La Comisión Europea reitera que España debe proceder con “urgencia” a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha insistido en que esa debe ser la “prioridad”, por encima de cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, que es la condición que vuelve a poner Alberto Núñez Feijóo. “Después de cinco años se hace cada vez más urgente la renovación”, ha dicho Reynders en una rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras participar en una reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.
“Insistir en la renovación e inmediatamente después iniciar una reforma en línea con los estándares europeos”, ha dicho Reynders el mismo día en que el PP ha amenazado con mantener el bloqueo hasta que se cambie el modelo, que está vigente desde 2001 y con el que ha controlado el Poder Judicial durante 22 años.
Reynders sostiene que la preocupación de la Comisión Europea es el bloqueo porque está afectando, además, al funcionamiento de la Justicia y ha admitido que reformar el sistema es más complicado que llegar a una renovación puntual del órgano de gobierno de los jueces. Y considera que una vez pasado el periodo electoral, las fuerzas políticas deben ponerse manos a la obra. Sánchez pretende ponerse en contacto con Feijóo para abordar ese asunto, pero el ministro ha evitado poner una fecha.
“La Comisión Europea está abierta al diálogo y, si nos llega una propuesta que es objeto de un acuerdo de las fuerzas políticas en España, la estudiaremos”, ha dicho Reynders sobre la posibilidad de que el proceso se realice como pide el PP. Pero ha reconocido que ese planteamiento es más difícil: “Los procesos de reforma llevan más tiempo que una renovación. Por ello se nos ocurrió primero la renovación y luego la reforma”.
Y para la Comisión en todos sus informes sobre el estado de derecho desde su primera edición en 2020 la preocupación es el bloqueo del Poder Judicial, por lo que la “prioridad” es que se acuerde una nueva composición para el órgano de gobierno de los jueces.
Los socialistas siempre han rechazado cambiar antes el sistema de elección por dos motivos: uno, porque consideran que es cambiar las reglas del juego en mitad del partido según le conviene al PP, y dos, porque sostienen que la carrera judicial ya participa en el proceso al designar candidatos de entre los que luego el poder legislativo, por mayoría de tres quintos, hace la elección.
“Preguntas y respuestas” sobre la amnistía
Reynders y Bolaños han comparecido en una rueda de prensa monopolizada por los asuntos españoles con un discurso bastante similar respecto a la amnistía después de que el ministro dijera tras su reunión la semana pasada que en Bruselas hay “cero preocupación” por la situación del estado de derecho y la separación de poderes respecto a esa proposición de ley. Al día siguiente, la Comisión Europea le respondió diciendo que no había dicho “aún” que no hubiera preocupación porque el análisis de la norma no está finalizado y no se hará una evaluación hasta que el texto esté aprobado definitivamente. Esta vez han evitado el choque y han echado balones fuera.
“Estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido y transparente para clarificar cualquier aspecto”, ha admitido en esta ocasión Bolaños: “Ese diálogo se desarrolla con preguntas y respuestas”. “Estamos en un proceso de total normalidad con un diálogo normal fluido. Ese diálogo continuará y en cualquier cuestión que la Comisión Europea nos solicite clarificación, lo haremos”, ha apostillado.
También el comisario ha querido enmarcar en la normalidad el análisis que su departamento está realizando sobre la ley de amnistía en base a la cascada de cartas y quejas que ha recibido por parte fundamentalmente de la derecha política y judicial. “Tenemos un procedimiento compartido. No es la primera vez que analizamos un proyecto de texto antes de que sea aprobado”, ha explicado Reynders, que ha recordado que primero pidió acceder al texto y luego “tener respuesta a las preguntas” que ha formulado la Comisión Europea.
A lo que no han respondido ninguno de los dos es qué tipo de clarificaciones son las que necesita el gobierno comunitario si bien Reynders se ha remitido a su discurso en el Parlamento Europeo en el que explicó que la evaluación se produciría una vez que la ley estuviera aprobada definitivamente para tener en cuenta los cambios que pudieran hacerse. “La Comisión llevará a cabo este análisis, sobre este proyecto de ley pero también lo hará con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria y todos los textos que se han llevado a cabo en el marco de la formación del Gobierno en España”, dijo Reynders sobre los acuerdos en los que se menciona el lawfare.