Bousselham explica ante García Castellón que no tiene nada que perdonar a Iglesias

Dina Bousselham ha explicado esta mañana en la Audiencia Nacional que no tiene nada que perdonar a Pablo Iglesias en el caso de la tarjeta de su teléfono móvil, cuyo contenido apareció publicado en varios medios de comunicación, porque nunca ha denunciado al antiguo líder de Podemos, para el que trabajó como colaboradora, y porque tanto él como ella son perjudicados en esta pieza separada del caso Villarejo, han informado fuentes jurídicas.

Bousselham ha sido la primera en comparecer esta mañana en la última ronda de declaraciones del caso, que el juez Manuel García Castellón considera ya agotado una vez el análisis de la tarjeta no permite imputar a Pablo Iglesias un delito de daños informáticos.

En la pieza hay dos periodistas investigados por revelación de secretos, en relación con la entrega al comisario Villarejo de la tarjeta que llegó a la revista Interviú de forma anónima, según declararon. El abogado de los periodistas ha preguntado a Bousselham si estaba aplicando un “perdón selectivo”, distinguiendo entre Iglesias y sus defendidos, y la perjudicada ha contestado entonces que a Iglesias no tenía nada que perdonarle, a diferencia de a los periodistas, de cuya conducta ha reprochado que nunca contactaran con ella al recibir la tarjeta.

Bousselham ha tachado de “machista” la actitud de los periodistas al haber sido entregada la tarjeta a Iglesias, su jefe, y no a ella a principios de 2016. En ese momento ha terciado García Castellón, quien ha preguntado a la perjudicada si la actitud de Pablo Iglesias no fue igualmente machista. La excolaboradora de Iglesias en los primeros tiempos de Podemos ha explicado que su entonces jefe y ella tenían una relación de confianza profesional según la cual ella podía consultar contenido de su tablet y él el del teléfono móvil que luego fue robado y su contenido difundido en informaciones que afectaban al partido.

El juez García Castellón llegó a retirar la condición de perjudicado a Iglesias en el caso, pero la Sala de lo Penal rectificó aquella decisión. Aun así, el magistrado propuso al Tribunal Supremo imputar al entonces vicepresidente segundo del Gobierno, lo que el Alto Tribunal descartó. García Castellón continuó con la investigación en la línea de descubrir indicios contra Pablo Iglesias por haber retenido meses la tarjeta de Bousselham que le había entregado el consejero delegado del Grupo Zeta, al que pertenecía la revista Interviú, y por haber supuestamente dañado el dispositivo para impedir el acceso al mismo. El juez siguió con esta línea de investigación pese a que la Fiscalía y la Sala de lo Penal le habían indicado que la “principal hipótesis” es que las copias de la tarjeta que llegaron a los medios procedían “la organización criminal de Villarejo”.

En el registro del domicilio del comisario apareció una copia del contenido del teléfono. Villarejo declaró que había entregado un pendrive a sus superiores con la copia que le habían suministrado los periodistas de Interviú, quienes alegan haber actuado a requerimiento policial. Durante la mañana también ha declarado el jefe de todos esos policías, el exdirector adjunto operativo del Cuerpo Eugenio Pino, quien ha dicho que a él nadie le entregó copia del teléfono, al tiempo que ha añadido que desconoce si alguno de sus subordinados sí que recibió el material.

Eugenio Pino, artífice de la brigada política que actuó contra la oposición en la primera legislatura de Rajoy, ha añadido que en su época nunca hubo una investigación a Podemos “porque a los partidos no se les puede investigar”. En este sentido, ha reconocido que en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa se investigó a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge y que aquellos hechos forman parte en la actualidad de “causas secretas”.

Los daños en la tarjeta

Bousselham ha mantenido la segunda de sus versiones sobre el estado de la tarjeta cuando se la entregó Iglesias. En una primera declaración aseguró que nunca pudo acceder a su contenido cuando su antiguo jefe se la devolvió, en el verano de 2016, pero después matizó en un escrito al juez que sí pudo acceder a parte de ella. Esta mañana ha insistido en que una vez Iglesias le entregó el dispositivo, comprobó que estaban fotos y documentos que le interesaban por su privacidad y que cuando en una segunda ocasión intentó volver a consultar la totalidad del dispositivo ya no pudo acceder a él.

Esta mañana también han declarado su antigua pareja, Ricardo Sa Ferreira, que llegó a enviar la tarjeta a una empresa de Gales para intentar, sin éxito, recuperar el contenido de la misma, y los peritos de la Policía Científica autores del informe en el que concluyen que no se puede acceder al contenido y que tampoco se puede afirmar que los daños que presenta este sean distintos a los que produjo la empresa informática en sus trabajos fallidos de extracción de datos.