El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa dedicó la hora en la que declaró este lunes en la Audiencia Nacional a negar cualquier irregularidad en la emisión de las participaciones preferentes y, por si acaso, en descargar culpas en dos departamentos de la entidad.
Cuando el fiscal le preguntó por qué se vendió el producto solo a minoristas, Blesa dijo que este tipo de inversor “no es ningún ignorante financiero”. “Un jubilado que cobra una pensión no es un ignorante financiero”, añadió. En esta línea, el exbanquero aseguró que cada uno de ellos era “responsable” de lo que leía en el tríptico informativo de las preferentes. Y si alguno de los inversores desconoció el cambio en la calificación crediticia del producto fue porque no acudió a la sucursal a preguntar, añadió.
Los 3.000 millones de participaciones preferentes emitidas en 2009 fueron adquiridas por 300.000 ahorradores. Muchos de ellos han perdido el 70 por ciento de los fondos invertidos en este producto. La investigación ha puesto de manifiesto que entre los clientes de las preferentes hay un 43% de mayores de 65 años y un 63% que superan los 50, según se encargó de recordar hoy el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Entre los inversores hay personas analfabetas y hasta invidentes.
Los correos de Blesa publicados por eldiario.es ponen de manifiesto la euforia y despreocupación con la que Blesa y sus colaboradores recibieron el éxito fulminante de la venta de preferentes. Solo el primer día ya habían colocado 1.300 millones, que ascendieron a 2.200 el tercero. Una de las acusaciones se preguntaba hoy cómo se pudieron firmar en tan poco tiempo 60.000 contratos. “Récord histórico de colocación en producto en UN solo día”, le decía a Blesa por correo electrónico uno de sus colaboradores.
Nada del contenido de los correos fue objeto de interrogatorio hoy. Por la mañana, el juez Andreu había rechazado incorporarlos a la causa, alegando que Elpidio José Silva los obtuvo de forma irregular, según falló la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado recurre a jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual una prueba obtenida de forma ilícita, y que afecte a derechos fundamentales, queda anulada para cualquier otra causa y además podría contaminar el procedimiento al que se incorpore.
Blesa descargó en la Dirección de Marketing la decisión sobre el perfil de idoneidad del inversor elegido por Caja Madrid, el tríptico informativo que se les presentaba y el argumentario que llegaba a las oficinas, donde los empleados de Caja Madrid se llevaban un 3 por ciento de bonificación por las preferentes vendidas. A otro departamento, el de Cumplimiento Normativo, le correspondía, según Blesa, supervisar el test para evaluar a los posibles clientes.
Asimismo, Blesa puso el acento en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España llevaban a cabo un estricto control de Caja Madrid y que los supervisores nunca advirtieron de irregularidades con la comercialización de las preferentes. Un informe posterior de la CNMV, fechado en febrero de 2013 y desvelado por eldiario.es, concluyó que Caja Madrid incumplió la ley de manera continuada al vender preferentes a pequeños ahorradores a un precio que no correspondía.
Blesa también cargó contra el Banco de España al asegurar que mientras él fue presidente de Caja Madrid “siempre” se pagaron las preferentes y que fue en tiempos de Bankia, después de que el regulador obligara a la fusión de siete cajas, cuando comenzaron los problemas.
Andreu no pregunta
El exbanquero había adelantado que solo iba a contestar al juez, el fiscal y su abogado. Sin embargo, el instructor, Fernando Andreu, no realizó pregunta alguna a Blesa. Andreu abrió una pieza separada del ‘caso Bankia’ para investigar las preferentes obligado por la Sala de lo Penal. El juez pretendía que fueran los juzgados locales quienes investigaran la venta de las participaciones o que los ahorradores recurrieran al arbitraje. La Sección Tercera dejó fuera de la Audiencia Nacional la venta en las sucursales y el case posterior de operaciones, pero avaló la investigación sobre el plan concebido por la cúpula de Caja Madrid.
La investigación de la pieza separada se centra, por tanto, en conocer “si para paliar, retrasar u ocultar” el deterioro de la Caja, sus directivos decidieron “captar activos” con los 3.000 millones de euros en preferentes y “disfrazar la situación de insolvencia”, según dictó la Sala. Blesa negó la mayor. Según él, las preferentes se idearon en mayo de 2009 para aumentar los recursos ya abundantes de por sí de la Caja. En ese momento la entidad disponía de 13.300 millones de euros en recursos propios, 3.300 más de lo que le exigía el Banco de España, defendió hoy.
Tras Blesa prestó declaración, también como querellado, Gonzalo Martín Pascual. El exmiembro del Consejo de Administración en representación de UGT reconoció que ocupaba la silla sin ninguna formación bancaria y que jamás leyó completa una carta de la entidad. Afirmó que en julio de 2009 se abordó en el Consejo la bajada de calificación crediticia y que nunca se le consultó sobre el test de conveniencia para clientes.
Por último, prestó declaración Gerardo Díaz Ferrán, que llegó a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Soto del Real. Díaz Ferrán declaró que durante todo 2009 delegó su voto en Miguel Blesa porque entonces estaba ocupado en la reforma laboral del Gobierno de Zapatero y en sus problemas con Aerolíneas Argentina. Solo una vez asisitió a una reunión, añadió, en la que otro consejero preguntó por la situación de Caja Madrid. Blesa respondió que todo era correcto.