La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar en su segunda citación como investigada en la causa que conduce el juez Juan Carlos Peinado. Al término de la comparecencia, el letrado de Gómez ha explicado a los medios que su defendida no tiene “nada que ocultar” pero que ha decidido no declarar porque así se lo ha aconsejado. El juez, asegura el letrado, “no puede investigar cualquier cosa y debe actuar dentro de los hechos objeto de la instrucción”.
La tesis de la defensa es la siguiente: si el propio juez insiste en que su investigación se ciñe a la denuncia de Manos Limpias y, de lo recogido en ella, la Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa, solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés con fondos de la UE. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa del juzgado de Peinado está a día de hoy vacía y debe ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
Con posterioridad a ese auto se han practicado diligencias que han incidido en la inexistencia de indicios de delito, ha explicado Camacho. Es el caso del segundo atestado de la Guardia Civil, ordenado por el propio juez Peinado, que descarta que Gómez hubiera cometido delito alguno. Al término de la comparcencia, Vox ha anunciado que solicitará la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La polémica con la Complutense
Es la segunda ocasión en que Gómez acude al juzgado para declarar. En la primera ocasión, hace dos semanas, la esposa del presidente del Gobierno solicitó la suspensión de su comparecencia alegando que no se le había dado traslado de la querella de HazteOir, uno de los grupos ultras que ejercen la acusación popular contra ella. En esa querella se alude a informaciones sobre la supuesta apropiación de un software de la cátedra que dirigía Begoña Gómez por parte de la investigada.
La Complutense ha pedido al juez que investigue los indicios sobre un presunto delito de apropiación indebida de Begoña Gómez. Consultado sobre este extremo, el letrado Camacho ha dicho que le resulta “sorprendente” porque el centro “tuvo conocimiento del registro” de la marca del software que Gómez se había comprometido a implementar. El abogado ha añadido que la universidad estuvo al tanto en todo momento de las gestiones de su defendida, que fueron realizadas a través de “una unidad” del propio centro. Camacho ha añadido que hay correos que lo demuestran.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acudió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado 2 de julio para entregar la memoria económica y de actividades de su cátedra correspondiente al año 2023, según publica El País. Pero el presidente de la comisión de seguimiento, José María Coello de Portugal, se negó a aceptarla y a examinarla argumentando que había una investigación judicial abierta.
La cita en la Complutense se produjo un día después de que esa Universidad hubiese remitido el citado informe al juez Juan Carlos Peinado explicando que, tras una investigación interna, no ha encontrado ilegalidades en la gestión de la cátedra que lideró Gómez. Sin embargo, el centro universitario madrileño planteaba un presunto delito por parte de Gómez y pedía al juez que siguiera investigando. En su escrito, la Complutense insistía al juez en que aceptara su personación en la causa como perjudicada.
El escrito servía asimismo para lanzar sobre Gómez la acusación de que no había colaborado con la universidad. Su contenido ha sido publicado sin explicar la Complutense que un día después de presentarlo en el juzgado, el 2 de julio, Gómez compareció ante el centro educativo queriendo aportar una documentación que no se le aceptó.
La esposa del presidente ha accedido a los juzgados en coche, acompañada de la escolta de Presidencia del Gobierno, por acuerdo de la decana, María Jesús del Barco, quien ha seguido las recomendaciones de la Policía Nacional. Como en la anterior declaración, varias decenas de personas se concentraban en la zona delimitada por las Fuerzas de Seguridad y lanzaban proclamas e insultos a Sánchez y su mujer.
El agitador ultra Vito Quiles ha intentado acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción número 41, y ha sido expulsado del edificio por los miembros de seguridad. La decana decretó que no se pudiera acceder a esa planta después de que el 5 de julio, Quiles y otros ultras se hicieran pasar por personal de las acusaciones populares y se saltaran la prohibición de grabar en su interior.