Los bebés robados, la Iniciativa Legislativa Popular para dependencia o los delitos de expresión se atascan en el Congreso

A menos de un año para que se disuelvan las Cortes antes de la celebración de las elecciones generales, los socios parlamentarios de la coalición empiezan a mostrar inquietud ante la posibilidad de que algunos compromisos del Gobierno queden en papel mojado. Más allá de la pelea por la Ley de Vivienda y la derogación de la ‘mordaza’, que están bloqueadas en la recta final de su tramitación, hay una treintena de proyectos legislativos, que van desde los bebés robados hasta los delitos de expresión, atrancados en el Parlamento.

“Respecto a la ley de vivienda, a la Ley LGTBI y a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, vamos a cumplir con nuestro compromiso, que es hacer leyes en beneficio de la mayoría social de este país. A lo mejor no es que nosotros las estemos bloqueando, sino que no encontramos un punto de encuentro con el resto de grupos parlamentarios”, admitió Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso a instancias de EH Bildu, que le había advertido de que “tiene asignaturas pendientes respecto a leyes estratégicas para los derechos y libertades de la mayoría social”, entre las que citó vivienda, mordaza y ley trans, pero también secretos oficiales, reforma fiscal o salud mental. Ese enfriamiento choca con la voluntad que expresan las partes de llegar a entendimientos. 

Todos esos asuntos permanecen, en cualquier caso, encallados en el Parlamento. Algunos con un mayor nivel de avance, como la ley de vivienda o la ‘mordaza’, que llevan tiempo en trámite de negociación de la ponencia. Otros languidecen en las comisiones con decenas de prórrogas consecutivas en la ampliación del plazo para presentar enmiendas. 

Hasta en 87 ocasiones la Mesa del Congreso ha autorizado la prolongación del periodo para que los grupos propongan cambios a la ley que pretende afrontar el escándalo de los bebés robados durante el franquismo. Esa norma, que fue registrada por PSOE, ERC, el Grupo Plural y Bildu, ya había sido admitida a trámite por unanimidad en la anterior legislatura, pero cayó en saco roto con el adelanto electoral. Ahora sigue encallada en el Congreso desde septiembre de 2020. El texto, impulsado por la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, plantea la creación de una base de datos de víctimas y de ADN, una Fiscalía especial y una Comisión Estatal de Derechos de Identidad.

La misma cantidad de prórrogas lleva la ley de secretos oficiales que registró el PNV esta legislatura –tras haberla presentado también en la anterior–. Sin embargo, esa iniciativa está condenada a morir porque el Gobierno ha impulsado la suya desde el Consejo de Ministros. La intención es poner plazos y un procedimiento para la desclasificación de documentos. La propuesta del Ministerio de Presidencia no convenció al socio minoritario, que ha reclamado cambios sustanciales para la segunda vuelta, es decir, antes incluso de su llegada al Parlamento. 

Las siguientes en el ranking son la ley para regular un proceso de sanciones e infracciones por parte de las empresas morosas, que impulsó el Grupo Plural y lleva en el cajón desde octubre de 2020. PSOE y Unidas Podemos incluyeron sanciones de hasta el 50% del contrato a las adjudicatarias que incumplan la Ley de Morosidad a través de una enmienda a la ley de creación y crecimiento de empresas, que contemplaba propuestas como la prohibición de acceso a ayudas y subvenciones a empresas morosas. Lo mismo ocurre con la financiación del transporte urbano que, en este caso, procede del Senado. 

También procedente de la Cámara Alta lleva congelada la proposición para rebajar al 4% el IVA a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia. 72 es el número de veces que se ha ampliado el plazo para la presentación de enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el “copago confiscatorio” en dependencia.

El letargo para eliminar “disminuidos” de la Constitución

También está bloqueada la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” de la Carta Magna. Aunque Alberto Núñez Feijóo ha defendido que hay que cambiar ese precepto, no ha dado el paso de apoyar la iniciativa del Gobierno, que requiere del apoyo del PP. 

La mayoría de iniciativas que permanecen bloqueadas, no obstante, son los decretos ley que el Gobierno aprobó durante la pandemia y que logró sacar adelante aceptando que fueran tramitados posteriormente como proyectos de ley para que los grupos pudieran hacer incorporaciones. No obstante, permanecen en hibernación. 

Otra de las patatas calientes que permanece en el congelador es la reforma del Código Penal para modificar las penas de los denominados delitos de expresión. Moncloa se comprometió a impulsar cambios a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél en febrero de 2021. La propuesta era retirar las condenas de cárcel en delitos como el enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado y los delitos contra los sentimientos religiosos. La jugada pasaba por adelantar a Unidas Podemos, que impulsó una proposición de ley en el Congreso con objetivos similares y que permanece en stand by desde septiembre de 2021.