Madrid, 19 jul (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en su segunda cita ante el juez que le investiga por presunto tráfico de influencias en una causa en la que su defensa no ve “garantías” suficientes y considera vacía de contenido.
Gómez ha vuelto a acudir este viernes a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, a los que, de nuevo, ha accedido en coche por el garaje por motivos de seguridad, pasadas las 9:30 horas, y en medio de un fuerte dispositivo policial y la misma expectación mediática que hace justo dos semanas, cuando compareció por primera vez.
Su comparecencia ha durado apenas diez minutos. De negro y rodeada de cuatro personas de seguridad, ha entrado a paso rápido sobre las 10:10 horas al juzgado y ha salido diez minutos después, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.
Una decisión adoptada por recomendación de su defensa, “no porque tenga nada que esconder” o “no quiera dar explicaciones”, sino porque la “declaración del investigado tiene que hacerse con garantías”, según ha anunciado su abogado, Antonio Camacho, ante los medios.
Muy crítico con esta decisión, Vox -que dirige las acusaciones populares- ha anunciado su “firme voluntad” de pedir al juez que cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aclarar las reuniones mantenidas entre su mujer y empresarios como Juan Carlos Barrabés en la Moncloa.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ha considerado “absurdo”, ridículo“ y ”cruel“ y ve en esta petición una ”persecución política“. En cambio, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no le ha parecido ”mala idea“, y desde su partido, el PP, han advertido este viernes de que ”no dar explicaciones alienta las sospechas“.
Begoña Gómez es la única investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, centrada en un presunto trato de favor en el marco de contratos públicos adjudicados al empresario Barrabés, a la que después se unió una querella de la asociación ultracatólica Hazteoír.
Su anterior comparecencia del 5 de julio fue aplazada al alegar Gómez que desconocía esta última querella y este viernes su negativa a declarar, según su abogado, se ha basado en la falta de garantías de una “investigación expansiva” y “sin contenido”, en la que algunos hechos denunciados por las acusaciones populares exceden el objeto de la causa, como abundó en un reciente escrito.
Entre ellos figura su papel al frente de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y la presunta apropiación de un software para la misma, un asunto que está en el foco de las acusaciones populares.
La cátedra, que Begoña Gómez solicitó renovar, junto a otros cargos, el pasado 2 de julio, según un documento de la universidad al que ha tenido acceso EFE, ha centrado el interrogatorio como testigos del vicerrector de Relaciones Institucionales del centro, José María Coello, y de su predecesor, Juan Carlos Doadrio.
Este último, según ha explicado el abogado de Gómez en declaraciones a EFE, “no ha puesto de manifiesto” ninguna irregularidad en la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez y ha rechazado que tuviese problemas en participar en la constitución de la misma, pese a ser “miembro activo” del PP.
Ambos han explicado cómo funcionaba la cátedra a través de comisiones mixtas que se celebraban una vez al año, de quién dependía y cuál era su organización en sus respectivos periodos en la universidad.
Sus comparecencias han tenido lugar días después de salir a la luz un informe de la Universidad Complutense en el que daba cuenta de la investigación interna desplegada para tratar de esclarecer si se produjo una “apropiación indebida” del software.
En su informe, que no llegaba a ninguna conclusión, ponía el foco en una factura para la implementación de una plataforma, un contrato de consultoría y una adjudicación para asesoría para la creación de otra plataforma de medición de impacto en empresas. En total, casi 103.000 euros.
Sobre esta última plataforma, el abogado de Gómez ha indicado a EFE que el exvicerrector ha reconocido que la mujer del presidente del Gobierno señaló que esta debía ser gratuita, algo que -ha subrayado- ya dijo el empresario Luis Martín Bernardos, socio de Juan Carlos Barrabés, en su testifical el lunes.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ambos han explicado al juez que no tienen competencias en esos tres expedientes o en contratos referidos al software y, es más, Doadrio ha indicado que cuando se aprobaron las facturas, ya no era vicerrector.