Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que la adquisición de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular y que en las actas constaba que el precio de compra era de 73 millones de dólares.
Durante hora y media, el presidente de Adif ha declarado como investigado ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y ha contestado a todas las preguntas que le han formulado sobre esta operación la fiscal Ana Cuenca, las defensas y la acusación que ejerce Adade en esta causa, han informado fuentes presentes en la declaración.
Ha explicado al juez que dado que esta compra se produjo en 2001, ha tenido que repasar lo que ocurrió en los dos consejos del Canal y en el Consejo de Gobierno autonómico en los que se dio luz verde a la operación.
Para ello ha recopilado la mayor parte de la documentación que obra en la causa, además de pedir documentos también a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II, que se los negó alegando que el juez no lo había permitido, si bien al parecer ya existía esa autorización, según las fuentes consultadas.
La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.
A este respecto Bravo ha relatado que un despacho de abogados asesoró al Consejo a través de un informe señalando que si una de las condiciones para la compra era que se hiciese a través de esa sociedad se hiciese así y una vez hecha la operación se disolviera la sociedad inmediatamente.
También, según su relato, fue necesaria la autorización del Consejo de Gobierno y de la comisión de Hacienda para permitir la creación de la empresa Extensia, que fue constituida el mismo mes de la operación, y su endeudamiento para proceder a la compra de Inassa a través de la citada mercantil panameña.
Además de Bravo han declarado como investigados el consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal Agapito Ramos; un alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid con Ruiz-Gallardón de alcalde y Miguel Ángel Saldaña, quienes han corroborado la versión de Bravo de que la compra fue regular.
Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del Canal en 2001, cuando se produjo la operación.
Esta nueva ronda de declaraciones en Lezo por la compra de Inassa empezó la pasada semana con la comparecencia como investigado del que fuera consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo, quien negó irregularidad alguna en la adquisición de la filial y dijo desconocer el grado de conocimiento de Ruiz-Gallardón sobre esta operación.
La semana que viene esta previsto que declare también como investigado Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que dimitió de este cargo al ser imputado en Lezo.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y ministro de Justicia está desde hace meses bajo la lupa de la Fiscalía, a cuya instancia el juez ha pedido a la Comunidad que identifique a los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.
Con estas diligencias, el juez pretende “impulsar” la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra “en una fase muy incipiente”.
Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.
Una operación que para la Fiscalía adoleció de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público”, que se centraron principalmente “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”.
Hay además “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar”.