Bruselas apremia a España a renovar el Poder Judicial antes de la presidencia de la UE tras una visita de Bolaños

Dentro de cuatro meses, España asumirá la presidencia rotatoria de la UE y, prácticamente al mismo tiempo, la Comisión Europea emitirá su nuevo informe sobre la situación del estado de derecho en los estados miembros en el que el pasado año advirtió de la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encamina a los cinco años de bloqueo. Ahí se enmarca la fugaz visita que ha hecho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a Bruselas, donde se ha reunido con la vicepresidenta encargada de valores y transparencia, Věra Jourová, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders, con quienes ha abordado el bloqueo del Poder Judicial español.

Tras la cita, la Comisión Europea ha vuelto a apremiar a España a renovar el Poder Judicial –para lo que fuentes del gobierno comunitario esperan avances antes de que Pedro Sánchez asuma la presidencia de la UE en julio– y a impulsar, inmediatamente después, una reforma para modificar el sistema de elección. El orden de esas exigencias ha sido uno de los objetos de conflicto en el bloqueo dado que el PP, primero con Pablo Casado y luego con Alberto Núñez Feijóo, se ha escudado en el gobierno comunitario para intentar modificar el sistema antes de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno con las normas que llevan vigentes más de tres décadas. Aunque el actual jefe de la oposición llegó a renunciar a esa condición previa en la última negociación, ahora la ha retomado.

“Nuestra posición es muy conocida en este asunto –ha expresado el portavoz para asuntos judiciales, Christian Wigand–. Hay procedimientos importantes para renovar el Consejo como un asunto prioritario e inmediatamente después de eso lanzar un proceso de reforma del sistema de renovación”. Eso, ha recordado, es lo que decía el último informe sobre el estado de derecho en España en sus recomendaciones publicado el pasado verano. Lo que quiere Bruselas es que se cambie el modelo para que al menos un 50% del CGPJ lo elijan directamente los jueces.

En el PSOE sostienen que en el actual sistema ya participan los miembros de la carrera judicial porque hacen una preselección de los posibles candidatos para los puestos que la ley reserva a la judicatura. Y, de esos nombres, el Congreso y el Senado eligen a los miembros por una mayoría cualificada de tres quintos. El PP, sin embargo, se aferra a la exigencia de la Comisión Europea para, por un lado, bloquear la renovación con el sistema vigente y, por otro, pelear por un sistema que beneficia a los conservadores, que son mayoría en la carrera judicial.

“Nuestra posición es clara y permanecemos disponibles para apoyar el diálogo. Pero, por supuesto, la solución tiene que encontrarse en España”, ha dicho Wigand. El PP maniobró en Bruselas para mantener su bloqueo al Poder Judicial en vísperas de la visita a España del comisario de Justicia, Didier Reynders, hace unos meses. Ya entonces Reynders puso la presidencia española como fecha orientativa para la renovación del CGPJ: “Estaría muy bien que al comienzo de su Presidencia demuestre que fue posible implementar las distintas recomendaciones”. “Sería un buen ejemplo”, agregó.

El Ministerio de Presidencia ha informado del encuentro en un comunicado en el que asegura que Bolaños ha presentado a Reynders el acuerdo alcanzado con el PP el pasado mes de octubre y que Feijóo rompió unilateralmente. Según la nota de prensa, aquel pacto se hizo “siguiendo con las recomendaciones de la propia Comisión”. El documento contemplaba una cláusula para evitar las puertas giratorias entre la política y la judicatura al imponer la imposibilidad de volver durante un periodo de dos años. También exigía una antigüedad de 20 años de “servicio activo en la carrera judicial” para ser nombrado magistrado del Supremo.

Bolaños “ha mostrado su deseo de que el Partido Popular firme el acuerdo ya negociado para que se pueda proceder a la renovación de este órgano, cumpliendo, de esta manera, la Constitución española y la recomendación y el deseo de la Comisión Europea de que se renueve urgentemente el CGPJ”, dice el comunicado del Gobierno.

“El ministro ha destacado hitos relacionados con las recomendaciones realizadas por la Comisión en su informe anterior, tales como la aprobación del anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés o el proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia”, agrega el comunicado. No obstante, el informe tiraba de las orejas también a España por la vinculación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado -que el Ejecutivo no pretende modificar- o por la ley de secretos oficiales, que se presentó en primera vuelta en el Consejo de Ministros en agosto, pero sigue en el cajón de Moncloa.