Bruselas urge a la renovación de la cúpula judicial y de los órganos constitucionales españoles

Hace un año se publicó el primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27. Y, prácticamente 12 meses después, la evaluación sobre España abunda en lo ya recogido en la anterior ocasión: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el bloqueo del PP, es un problema.

En su informe, Bruselas afirma que el sistema judicial español sigue arrastrando “desafíos”, en concreto “la falta de renovación del CGPJ”, que “continúa ante la falta de acuerdo en el Parlamento para renovar los cuerpos constitucionales”. En efecto, el PP sí pactó la renovación de RTVE, pero se ha negado a hacer lo propio con la cúpula judicial o el Defensor del Pueblo, por ejemplo.

Bruselas, en todo caso, se congratula de “la retirada del proyecto de reforma para la elección del CGPJ” que reducía la mayoría necesaria para su renovación de los tres quintos a la mayoría simple parlamentaria. Algo que, según la Comisión Europea, “habría aumentado la percepción de que el Consejo es vulnerable a la politización”.

En este contexto, la Comisión Europea pidió establecer un sistema de elección del CGPJ en el que participen los jueces “en línea con los estándares europeos. Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todas las partes afectadas sean consultadas”.

El CGPJ “ha estado ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018”, recuerda Bruselas, “lo que prolonga la preocupación de que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, como ya se mencionaba en el Informe sobre el estado de derecho de 2020”. Y añade: “El Consejo de Europa recordó que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial”.

La Comisión Europea, además, destaca otro bloqueo constitucional: “El Defensor del Pueblo es designado por el Parlamento. Las negociaciones entre los partidos políticos para su nombramiento continúan, por lo que se ha mantenido en funciones ad interim desde 2017, cuando expiró el mandato anterior”.

Bruselas sostiene que “también han aparecido elementos de preocupación relacionados con la competencia del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de los altos cargos [aforamientos] y el régimen de incompatibilidad de jueces y fiscales [las idas y venidas de la política de algunos de ellos]”. Dicho lo cual, la Comisión Europea sí reconoce que se han “adoptado o proyectado varias medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como las reformas del turno de oficio y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como tres borradores sobre procedimiento, organización y eficiencia digital. La digitalización de la justicia está progresando, y hay esfuerzos para abordar los atrasos en la justicia, como la creación de nuevos tribunales, pero el bajo número de jueces por habitante es un problema”.

En este sentido, el informe recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) “reconoce la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales; si bien ha subrayado los términos tan amplios del régimen del aforamiento en España, y ha recomendado reformar el sistema. Además, las partes interesadas han criticado el hecho de que el régimen de incompatibilidades para jueces o fiscales no prevé 'períodos de reflexión' para jueces o fiscales que hayan sido miembros del poder Ejecutivo o Legislativo. Según el GRECO, esta situación plantea interrogantes desde el punto de vista de la separación de poderes y sobre la necesaria independencia e imparcialidad de los jueces en la realidad y apariencia”.

Bruselas, además, reitera una crítica recurrente: “Preocupa la autonomía de la Fiscalía en relación con el Gobierno. Como se menciona en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la coincidencia en el mandato del Fiscal General y el Gobierno puede afectar la percepción de independencia”.

En su informe, la Comisión Europea también señala que siguen los desafíos relativos al “espacio de la sociedad civil” y que “está en curso una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, a raíz de las preocupaciones surgidas sobre ella”.

Así, el estudio recuerda que en marzo de 2021, “la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre la ley de Seguridad Ciudadana, destacando que incluso en los casos en que una norma se considera constitucionalmente aceptable, si en la práctica ha dado lugar a abusos, debe modificarse, circunscribirse o acompañarse de salvaguardias adicionales. El dictamen animó al legislador español a realizar una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos y libertades fundamentales. Actualmente, el Parlamento está revisando la ley y es importante que se tenga en cuenta esta opinión. Las partes interesadas también han informado de que en abril de 2021 ha habido ataques de extremistas de extrema derecha a las sedes de varias ONG en relación con los derechos LGTBI y la migración”.

En todo caso, el informe de la Comisión Europea reconoce que “España continúa mejorando el marco legal e institucional para prevenir y combatir la corrupción. Las medidas contra la corrupción siguen una línea estratégica de acción, pero no hay una estrategia anticorrupción concreta que guíe las medidas para combatir la corrupción de una manera holística”. En este sentido, Bruselas se hace eco de críticas de fiscales por “por la falta de recursos suficientes” que “afectan a la velocidad para perseguir e investigar los casos de corrupción, incluidos los más graves”.

En relación con la libertad de prensa y pluralismo, “el Gobierno está dando pasos para abordar los problemas de acceso a la información, aunque siguen existiendo en relación con la transparencia de la propiedad de los medios y preocupan la independencia y los recursos del regulador audiovisual a raíz de la trasposición de la directiva de servicios de medios audiovisuales”.

“El Gobierno ha tomado medidas de apoyo financiero a los medios en la COVID-19”, dice Bruselas: “Los periodistas han seguido afrontando problemas en sus actividades profesionales, si bien se han tomado medidas para facilitar su trabajo” a causa de la pandemia.

Informe de 2021 de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en España