Begoña Gómez vuelve al juzgado por tercera vez para responder por un software de la Complutense

Begoña Gómez acude este miércoles al despacho de Juan Carlos Peinado en su tercera cita judicial de los últimos cinco meses. La esposa del presidente del Gobierno acude a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para responder por la gestión de un software creado por Indra para su cátedra de la Universidad Complutense. Según HazteOir, cuya querella ha dado pie a esta nueva citación, Gómez se apropió de forma ilegal de la herramienta. Según Begoña Gómez y la propia Universidad ella nunca registró ese software a su nombre y todo se reduce a que, con el visto bueno del centro, alojó la herramienta en una página web creada por una de sus empresas.

Juan Carlos Peinado explora desde hace más de medio año cualquier vertiente de la vida profesional de Begoña Gómez que le permita relacionar su promoción con el hecho de estar casada con Pedro Sánchez. Desde su contratación por parte de una empresa privada como es el Instituto de Empresa hasta una relación con la Universidad Complutense que arrancó muchos años antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno central. Y la última ramificación del caso se fija en cómo gestionó un software que Indra creó para su cátedra sin coste alguno para el centro.

A lo largo de su relación laboral con la UCM, Begoña Gómez llegó a dirigir dos másteres y una cátedra de Transformación Social Competitiva, todo anulado actualmente. Varias empresas financiaron la creación de un software para uno de sus cursos: una herramienta digital gratuita para que las empresas pudieran medir y mejorar su éxito en el desarrollo sostenible. Begoña Gómez creó un dominio web con un nombre muy parecido al de su cátedra y al de una de sus empresas en el que alojó ese software, pagando 25 euros de su bolsillo.

La propia Complutense se dirigió por escrito al juez para reclamar una investigación. El centro reconoció por escrito que no había ninguna prueba de que Gómez hubiera registrado el software a su nombre, por ejemplo en el Registro de la Propiedad Intelectual, y Gómez ha aportado correos que demuestran que fue la propia Complutense la que dio instrucciones para registrar una página web donde ubicar la herramienta. Otros directores de máster de la UCM, añadió Gómez en un escrito reciente, habían hecho algo similar.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, el juez Peinado se ha apoyado en la acusación popular de HazteOir para transformar una acusación difusa en una imputación. El software, además, era gratuito y las empresas no tenían que pagar nada por utilizarlo. A lo largo del proceso, la empresa Indra ha explicado que lo creó de forma altruista para la cátedra y que el coste de su creación, facturado de forma interna a empresas filiales, superó los 120.000 euros sin contar los impuestos. El juez, además de una posible apropiación indebida, también indaga en un posible intrusismo profesional porque, dice la querella, Gómez elaboró y redactó pliegos de prescripciones técnicas para que el rectorado contratase esta creación de la plataforma.

Por el momento todas las personas relacionadas con la Universidad Complutense que han declarado en la causa judicial o en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid han afirmado que nada relacionado con los másters o la cátedra extraordinaria de Gómez tiene algún tipo de relevancia penal. “Todo fue legal”, dijo el rector Joaquín Goyache, imputado en el caso. “No cabe duda de la legalidad”, añadió días más tarde José María Coello de Portugal, vicerrector. Una de las comparecientes, interventora de la UCM, fue clara al explicar que lo único reprochable a todo el asunto era un contrato “administrativamente nulo” que había firmado Begoña Gómez cuando tendría que haber sido firmado por el rectorado. Y finalmente la vicerrectora económica, por delegación de Goyache, zanjó el asunto autorizando el gasto.

Los juzgados de Madrid volverán a presenciar un despliegue extraordinario de seguridad por la declaración de Gómez. La decana, María Jesús del Barco, ha permitido una vez más que la esposa del presidente del Gobierno acceda a la sede en coche por el párking para evitar exponerse a los riesgos detectados por el departamento de seguridad de Presidencia del Gobierno. Entre otros, las manifestaciones convocadas de manera recurrente por la acusación popular ultracatólica HazteOir, que además de reunir a unas pocas decenas de personas con pancartas suele contratar autobuses y furgonetas con carteles y eslóganes instando la entrada en prisión de Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

La extrema derecha ha conseguido adueñarse del escenario judicial de la Plaza de Castilla en las últimas comparecencias en las que Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar. Además de las concentraciones de HazteOir, distintas personas han conseguido alcanzar la puerta del juzgado o incluso grabar a la esposa del presidente del Gobierno en su interior y por los pasillos. Agitadores ultras como Vito Quiles o Jousé Cárdenas consiguieron acceder a la sede judicial bajo el paraguas de las acusaciones populares.

Juan José Güemes, imputado

El juez Peinado instruye desde hace meses una causa amplia en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno. Tanto su trabajo en el África Center del Instituto de Empresa desde ese año 2018 hasta una relación con la Universidad Complutense que empezó muchos años antes. El juez analiza un amplio abanico de sospechas puestas sobre la mesa por Manos Limpias: desde que ella recibiera un posible trato de favor por vivir en La Moncloa hasta que se lo hubiera podido dispensar ella misma al empresario Juan Carlos Barrabés.

Por el momento todos los aludidos han negado haber dado trato de favor a Gómez por estar casada con Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Desde el rector de la Complutense y la propia Universidad, que han explicado verbalmente y por escrito que empezó a trabajar para ellos años antes de la moción de censura y que los másters y la cátedra que gestionó fue en base a su currículum, no por su matrimonio. El último en negar el trato de favor, y haber sido imputado minutos después, es Juan José Güemes.

Hombre fuerte en la pata económica de los gobiernos madrileños del PP y Esperanza Aguirre, Güemes está llamado a declarar también este miércoles como directivo del Instituto de Empresa que empleó a Begoña Gómez en 2018, poco después de que la moción de censura llevara a su marido hasta La Moncloa. El expolítico acudió como testigo al juzgado de Peinado y apenas pudo declarar unos minutos antes de ser imputado porque su declaración chocaba con la ofrecida por otra trabajadora del IE.

“No se contrató a Begoña Gómez en el IE por ser esposa del presidente”, dijo claramente Güemes. Poco después el juez cortaba su declaración y anunciaba que le llamaría a declarar como imputado, sin explicar si tendría que declarar como sospechoso de dar trato de favor a Gómez o de mentir como testigo. Un testimonio que ataca frontalmente una de las líneas de investigación oficiosas abiertas por el juez Peinado: el Instituto de Empresa contrató a Begoña Gómez por su currículum y no por estar empadronada en La Moncloa.

Estas nuevas ramificaciones de la causa, que abarcan también a una asesora de Moncloa que envió varios correos en nombre de Gómez para sus gestiones con la Complutense, llegan después de que el Tribunal Superior de Madrid haya enterrado la posibilidad de que Juan Carlos Peinado sea acusado de prevaricación por la vía penal. También después de que la Audiencia Provincial haya blindado su investigación con el rechazo de la inmensa mayoría de los recursos, dejando leves críticas a su gestión del secreto de sumario o sancionando su insistencia por el rescate de Air Europa.