Ocho de los diez vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones pactaron en la noche de este martes bloquear por el momento la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces, confirman fuentes de la institución a elDiario.es. La voluntad de este grupo es no votar a ningún candidato —ni suyo ni del bloque progresista— en el pleno extraordinario convocado para este jueves para acordar estos nombramientos y pedir que se pacte un sistema de elección y votación. Sostienen que solo una vez fijadas esas “reglas del juego” se podrían alcanzar hipotéticos “consensos” sobre los nombres.
Sin el respaldo de estos ocho vocales será inviable hacer los nombramientos esta semana, pues éstos deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno. El bloqueo a la renovación inminente del tribunal de garantías eleva la tensión entre el caducado órgano de gobierno de los jueces y el Gobierno, que en principio pretende esperar a que se hagan estas designaciones para nombrar a los otros dos magistrados que le corresponden y que, previsiblemente, permitirán acabar con la mayoría conservadora del Constitucional.
Este acuerdo lo suscriben los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, que se reunieron el martes por la noche en un restaurante de Madrid. Todos fueron elegidos en 2013 a propuesta del PP. Todos menos Martínez Moya votaron el pasado julio en contra del nombramiento de Álvaro García como fiscal general del Estado. El acuerdo con la posición sobre la renovación del Constitucional se suscribió en una cena celebrada en Madrid a la que no asistieron los también conservadores Vicente Guilarte y Wenceslao Olea.
Este movimiento constata las resistencias de parte de los vocales del sector conservador a aceptar una reforma que permitió al CGPJ recuperar sus atribuciones en la elección de jueces del Constitucional pero no de otros tribunales como el Supremo. El órgano de gobierno de los jueces camina hacia los cuatro años con el mandato caducado y mantiene desde 2013 una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta.
“Tiempos de decisión”
Los vocales críticos dicen situarse en defensa de la “institucionalidad” y sostienen que es imprescindible que se respeten los “tiempos de decisión” del CGPJ, en alusión al plazo fijado en la reforma que el pasado julio devolvió a este órgano la capacidad de realizar nombramientos en el Constitucional y que fija el 13 de septiembre como fecha tope para realizar estas designaciones. Fuentes de este sector cuestionan que estas designaciones puedan dejar todavía más mermado el Supremo, que tiene varias vacantes en su plantilla que no pueden ser renovadas, pues lo habitual es que los candidatos para el tribunal de garantías salgan del Alto Tribunal.
El presidente, Carlos Lesmes, se ha empleado a fondo en los últimos días y semanas para evitar este boicot. Al tiempo que sondeaba a jueces del Supremo dispuestos a ocupar esas plazas, ha incrementado las gestiones para recabar apoyos en el sector conservador y que las designaciones se produjeran. Pero no lo ha logrado. Al menos, por el momento. De hecho, este último movimiento evidencia que ha perdido el “control” del ala conservadora, según las fuentes consultadas.
Este lunes, en una inusual intervención ante los medios, el presidente insistió en que los vocales deben “cumplir la ley” y censuró que la institución se declare “en rebeldía” por mucho que a él tampoco le guste la reforma que el pasado julio devolvió al CGPJ la capacidad de realizar nombramientos en el Constitucional pero no en otros órganos fundamentales. Por ejemplo, calificó de “desoladora” la situación en el Alto Tribunal, que ha perdido más de una decena de jueces por jubilaciones y fallecimientos sin que se hayan podido cubrir esas vacantes como consecuencia del bloqueo en la renovación del CGPJ y de la reforma que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial.
Visiblemente enfadado, Lesmes negó que detrás de su voluntad de que el CGPJ cumpla la ley y nombre a estos magistrados esté su interés de ser aupado al Constitucional como han afirmado informaciones periodísticas y se autodescartó para ser candidato al órgano de garantías en “un futuro inmediato”. A su juicio, el objetivo de esas acusaciones es “mediatizar” su posición y evitar que se hagan esos nombramientos, si bien advirtió de que no se va a “tambalear”. “Las leyes hay que cumplirlas”, aseveró. Estas palabras han irritado a parte del sector conservador, donde recuerdan que ninguna ley establece la obligación de llegar a acuerdos y que Lesmes, por mucho que sea el presidente, cuenta con “un único voto”. Lesmes insistió en que los nombramientos debían hacerse en plazo aunque el acuerdo no llegue necesariamente esta semana.
Los ocho vocales de la minoría progresista, desunidos en muchas votaciones clave de este mandato, sí coinciden ahora en que hay que renovar el tribunal de garantías. No hacerlo, sostienen algunos de sus miembros, aumentaría el descrédito del órgano de gobierno de los jueces y les situaría como incumplidores de la ley. Estos vocales —seis elegidos a propuesta del PSOE, uno del PNV y una de IU— tienen previsto reunirse este miércoles para decidir su candidato y trasladárselo después al presidente.
Los progresistas tienen encima de la mesa varios nombres. El que parece contar con más opciones es José Manuel Bandrés, aunque también se barajan los de Pablo Lucas y Ángeles Huet. Los tres forman parte actualmente de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Supremo.
En medio de este clima de tensión se celebra este miércoles el Acto de Apertura Judicial, en el que Lesmes volverá a pedir la renovación del CGPJ, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.