¿Recuerdan el 20 noviembre de 2011? En un par de meses se cumplirán nueve años desde aquella jornada electoral que dejó la última mayoría absoluta en el Congreso: la de Mariano Rajoy. España ha cambiado mucho desde entonces. Rajoy está retirado de la política, ha habido otras tres elecciones generales y el PP ha pasado de 186 escaños a 89. Es menos de la mitad de lo que fue.
Aquella mayoría absoluta de Rajoy ya es historia, salvo en un único lugar: el gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí el PP se ha atrincherado, bloqueando la renovación, para controlar los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, como expliqué en un informe anterior.
Es un CGPJ con el mandato caducado hace casi dos años y que también sirve a la derecha para hacer política, como se ha visto esta semana con la polémica del rey. Nunca antes ha habido un consejo tan escorado, ni tan alejado de la soberanía popular del que emana, como el que gobierna la justicia hoy.
Lo componen 21 personas: 20 vocales más el presidente. De ese total de 21, son 12 los que le deben el puesto al PP de Mariano Rajoy.
Vicente Guilarte. Es catedrático de Derecho Civil, aunque su principal aval para llegar al CGPJ, a propuesta del PP, tiene muy poco que ver con ser un “jurista de reconocido prestigio”. Trabaja como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad, defendiendo a sus colegiados de las sanciones administrativas que puedan recibir.
Entre los registradores a los que ha defendido Guilarte, hay uno cuyo apellido les sonará: Enrique Rajoy Brey.
En efecto, es el hermano del expresidente Mariano Rajoy, que fue quien le colocó en el gobierno de los jueces. En ‘Hay Derecho’, desvelaron una emotiva carta que Enrique Rajoy envió al resto de sus compañeros registradores y donde agradecía el “impagable apoyo” de Guilarte en su defensa judicial.
Como Guilarte no forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ, no tiene dedicación exclusiva y ha seguido trabajando como abogado de los registradores de la propiedad, en un claro conflicto de intereses permitido por la ley actual. ¿Qué juez se atreve a contrariar a un abogado que forma parte del Gobierno de los jueces, que puede decidir sobre sus ascensos o sanciones?
Como vocal del consejo, Guilarte también participó en el informe del CGPJ sobre la ley de Jurisdicción Voluntaria, la que regula, entre otros, a los registradores de la propiedad, como los hermanos Rajoy Brey.
La mujer de Guilarte también es magistrada. Se llama Felisa Herrero y, bajo el Gobierno de Rajoy, logró uno de los puestos más codiciados de la carrera: el de juez de enlace en Francia. Es una suerte de embajada judicial, que nombra el Ministerio de Justicia, y que supone poca carga de trabajo y un sueldo excepcional: alrededor de 9.500 euros netos al mes, más dos pagas extras.
Rafael Fernández Valverde. Es su segundo mandato en el CGPJ, siempre a propuesta del PP. Fue también vocal entre 1996 y 2001.
Es un ejemplo perfecto del banco de favores con el que el PP domina la carrera judicial. Tras su primer paso por el consejo, el siguiente CGPJ, de mayoría conservadora, le ascendió a juez del Tribunal Supremo. En 2013, el PP le volvió a promocionar como vocal.
En 2016, el CGPJ nombró al hijo de Rafael Fernández como jefe de sección de la Escuela Judicial, un puesto técnico donde fue elegido frente a 23 candidatos más. Este nombramiento provocó la queja unánime de todas las asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, por las dudas de “nepotismo y arbitrariedad”.
Gerardo Martínez Tristán. Su nombramiento como vocal del CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por María Dolores de Cospedal. La mujer de Martínez Tristán, Marta García de la Calzada, fue alto cargo en el gobierno de Esperanza Aguirre y después consejera de Fomento en Castilla-La Mancha, con Cospedal. En 2013, era uno de los hombres fuertes del PP en el CGPJ. Pero con la derrota de Cospedal en la carrera para presidir el PP, perdió influencia en el consejo.
Antes de llegar al CGPJ, Martínez Tristán era el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un puesto al que le aupó en 2005 el CGPJ nombrado por la mayoría absoluta de Aznar. Desde ese cargo, maniobró para que la decisión sobre la privatización de los hospitales madrileños –impulsada por Ignacio González– fuera tomada por el pleno del tribunal que él presidía y no por los jueces que llevaban el caso y que habían paralizado esa privatización.
