El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza la líder de Podemos, Ione Belarra, ha concretado “una batería de medidas de emergencia” para paliar las “graves” consecuencias socieconómicas de la guerra de Ucrania en España. Sus propuestas ya las ha presentado al resto del Gobierno y espera que se incluyan en el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la invasión que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo.
En medio de las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa anunciado por Pedro Sánchez, que es rechazado por Unidas Podemos, incluida la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Belarra ha decidido hacer públicas sus iniciativas para un “escudo social y verde” que, según su equipo, han sido avaladas por el resto de ministros del espacio confederal, y también por la propia Díaz, que este martes mantuvieron una reunión precisamente para coordinar su posición sobre la guerra, y que se encuentran “ultimando” un documento que “consensúe” la posición común de todos esos ministros ante la situación en Ucrania.
Según han explicado fuentes del equipo de Belarra, la líder de Podemos considera “imprescindible que el Gobierno ponga en marcha cuanto antes un nuevo escudo social y verde que garantice la protección de la población ante la alza generalizada de los precios provocada por la crisis internacional”.
A juicio de la ministra, los asuntos que se deben abordar son “el coste de la energía, que ha alcanzado un récord histórico en estas últimas jornadas”, el “sostenimiento de los servicios públicos, que ahora más que nunca deben funcionar para dar garantías y certezas en un clima de extrema volatilidad”, y “las políticas de protección social que garanticen unos ingresos mínimos y un techo para todos y todas”.
Acabar con “los beneficios caídos del cielo”
Belarra hizo llegar a lo largo del martes e incluyen la derogación de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, que “ha permitido a las eléctricas esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas”, la entrada en vigor en abril del Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, “para reducir los beneficios caídos del cielo asociados al precio del CO2”, la puesta en marcha de un cheque energético de 300 euros para familias que ya anunció el pasado viernes o la ampliación del bono social “para aumentar a los beneficiarios y regulación del principio de precaución para frenar los cortes a personas ne situación de vulnerabilidad”.
En materia de vivienda, Belarra plantea la “congelación de la actualización de las rentas del alquiler durante 2022” o la “prórroga del decreto antidesahucios, incluyendo la prórroga de alquileres, mientras dure esta situación”. Derechos Sociales también quiere “simplificar” requisitos y trabas burocráticas para facilitar el acceso al ingreso mínimo vital y el incremento de la cuantía de la prestación (en un 18% en el caso de una persona sola) y los umbrales de renta de acceso. Asimismo, contempla una rebaja de la edad mínima de acceso al IMV de 23 años a 20“.