El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volvió a sentarse este viernes ante un juez por la compra de un banco estadounidense que causó 500 millones de pérdidas a la entidad. Lo había hecho en dos ocasiones con anterioridad y en ambas acabó igual, camino de la cárcel de Soto del Real. En esta ocasión, salió libre y sin medidas cautelares, aunque fuera le aguardaba otro castigo: una treintena de afectados por las preferentes que insultaron y zarandearon al exbanquero.
El de este viernes ha sido el primer interrogatorio al imputado Blesa por parte del juez Juan Antonio Toro, sustituto de Elpidio José Silva. El primer instructor de la causa está a punto de sentarse en el banquillo acusado de prevaricar en la investigación a Blesa. Ante el nuevo instructor, la defensa de Blesa recordó que resoluciones judiciales que no están suficientemente fundamentadas han conducido a Silva camino del banquillo. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, interpretó el comentario del letrado Carlos Aguilar como una advertencia al nuevo instructor.
Otra fuente presente en la declaración aseguró, sin embargo, que el abogado de Blesa aludió a la situación de Silva al oponerse a la petición de medidas cautelares de la acusación popular. Según esta versión, Aguilar dijo que la petición de Manos Limpias de que le retiraran el pasaporte a su defendido y le obligaran a comparecer cada quince días no era más que una forma de apoyo al juez que en dos ocasiones y con anterioridad, adoptó la más grave de cuantas medidas cautelares contempla la ley, el envío a prisión provisional de Blesa.
Al término de la declaración, el juez dictó dos autos en los que fundamenta la negativa a la adopción de medidas cautelares, que también habían sido solicitadas para Rafael Sánchez Lozano, otro de los imputados. El sustituto de Silva dice que para retirar el pasaporte a Blesa se debería dar riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, “lo que no se produce en este momento procesal”. Y añade que en el estado actual de la instrucción, “solo existen sospechas y es necesaria una investigación más amplia para poder tener elementos suficientes, para que las sospechas sean al menos indicios, que por ahora no tenemos”.
Defiende la compra
Durante su declaración, Miguel Blesa defendió la compra del City National Bank de Miami como una operación ajustada a la legalidad y realizada con total publicidad. Si no se informó a la Comunidad de Madrid de la operación fue porque no era necesario. Sin embargo, según fuentes de la acusación popular, la Ley de Cajas obliga a informar de cualquier operación de adquisición si ésta supera el 5% de los recursos propios de la entidad que compra. Miguel Blesa defendió hoy que si se hubiera dado esa irregularidad, la Comunidad de Madrid habría abierto una investigación, algo que no hizo.
Blesa negó que el hecho de que se partiera la compra –primero en un 83% y luego en el 17% restante- se debiera a un intento por encubrir la operación. La explicación de Blesa fue que con ese adquisición en dos partes se pretendía retener al presidente de la entidad estadounidense porque era muy valorado por Caja Madrid.
Además de Blesa declararon otros seis miembros de la dirección de Caja Madrid en la época, incluido su mano derecha, Ildefonso Sánchez Barcoj. Este negó haber participado en la operación de compra, aunque según defiende Manos Limpias existe un documento incorporado a la causa en el que se le cita expresamente. Por su parte, Rafael Sánchez Lozano, responsable de las inversiones internacionales, también negó cualquier poder de decisión. En Blesa y en estos dos colaboradores pretende centrar la acusación sus acciones futuras. Además, Manos Limpias quiere que declare Estanislao Rodríguez Ponga, miembro de aquel consejo de administración y que en dos ocasiones se pronunció en contra de la compra del City National Bank of Miami. Después, avaló la adquisición.