El PSOE pidió apartarlo del caso de la privatización sanitaria por su evidente cercanía con el PP, pero la Fiscalía se opuso. A pesar de todas estas maniobras –y también gracias a las protestas de los sanitarios de la marea blanca–, Ignacio González se vio obligado a renunciar a su plan para privatizar una parte de los hospitales de Madrid.
José María Macías. En algunas informaciones de prensa se le ha presentado como un vocal propuesto por CiU. Nada más lejos de la realidad. Es una confusión provocada por dos datos biográficos: que sustituyó en el consejo a otra vocal de CiU que dimitió y que durante un breve periodo, en el año 2002, fue director General de Asuntos Contenciosos en la Generalitat presidida por Jordi Pujol.
‘Mario’ Macías –como le llaman sus amigos– es hoy el hombre fuerte del PP de Casado en el CGPJ actual. Tiene fuertes convicciones militares y es reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, un dato del que presume en Twitter. Es juez en excedencia y ahora socio del bufete Cuatrecasas. Llegó al consejo gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura –APM, la asociación conservadora– a la que primero perteneció como juez y a la que más tarde ha representado como abogado.
Aunque fue casi el último en llegar, Macías ha formado parte de la Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro de Lesmes donde se toman las principales decisiones. Tiene una interlocución fluida con Teodoro García Egea, secretario general del PP, de la que alardea delante de otros vocales del CGPJ.
En la última semana, Macías ha llevado la voz cantante en las críticas del CGPJ contra el Gobierno por la ausencia del rey Felipe de la entrega de despachos a los nuevos jueces. Es otra oscura maniobra de una cúpula judicial con el mandato caducado, contra el gobierno legítimo de la nación.
Macías llegó al CGPJ de forma inesperada, tras un relevo algo ajetreado, que amplió la mayoría absoluta conservadora en el gobierno judicial.
Su actual plaza en el CGPJ antes la ocupaba Mercè Pigem, una vocal nombrada por Convergència i Unió (CiU) y que había sido diputada por este partido en varias legislaturas.
El 15 de noviembre de 2014, poco después de la consulta independentista del 9-N organizada por Artur Mas, la vocal Pigem fue interceptada en la aduana por la Guardia Civil, entrando en España con 9.500 euros en efectivo. Venía de Andorra con su hermana, que portaba una cantidad en efectivo similar. Más tarde Pigem aseguró que ese dinero era un regalo de su madre, que vive en Andorra.
El límite legal del dinero en efectivo que se puede introducir en España sin declarar es de 10.000 euros, y la vocal del CGPJ no cometió ninguna ilegalidad. Mercè Pigem nunca fue procesada, ni condenada ni siquiera multada por esta cuestión.
Dos semanas más tarde, el 28 de noviembre, alguien filtró a la prensa la noticia del incidente andorrano de Pigem con la Guardia Civil. Casualmente, fue muy poco después de que la ministra Ana Mato tuviera que dimitir por su implicación en la Gürtel, en unos momentos aciagos para el PP. Eran los años en los que Jorge Fernández Díaz, hoy imputado por la cloaca policial, era el ministro del Interior.
Tras conocerse la noticia, comenzó una presión brutal sobre Pigem por parte de Carlos Lesmes, que forzó su dimisión.
Había un buen motivo para ello: el sustituto de Pigem no sería otro vocal convergente, sino uno elegido por el PP.
El primero en la lista de suplentes para sustituir a Pigem era Antonio Álvarez-Buylla, también a propuesta del PP. Casualmente, una oportuna querella que le acusaba de falsedad documental, y que más tarde quedó en nada, forzó también su dimisión.
Tras la renuncia de Álvarez-Buylla, el siguiente en la lista fue José María Macías, que fue quien finalmente llegó al CGPJ en sustitución de Pigem.
José Antonio Ballestero Pascual. Miembro de la asociación conservadora APM, formó parte de su ejecutiva cuando el presidente era Pablo Llarena, el juez del Supremo que investigó el procés. Es muy cercano a Macías y fue propuesto para el CGGJ por el PP. Es el vocal que este viernes, al final de la entrega de despachos a la que el rey Felipe no asistió, tomó la palabra para decir lo siguiente:
–Por favor, antes de que termine el acto, os pido que con toda moderación, pero con toda convicción, gritéis conmigo: ¡Viva el rey!“
–¡Viva!
