sobre las ventajas de la nueva cita electoral antes de que se produjera. Sobre lo que no puede haber dudas es que los resultados han desbaratado la estrategia del PP. El uso de este último concepto es discutible: no se le puede llamar estrategia si todo consiste en confiar en que te beneficien los acontecimientos futuros.
La opinión de un dirigente del PP expresada a La Razón no podía ser más clara antes del 13 de febrero. Sacar menos de 33 diputados sería un desastre. Por debajo de esa cifra, “estaremos en manos de Vox”. Al final, se quedaron en 31.
Era imposible que el Gobierno desaprovechara esta oportunidad. En la sesión de control del miércoles, Pedro Sánchez reiteró la oferta hecha el día anterior en el Senado en relación a una hipotética abstención socialista en la sesión de investidura. Haciendo que sonara de la forma más humillante posible: “Nosotros estamos dispuestos a ayudar (qué amable). Pero tiene que hacer lo siguiente (ah, la ayuda viene con condiciones). En primer lugar, tiene que pedir ayuda (¿servirá con que grite socorro?). En segundo lugar, tiene que explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos (debe denunciar a Vox). Y en tercer lugar, tiene también que decirnos si es para siempre, para todos los días y si es para todos los territorios” (no me fío de usted, fírmelo por duplicado).
Está bastante claro que Sánchez no cree que Casado vaya a pedir ayuda. Es más, confía en que no lo haga. Al Gobierno le interesa que el electorado vea al PP y a Vox como las dos caras de la misma moneda. Por mucho que se hable de cordón sanitario, todo el mundo sabe que el PP renunció a esa idea hace tiempo si alguna vez pensó en ella. Además, los populares sospechan que el cordón sólo garantizaría la permanencia de Sánchez en Moncloa, dado que el PP no tendrá ninguna posibilidad de acercarse a la mayoría absoluta (el PSOE, tampoco) en futuras elecciones nacionales. Ahora lo tiene mucho más claro.
Casado ha conseguido neutralizar las críticas de los barones regionales del PP por el gatillazo de Castilla y León descartando con rotundidad cualquier posibilidad de un Gobierno de coalición con Vox. Por sus encuestas privadas –esas que los partidos encargan en la última semana de campaña, pero que los ciudadanos no tienen derecho a conocer–, sabía que el escenario de las urnas no sería favorable, así que dos días antes del domingo ya había comenzado a anunciarlo. Casado colocó a los dirigentes del PP en una situación de dependencia de Vox que no necesitaban y se multiplicó en campaña con una presencia tan intensa que incluía fotos con cerdos, vacas y piezas de embutido. Está en deuda con ellos y por tanto obligado a presumir de superioridad sobre la formación de Santiago Abascal. En otras palabras, líneas rojas por todos los lados.
De cara a la galería parlamentaria, a Casado no le interesaba el miércoles que se hablara de esa comunidad. No había mucho tiempo para inventarse una maniobra de distracción. En estos casos, el plan B por defecto es ETA. Y a por ETA fueron con el argumento de que el Ministerio de Interior negocia con representantes de la izquierda abertzale sobre la situación de los presos de la antigua organización terrorista tomando como base un informe de la Guardia Civil que se refería a los años 2018 y 2019. El PP, por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, llegó a decir el martes que Kubati, condenado por trece asesinatos, es quien dirige la política penitenciaria.
El ministro Marlaska negó en el pleno que haya “negociaciones clandestinas” y dijo que el cumplimiento de la ley no impide que los responsables de Prisiones tengan conversaciones con abogados y colectivos de presos, no sólo de ETA. También recordó que ETA no existe desde hace más de diez años, lo que es una premisa que no acepta la derecha.
El PP también finge que los acercamientos de presos son una medida nueva y únicamente responsabilidad del actual Gobierno. Marlaska dijo que en estos momentos se comunican antes a las asociaciones de víctimas. Eso no ocurrió durante el Gobierno de José María Aznar hasta 2004, cuando se trasladaron a 575 presos etarras, según sus cifras. Y en esa época sí existían ETA y sus asesinatos, como saben bien los miembros del PP.
Negociaciones condenadas al fracaso
Lo curioso es que la negativa del PP a negociar un Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León supone una aceptación implícita del veto de la izquierda al partido de extrema derecha. Pero sólo en lo que se refiere a esa región. En la carrera a La Moncloa, no habrá tantos remilgos.
Abascal reiteró el miércoles que esta vez no va de farol. Vox votará en contra de “cualquier investidura” si no puede formar parte del Gobierno. En caso de que Casado y Mañueco no lo acepten, eso conducirá a una repetición electoral.
Hasta que se llegue a ese punto, el PP de Madrid tendrá amplias oportunidades para desmarcarse de Casado y alegar que no hay ningún problema con los pactos con la extrema derecha. Ellos lo han hecho en Madrid, aunque sin incluirlos en el Gobierno. Les parece escandaloso que se dude de Vox, al que consideran “un partido constitucional”, en expresión de Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de Díaz Ayuso. El mismo Ossorio dijo que es mucho peor que haya ministros comunistas en el Gobierno de Sánchez.
Su posición es coherente con la de Ayuso, que cree que los de Vox son unos parientes un poco asilvestrados, mientras que los socios de izquierdas de Sánchez son la encarnación del mal.
La gran paradoja es que a corto plazo las patadas de Vox contra Casado pueden aterrizar en el final de la espalda de Ayuso. El grupo de Rocío Monasterio ha anunciado que votará contra el proyecto de ley de autonomía fiscal presentado por el Gobierno madrileño. No acepta que la Comunidad madrileña intente blindarse contra medidas fiscales que procedan del Gobierno y Parlamento de España.
Quién le iba a decir a Ayuso que iba a ser la extrema derecha la que le recordara que por encima de Madrid está España.