La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se ha mostrado este jueves partidaria de suspender la condición de diputado del parlamentario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un policía en 2014. Según ha podido conocer este diario ella se ha mostrado a favor de la suspensión en contra del criterio de la mayoría progresista del órgano de gobierno de la Cámara Baja, cuya reunión se ha prolongado durante cerca de dos horas y media.
La postura de Batet se debe a las presiones del propio Supremo, y será ella quien adopte la decisión final. Pero en la reunión de hoy, la Mesa, por mayoría de 5 a 3 -la suma de PSOE y Unidas Podemos frente a la de PP y Vox-, ha acordado solicitar al Supremo una aclaración mayor sobre los efectos de su sentencia, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena.
Fuentes asistentes al encuentro han explicado a elDiario.es que se ha producido un encendido debate entre los seis miembros de la Mesa de PSOE y Unidas Podemos –tres del primero y tres del segundo– que defendían que Rodríguez mantuviera el acta, y los dos integrantes del PP y el único de Vox, que exigían retirársela.
Ayer, el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, envió a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un escrito instándole a que dejara a Rodríguez sin escaño. El Supremo se dirigió a Batet para exigirle un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. En un escrito remitido a la cámara baja, Marchena pide ser informado sobre “la fecha de inicio de cumplimiento 'de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” impuesta a Rodríguez por patear a un policía en La Laguna en 2014.
La comunicación de Marchena llegaba en pleno debate sobre si Alberto Rodríguez tenía o no que dejar su escaño después de ser condenado. Los letrados del Congreso avalan que puede mantener su acta porque su condena de cárcel fue sustituida por una multa y porque su condena de inhabilitación se refiere al sufragio pasivo y no a poder ejercer un cargo público. Entienden que no puede presentarse a unas elecciones en 45 días pero que puede seguir en el Congreso.
En la sala segunda del Supremo hacen una interpretación contraria en función del principio de “inelegibilidad sobrevenida”, según el cual Rodríguez ya no cumple las condiciones que se exigen para ser elegido diputado, por lo que debe dejar el acta de forma inmediata.