El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 2 de septiembre la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que estuvo a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de 'Tsunami Democràtic' hasta que archivó la causa, después de que el magistrado solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adelantar a este día desde el 16 de octubre, cuando cumple 72 años.
En concreto, el BOE ha publicado el acuerdo del pasado 20 de junio de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara “la jubilación forzosa por edad” del magistrado Manuel García Castellón, hasta ayer titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El decreto está firmado por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte.
García Castellón, con una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional y en otros cargos como juez de enlace con Francia e Italia, solicitó en 2022 prorrogar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años. El pasado mes de junio, el CGPJ aprobó la petición del juez de adelantar su jubilación del 16 de octubre –cuando cumple 72 años– al 2 de septiembre.
Tras regresar a la Audiencia Nacional, en 2017 García Castellón se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo y Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.
Desde el Central de Instrucción Seis, García Castellón fue también el encargado de dirigir las investigaciones del caso de 'Tsunami Democràtic'. El pasado 9 de julio el juez archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite.
Esto provocó que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el expresidente de Catalunya Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con dicha organización.