Corría el año 2011 cuando el Partido Popular de Mariano Rajoy prometía, en su programa electoral, proteger la tauromaquia como una de sus grandes medidas culturales. Dos años después, el Parlamento daba luz verde a una ley que declaraba la tauromaquia como un “patrimonio cultural digno de protección”. Hace unos días esta norma facilitó que el Tribunal Supremo, a petición de una fundación taurina, obligara al actual Gobierno a incluir los toros entre los espectáculos que debía subvencionar el bono cultural joven del Ministerio que dirige Miquel Iceta. El argumento es que Cultura no justificó lo suficiente la exclusión de los toros de esta subvención destinada a los jóvenes que cumplen 18 años cuando existe una ley que declara su protección cultural.
“Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia”. Era lo que decía el punto quinto del programa cultural con el que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones en 2011. Fue a finales de 2013 cuando su partido impulsó en el Parlamento una reforma para blindar esa protección legal al mundo del toro. Una norma que salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro y la abstención de UPyD y el PSOE.
Un debate plenario en el que pocos diputados se privaron de hacer símiles taurinos, y en el que el PP defendió que la tauromaquia debía gozar de la máxima protección pública. “Podremos discutir las cifras, pero no la importancia económica y turística que tiene la tauromaquia, que creo que es deber del Estado garantizar y proteger”, dijo el ministro José Ignacio Wert. Toni Cantó, por aquel entonces con UPyD, criticó que la tauromaquia fuera subvencionada. José Andrés Torres, del PSOE, fijó la postura de los socialistas: “No promover, no prohibir”. La tauromaquia, zanjó José Manuel Albendea (PP), “no es ni de derechas ni de izquierdas”.
La derecha votó a favor, la izquierda del PSOE se abstuvo y la norma salió adelante. Esa ley, casi una década después, ha vuelto como un bumerán para golpear a uno de los proyectos estrella del ámbito cultural del actual Gobierno socialista: el bono cultural joven. Una medida para entregar 400 euros a los jóvenes, a repartir en distintos ámbitos de la industria cultural con algunas excepciones: ni libros de texto, ni papelería, ni material artístico, ni instrumentos musicales, ni moda, ni gastronomía, ni pornografía ni, finalmente, entradas para los toros.
Fue la Fundación Toro de Lidia la que llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, denunciando la discriminación de la tauromaquia en este bono cultural. Una fundación creada en 2015 y que en los últimos años ha sido beneficiaria de subvenciones públicas tanto del Gobierno central como de administraciones regionales para promover el toreo. Más de 600.000 euros de la Junta de Castilla y León para organizar el circuito de novilladas en 2021 y 2022, convenios con la Comunidad de Madrid dotados con más de un millón de euros para organizar estos festejos en municipios pequeños y, finalmente, subvenciones estatales. Una subvención anual de 35.000 euros del Ministerio de Cultura, entre otras cosas para difundir el conocimiento taurino en Wikipedia, financiación para hacer un podcast sobre tauromaquia y en 2020 el Premio Nacional de Tauromaquia dotado con 30.000 euros.
Una Fundación Toro de Lidia que también ha defendido la tauromaquia con acciones judiciales por lo civil y por lo penal. Se ha querellado, por ejemplo, contra el alcalde de Alicante y contra el director del SEPE en Sevilla por entender que discriminaban a los toros. También lo hizo contra el exalcalde de Villena, causa actualmente abierta. Impulsaron diversas actuaciones judiciales contra personas que cargaron contra el torero Víctor Barrio después de su muerte: un caso, el de un docente de Segovia, acabó en archivo y otro, el de una concejala de Catarroja, acabó en condena. En este pleito llevaron ante el Supremo la regulación del bono cultural joven representados por varios letrados del despacho Cremades y Calvo Sotelo.
El Tribunal Supremo arranca sus razonamientos dejando claro que no es cosa suya que los toros tengan protección del Estado en España. “Ha sido el mismo legislador el que lo ha hecho en sentido afirmativo”, dicen los jueces esgrimiendo una ley 18/2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, algo refrendado por el Tribunal Constitucional cuando en 2016 anuló la prohibición de los toros en Catalunya. Y reconoce que esta es la razón por la que Cultura tuvo que especificar su exclusión del bono cultural: “De no ser de carácter cultural no habría sido necesario hacerlo porque no estarían comprendidos en el ámbito de aplicación del bono cultural”, dicen los jueces. Aunque eso no implica su protección obligatoria a través de este bono.
A partir de ahí, la sala de lo contencioso argumenta que las explicaciones del Gobierno para excluir a los toros “no nos parecen válidas”. Alegar que los toros se fomentan a través de otros instrumentos, dice el Supremo, son explicaciones “genéricas” e “insuficientes” frente a la orden de la norma de 2013 que obligaba a exponer “una justificación singular de entidad bastante”. La moda o la gastronomía, entre otros, también se quedan fuera pero la tauromaquia, argumenta el Supremo, tiene una ley propia.
Alba Nogueira: “Es un despropósito”
Diversos juristas han expresado sus críticas a algunos de los razonamientos que usa el Tribunal Supremo para exigir una mayor justificación a la administración en la puesta en marcha de algo que, en la práctica, constituye una subvención al consumo cultural. Alba Nogueira es catedrática de derecho administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela y entiende que la ley que protege la tauromaquia no obliga a la administración a incluirla en el bono cultural, entendiendo también que no es habitual exigir argumentos a un Ministerio para no subvencionar algo.
“Que una ley tenga un mandato de protección de un bien jurídico no quiere decir que sea necesariamente a través de subvenciones, puede haber otras formas de protección. Hay una ley del deporte y en el bono cultural los acontecimientos deportivos también están prohibidos. Que exista una ley de protección de algo no implica que su protección sea así”, explica a preguntas de elDiario.es.
Una segunda cuestión, para esta catedrática, es la vinculación directa que establece el Supremo entre la ley de tauromaquia de 2013 y el bono cultural de 2022. “La ley no ata a la administración. Siempre que esas órdenes de subvención sean para fines públicos, ¿qué fines tienen que tener? Eso es una decisión política, qué priorizas en cultura, agricultura, deporte... Si se quiere sacar una subvención para el deporte juvenil, ¿podría haber quien recurriera porque el deporte para mayores no está contemplado? Es un ámbito de priorización, de discriminación positiva”, explica. Una subvención, sigue, debe ser igualitaria en cuanto al acceso de los colectivos a los que va dirigida, pero “no significa que tenga que haber para todos y para todo”.
Entiende Nogueira que la administración podría modificar la regulación del bono cultural joven, un “esfuerzo de motivación plus... pero a ver cuál es el plus que le gusta al Tribunal Supremo, con una regulación más densa”, explica. Para esta catedrática de la USC “no es necesario cambiar” la norma ya que “es bastante anómalo que una exposición de motivos de una convocatoria de subvenciones tenga que decir por qué no subvencionas algo, es argumentar en negativo. Me parece exagerado, es rarísimo. En las órdenes de subvención explicas por qué das dinero a un sector, es muy anómalo y es una intervención del poder judicial en el ejecutivo, es un despropósito”.