España ya explicó sus mecanismos de control antes de ser aprobados sus planes de recuperación, recuerda el Ejecutivo comunitario. Fue en abril, cuando el plan español recibió 10 sobresalientes y un notable. A partir de entonces, recibió 9.000 millones en prefinanciación. Luego, en noviembre, firmó unas disposiciones operativas para el primer tramo. Y a finales de diciembre Bruselas desembolsó otros 10.000 millones de euros. En total, la Comisión Europea, que también señala la existencia de sistemas comunitarios para fiscalizar el buen uso de los fondos europeos, ya ha transferido a España 19.000 millones de euros de los fondos de recuperación. Y lo ha hecho antes que a ningún otro país.
Tras intentar boicotear los fondos europeos en Bruselas, el PP lanza ahora una ofensiva contra el reparto que está llevando a cabo el Gobierno del dinero entre las diferentes administraciones. La batalla la dará en los tribunales, a los que ya han acudido gobiernos autonómicos del PP, y también a nivel político. Los alcaldes conservadores pretenden que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se posicione contra el Ejecutivo, como ya lo ha hecho en otros momentos de la pandemia. En Moncloa, por su parte, rechazan las denuncias de partidismo y recuerdan que la adjudicación responde a criterios establecidos en las conferencias sectoriales, donde están representadas todas las comunidades.
La portavoz comunitaria para asuntos económicos, Veerle Nuyts, ha sido preguntada este viernes sobre la denuncia de la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sus implicaciones en la implementación del plan español de recuperación. “No comentamos sobre estos asuntos concretos, que son de naturaleza nacional, pero creo que es muy importante recordar que el Fondo de Recuperación y Resiliencia requiere de un marco de control que se adapte y sea proporcional a su naturaleza única como un programa basado en objetivos”.
Así, Nuyts ha señalado que “los sistemas nacionales de control de los Estados miembros serán el principal instrumento para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, y los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos. de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación. Los Estados miembros deben explicar, y España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia, las disposiciones pertinentes para lograr precisamente eso. Aunque no comentamos un posible impacto de este procedimiento [el de Ayuso ante el Supremo] en la implementación [del plan], queremos recordar que la Comisión espera que el plan español se implemente según lo acordado”.
La portavoz comunitaria, además, ha explicado que “siempre que hay una solicitud de pago”, como la que presentó España en noviembre, “los Estados miembros deben firmar una declaración de que los fondos se utilizaron realmente para el fin previsto”.
Así mismo, ha recordado Nuyts, “la Comisión también pondrá en marcha su propio sistema de control, con la posibilidad de realizar verificaciones sobre el terreno, por ejemplo, para asegurarse realmente de que los fondos se usaron de manera adecuada”.
“En cualquier caso”, ha insistido, “también está la OLAF [agencia europea antifraude], el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea y la propia Comisión Europea, que pueden acceder a datos relevantes e investigar el uso de los fondos si es necesario, e incluso si se han cumplido los hitos y objetivos”.
En este sentido, si la Comisión Europea encuentra “irregularidades graves y el Estado miembro no toma las medidas oportunas y apropiadas para corregirlas y recuperar los fondos correspondientes, la Comisión también puede tomar medidas”.
El Gobierno no espera preguntas de sus socios
Este lunes y martes hay Eurogrupo y Ecofin en Bruselas, donde se verá con sus socios comunitarios, y el Gobierno español recuerda las declaraciones de la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sobre “la importancia de la existencia de mecanismos institucionales dentro del propio plan que aseguran la correcta utilización de los fondos, un plan que ya aprobó la propia Comisión Europea”.
En este sentido, el Ejecutivo no espera “ningún tipo de problema relacionado con este asunto” en las reuniones económicas de la próxima semana en Bruselas.