Bélgica cumple este domingo un año de crisis política desde que el 8 de diciembre de 2018 se rompiera la coalición del Gobierno del entonces primer ministro, Charles Michel, sin que el país haya logrado todavía, elecciones mediantes, formar un nuevo Ejecutivo.
En esa fecha, los ministros del partido soberanista flamenco N-VA renunciaban al puesto que ocupaban desde 2014 en protesta por la firma inminente por parte de Michel del pacto de las Naciones Unidas sobre las migraciones.
El resto de partidos en el Gobierno, el Movimiento Reformador (MR, liberal) de Michel, así como el CD&V (democristianos flamencos) y el Open Vld (los liberales flamencos), tuvieron que repartirse las competencias que la N-VA dejaba vacantes.
Michel se centró entonces en tratar de sacar adelante el presupuesto para 2019 sin pedir la confianza del Parlamento al considerar que se trataba de una reestructuración ministerial más que de un nuevo Ejecutivo.
Pero ante la imposibilidad de recabar los apoyos suficientes para el presupuesto, Michel presentó su dimisión el 18 de diciembre al rey Felipe de los belgas, quien la aceptó tres días después y le encargó continuar al frente del Gobierno en funciones.
Visto que ningún partido aparte de la N-VA pidió elecciones anticipadas, se mantuvo la fecha prevista para los comicios del 26 de mayo.
En esas elecciones el MR fue con 14 escaños el cuarto partido con más representación en el Parlamento federal pese a perder seis con respecto a los comicios anteriores.
Por delante se situaron la N-VA (25 escaños), los socialistas francófonos (PS) con 20 escaños y el ultraderechista flamenco Vlaams Belang, con 18 escaños.
Todos los expertos coincidían ya en que la división entre el norte de Bélgica (Flandes, donde se impuso la derecha nacionalista) y Bruselas y Valonia (donde ganaron los socialistas y subieron los verdes) iba a hacer más difícil que nunca la formación de un nuevo Gobierno.
La situación se ha aseverado aún más complicada que la de 2011, cuando el país batió un récord mundial al permanecer durante 541 días sin gobierno tras las elecciones de junio 2010, cuando la N-VA y los socialistas francófonos (PS) ganaron en Flandes y Valonia, respectivamente.
De acuerdo a la legislación belga, el monarca inició una ronda de contactos con los políticos de distintos partidos, en coherencia con el resultado electoral, para determinar las posibilidades de formación de un nuevo Ejecutivo.
Sobre la base de esas consultas el rey designó a un “informador” a fin de tantear cómo lograr una mayoría y con qué socios, y tras ese paso debía elegir a un “formador”, que debía constituir un gobierno y que, una vez logrado, se convertiría en primer ministro.
En cambio, Felipe sólo pudo constatar en noviembre el fracaso del último tándem encargado de explorar la formación de Gobierno, compuesto por el nacionalista flamenco Geert Bourgeois y el socialista francófono Rudy Demotte.
Ellos habían sustituido a su vez en la misma tarea al socialista flamenco Johan Vande Lanotte y al liberal francófono Didier Reynders.
La misión de tratar de superar el bloqueo político recae actualmente en el presidente del PS, Paul Magnette, quien está previsto que entregue su informe mañana lunes al monarca.
Así pues, durante el fin de semana se han acelerado los contactos entre los partidos, incluido entre Magnette y el presidente de la N-VA, Bart De Wever, si bien la combinación de Gobierno que actualmente tiene más posibilidades, según la prensa local, es la “arco iris”, con liberales, socialistas y ecologistas.