Bruselas ha enviado por ello una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que es el primer paso de un procedimiento de infracción y da un plazo de dos meses al Estado miembro para cumplir con la legislación comunitaria.
Las reglas de la Unión Europea obliga a pagar una compensación financiera al trabajador por sus días de vacaciones no disfrutados cuando concluye la relación laboral, una condición que no aplican en la Guardia Civil, según ha explicado la institución comunitaria.
La directiva europea pretende con esta exigencia garantizar que los trabajadores no puedan perder su derecho a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas al finalizar un contrato, aunque sea en forma financiera.
En caso de que pasado el plazo de dos meses las autoridades siguieran sin cumplir con el requerimiento comunitario, Bruselas podría optar por dar un paso más y enviar un dictamen motivado que inste al Gobierno a transponer la norma y, en última instancia, podría acudir al Tribunal de Justicia de la UE.