El pleno del Tribunal Constitucional se reúne este miércoles con una mayoría de miembros progresistas por primera vez en una década, pero lo hace tras un primer choque entre sus integrantes. Dos magistrados de este sector, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, se disputarán la presidencia del tribunal de garantías después de que una reunión de ese sector del pleno terminara sin acuerdo este martes. La incertidumbre sobre el voto que puede decantar la balanza deja en el aire la unidad del bloque progresista en un mandato clave para el Constitucional con sentencias pendientes sobre la Ley del Aborto, la de Eutanasia o la de Educación, entre otras.
En los últimos días el entorno de María Luisa Balaguer, catedrática de derecho constitucional, dejaba claro que no tenía intención de dar un paso atrás en la contienda por la presidencia del Constitucional. Su campaña electoral arrancó formalmente tras la costosa toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, pero oficiosamente lleva meses en marcha, con la duda de si Cándido Conde-Pumpido sería el elegido o si los recién llegados podrían decantar la balanza a favor de Balaguer.
Magistrado de la sala penal del Supremo y fiscal general entre 2004 y 2011 durante las dos legislaturas de Zapatero, Conde-Pumpido quiere presidir el Constitucional aunque la habitual distancia entre magistrados y los micrófonos evite que esa afirmación esté en alguna hemeroteca salida de su propia boca. En las cuentas que hacen en el propio tribunal, el exfiscal general cuenta con apoyos suficientes dentro de los progresistas como para posicionarse como favorito, pero con otra posibilidad sobre el papel: que Balaguer sea apoyada por los conservadores y que una de las últimas incorporaciones al tribunal, María Luisa Segoviano, también se ponga de su parte.
Este tipo de votaciones responden, por un lado, a las normas escritas: la elección es secreta, en una primera ronda el candidato debe obtener la mayoría absoluta y en segunda votación sale elegido el que obtenga más apoyos que su rival. Pero también se rigen por normas no escritas: el sector progresista y el conservador buscan, aunque no siempre sea posible, pactar previamente una presidencia –del sector en mayoría– y una vicepresidencia –del sector en minoría– y sacar ambas adelante sin votos en contra.
Así sucedió cuando el conservador Pedro González-Trevijano fue elegido presidente en 2021. En otras ocasiones ha habido votaciones más ajustadas, por ejemplo cuando María Emilia Casas se convirtió en 2004 en la primera mujer presidenta del organismo con siete votos a favor y cuatro en contra, o cuando Manuel Jiménez de Parga lo hizo con siete a favor y cinco en contra. Para encontrar un posible empate hay que remontarse tres décadas atrás en los registros: cuando Miguel Rodríguez-Piñero le arrebató la presidencia a Luis López Guerra por su edad después de varios empates en las votaciones.
El empate definitivo no es un escenario viable en la votación que encara el pleno este miércoles porque hay 11 miembros, número impar que se mantiene mientras el Senado no nombre un sustituto para Alfredo Montoya, que renunció a su sillón en la calle Domenico Scarlatti por problemas graves de salud. Solo las abstenciones podrían provocar un empate en segunda votación que llevara a decidir la presidencia del Constitucional por el criterio de edad, donde triunfaría Conde-Pumpido por cuatro años de diferencia sobre Balaguer. Habría que tirar de partida de nacimiento porque el filtro anterior, el de antigüedad en el tribunal, tampoco serviría para deshacer el empate: los dos fueron nombrados el 10 de marzo de 2017.
Las cuentas que echan estos días en el Constitucional dejan todo en manos de un voto: el de María Luisa Segoviano. La primera mujer presidenta de sala del Tribunal Supremo se incorporó a última hora a la renovación después de meses de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial por parte del bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces. Los progresistas, tras varias votaciones fallidas, cedieron para desbloquear la renovación y aceptaron sustituir a su candidato José Manuel Bandrés por Segoviano, la magistrada progresista propuesta por los conservadores y a la que era difícil decir que no: de marcado perfil feminista en sus sentencias y declaraciones públicas y la primera mujer en presidir una sala, la de lo social, en el dilatado historial masculino de la cúpula del Tribunal Supremo.
Conde-Pumpido cuenta con el apoyo de al menos cinco integrantes del bloque progresista, excluyendo a una Balaguer que previsiblemente votará por su propia candidatura. Esta magistrada, en todo caso, necesitaría ser votada por los cuatro miembros del sector minoritario y conservador para llegar a esos cinco apoyos. A partir de ahí, un voto puede decantar la balanza y en el tribunal de garantías manejan con incertidumbre la información de si María Luisa Segoviano votará a Conde-Pumpido o a Balaguer. En ese voto, si se cumplen esas previsiones, estará la presidencia del Tribunal Constitucional para un mandato de mayoría progresista.
Un momento clave para el Constitucional
El sector conservador, en minoría incluso cuando el Senado renueve la vacante dejada por Alfredo Montoya, observa los movimientos de Conde-Pumpido y Balaguer sin revelar expresamente a quién apoyarán, aunque algunos de sus miembros reconocen que prefieren un perfil como el de la catedrática. Después de votos particulares demoledores con el criterio de la mayoría conservadora, como los que escribió en las sentencias sobre el estado de alarma, las condenas del procés o recientemente en la paralización de la reforma del Gobierno para desatascar la renovación, voces del sector conservador consideran que sería una presidenta más cercana a la suma y el consenso que Conde-Pumpido.
En la práctica esto significa que en el sector conservador, ante la imposibilidad de aspirara a nada más que la vicepresidencia, darán su apoyo a Balaguer si eso significa acabar con las opciones de Conde-Pumpido, a quien consideran menos conciliador que su rival. Una conciliación entre bloques a la que aspiraba Pedro González-Trevijano antes de liderar uno de los plenos más divididos que se recuerdan en la historia del tribunal.
La importancia de ostentar la presidencia del Constitucional no radica en un voto de calidad o un poder especial para dictar sentencias en uno u otro sentido. El voto de la presidencia vale lo mismo que el de cualquier otro magistrado y sus ponencias no tienen ningún valor superior a las del resto. Pero el presidente del tribunal es quien maneja la agenda y quien puede, llegado el momento, someter o no a votación un asunto.
Un ejemplo es la ley del aborto. El Partido Popular recurrió esta norma en junio de 2010 y a día de hoy sigue sin estar resuelto. Los primeros tres años de tramitación del recurso correspondieron a la presidencia del progresista Pascual Sala y el resto a las presidencias conservadoras de Francisco Pérez de los Cobos, Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano. Tanto tiempo ha estado el asunto en barbecho que el ponente, el exdiputado del PP Andrés Ollero, ha abandonado el tribunal y ahora el caso está en manos de otro conservador, Enrique Arnaldo.
La capacidad para manejar la agenda del tribunal se mezcla con el juego de mayorías que no siempre implica que conservadores y progresistas voten en dirección contraria, o que ambos bloques lo hagan de manera unitaria. Casos como el estado de alarma difuminaron el significado de ambas etiquetas, por ejemplo. Que exista división a la hora de elegir la presidencia tampoco presagia división de criterios en futuras votaciones.
En ese contexto, y con la primera mayoría progresista en una década, el Constitucional afronta una serie de deliberaciones de gran calado jurídico, social y político: los recursos contra la Ley del Aborto, la de Eutanasia, la Ley Celaá de Educación, la Ley contra la Violencia y Abusos a Menores, la reforma del Consejo General del Poder Judicial para impedir los nombramientos una vez caducado su mandato y también la retirada del escaño de Alberto Rodríguez, entre otros asuntos.