Brasil celebró hoy el Día Nacional del Indio en medio de polémicos proyectos de ley que a juicio de organizaciones sociales y activistas amenazan los derechos constitucionales de los indígenas y de un creciente número de asesinatos y ataques a las comunidades.
En 2015 fueron registrados 130 asesinatos de indígenas en todo el país, tanto en el campo como en las grandes ciudades, según el consejo Indigenista Misionero (Cimi), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB).
La estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) calculó que en 1.500, cuando llegaron los conquistadores portugueses, la población indígenas era de tres millones, número reducido a los actuales 896.900 de acuerdo con los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
“Los territorios indígenas impiden el avance de la concentración de tierras y poder porque son territorios con un modo de vida completamente diferente de una tierra enfocada para la exportación”, dijo a Efe Paulo César Moreira, coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), también de la Iglesia católica.
El pasado 15 de abril, la CPT señaló que en 2015 se cometieron 50 asesinatos en el campo por litigios de tierras, de los que 40 ocurrieron en la región amazónica y cinco de ellos tuvieron como víctimas a indígenas.
“Los asesinatos, las amenazas y los intentos de asesinato fueron en su mayoría contra los 'Sin Tierra', pero eso no significa que no existan conflictos indígenas porque es una cuestión de avance de frontera y de una violencia que se expande”, destacó Moreira.
Los problemas de los indios brasileños no se restringen al campo, y un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) aprobado por la Comisión Especial de Demarcación de Tierras Indígenas de la Cámara de Diputados pretende retirar el Ejecutivo esa facultad y entregarla al propio Congreso.
En el Parlamento brasileño no existe representación indígena, como establecen las Constituciones de algunos países vecinos.
El secretario adjunto del Cimi, Gilberto Vieira dos Santos, defendió que en un “escenario ideal” en el Congreso la demarcación debería pasar por un proceso “más riguroso”, apoyado en estudios de tierras y etnográficos.
“Ese no es un papel que se podría aplicar al Legislativo, que tiene un papel específico de legislar”, criticó Vieira dos Santos, quien recordó otras leyes que, a su juicio, atentan contra los derechos indígenas amparados en la Constitución de 1988.
Entre esos proyectos que se tramitan en el Legislativo está el que autoriza la explotación de recursos naturales en tierras indígenas sin la autorización de las etnias.
“La situación indígena se ha agravado debido justamente a toda la ofensiva desde el punto de vista legislativo, con la violencia institucional de querer retroceder en los derechos ya conquistados y pasando por encima de la Constitución”, subrayó Moreira.
Según el activista, la aprobación de esos proyectos llevaría a un recrudecimiento de los conflictos en las comunidades indígenas, que no renunciarían a sus derechos y para la defensa de sus tierras quedarían en una situación “extremadamente grave”.
“Ellos tratarán de fortalecerse y articularse para continuar la lucha por la demarcación de su territorio. Es la instalación de una guerra abierta que ya se está viviendo con ese derroche de violencia que se ha perpetuado”, concluyó Moreira. Por Cleyton Vilarino