Bolaños adelanta que el Gobierno dirá al Supremo que el operativo para detener a Puigdemont dependía de los Mossos

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ministerio del Interior responderá este mismo martes a la petición de información que le hizo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en relación a la huida de Carles Puigdemont tras reaparecer en Barcelona la semana pasada.

Bolaños ha afirmado que en ese escrito, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska reiterará que “el operativo que tenía que garantizar que el debate de investidura de Salvador Illa se desarrollara con normalidad y también el operativo para la ejecución de la orden de detención [del expresident de la Generalitat] era de los Mossos”. 

Además, siempre según lo anunciado por el ministro, Interior recordará en su respuesta al juez Llarena que España y Francia son dos países de la Unión Europea, que forman parte del espacio Schengen y que “hay libertad de circulación y no hay control fronterizo”. 

El escrito llega apenas tres días después de que el magistrado Llarena pidiera explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior sobre qué falló en el operativo policial para que el expresident se esfumara ante cientos de personas. En sendas providencias, el magistrado solicitó detalles sobre “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial” y sobre cuál era el operativo “inicialmente aprobado” y que órdenes se dieron para su arresto en la frontera.

También pidió identificar a “los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue”. El instructor de la causa del procés, por tanto, quiere conocer el detalle de quién diseñó la detención de Puigdemont, quién daba las órdenes sobre el terreno y qué falló para que se esfumara sin poder ser detenido. 

La decisión sobre la amnistía

Por otro lado, el titular de Justicia ha afirmado que el Gobierno ya mostró en su día su “discrepancia” con los argumentos jurídicos y las valoraciones políticas que hacía el juez Llarena en el auto en el que rechazó aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y consideró que el delito de malversación por los gastos del procés no entraba en el perímetro de la norma.

En ese sentido, Bolaños ha asegurado que esa “discrepancia” la comparten todas las partes que están personas en ese procedimiento excepto la extrema derecha Vox. Y ha recordado que tanto como la Fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido la decisión del magistrado. “Ahora tenemos que esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para aplicación de una ley que es clara”, ha aseverado.