Ballestero Pascual sustituyó a uno de los vocales más famosos de este consejo: el hoy ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska fue nombrado por el PP de Rajoy para el CGPJ y permaneció junto a Lesmes durante casi cinco años, hasta su nombramiento como ministro. Su salto del sector conservador de la judicatura al Gobierno de Pedro Sánchez fue una enorme sorpresa, que rompió con su trayectoria anterior.
Nuria Díaz Abad. Abogada del Estado, propuesta para el CGPJ por el PP. Fue la vocal que lideró el voto particular contra el nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra Dolores Delgado. En 2019, Díaz Abad optó a un puesto en el Tribunal Europeo de la UE, pero el Gobierno –entonces con Delgado como ministra– frenó su candidatura por su perfil conservador. Se la considera cercana ideológicamente al Opus Dei y formó parte de la Comisión de Igualdad del CGPJ. De ahí pasó a la Comisión Permanente.
Juan Manuel Fernández Martínez. Miembro de la conservadora APM. Propuesto para el consejo por el PP. Fue presidente del Tribunal Superior de Navarra, nombrado por el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar. Es también profesor de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. Es de los vocales conservadores que más está presionando para que el CGPJ en funciones vuelva a aprobar nombramientos.
Tiene buena relación con Alejandro Abascal: un joven juez de la APM, próximo a Pablo Casado, que fue uno de los nombres que el PP propuso como vocal del CGPJ en la fallida negociación de 2018.
Poco después de que esa negociación se rompiera, tras difundirse el famoso whatsapp del exsenador Ignacio Cosidó presumiendo de cómo el PP iba a controlar los nombramientos del Supremo, el CGPJ en funciones nombró a Alejandro Abascal como juez de refuerzo de Manuel García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fue una decisión bastante cuestionada porque había candidatos con más experiencia que él.
Este juzgado número 6 de la Audiencia Nacional lleva, entre otros temas, el caso Púnica, el caso Lezo y la investigación sobre el caso Villarejo y el espionaje a Luis Bárcenas, donde el exministro Jorge Fernández Díaz acaba de ser imputado.
Juan Martínez Moya. Junto con Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández, está considerado como uno de los tres vocales del CGPJ más próximos ideológicamente al Opus Dei. Es miembro de la APM y fue propuesto para el CGPJ por el PP.
En 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por la mayoría conservadora en el CGPJ nombrada por Aznar. Desde ese puesto, tuvo un importante papel en el 'caso auditorio’, un escándalo de corrupción que afectaba a Pedro Antonio Sánchez, que fue presidente de Murcia por el PP.
En 2014, comenzó una investigación de este caso de corrupción por la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras que acumulaba varias ilegalidades y que había decidido Pedro Antonio Sánchez cuando era alcalde de la localidad. Como en ese momento este político estaba aforado –era consejero de Educación y diputado autonómico–, el caso pasó al Tribunal Superior de Murcia. Allí Martínez Moya y otros dos jueces evitaron que Pedro Antonio Sánchez fuera imputado, y pasaron la investigación a otro juzgado en Lorca. Esa decisión evitó que Pedro Antonio Sánchez, ya candidato del PP a la presidencia de Murcia, fuera a las elecciones de 2015 como imputado.
Pese a esta decisión, la investigación continuó. Y en febrero de 2017, Pedro Antonio Sánchez, ya como presidente de Murcia, fue citado como imputado a declarar.
Las presiones del PP para salvar al presidente murciano continuaron. La más notable fue la destitución del fiscal que llevaba el caso, una decisión que aprobó José Manuel Maza, fiscal general del Estado nombrado por Rajoy.
Poco después de esta destitución, saltó a la prensa la fotografía de una reunión secreta entre el juez que investigaba al presidente de Murcia y un miembro de la dirección del PP de Murcia. Ese dirigente del PP murciano era el suegro del vocal del CGPJ Juan Martínez Moya.
A pesar de todas estas maniobras, Pedro Antonio Sánchez acabó siendo forzado a dimitir en abril de 2017, acosado por varios casos de corrupción. Por ahora, ya se ha librado de uno de ellos gracias a una modificación legal que aprobó su partido en 2015, que limitó el tiempo de investigación de algunas causas a solo seis meses.
Carmen Llombart Pérez. Miembro de la APM, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Llegó al CGPJ a propuesta del PP, gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, otro juez y político cuya trayectoria es clave para entender cómo funcionan los nombramientos y las puertas giratorias del Poder Judicial.
Fernando de Rosa militó en Alianza Popular cuando estaba en la universidad. En esa época, con 23 años, recibió en la sede del partido a otro joven estudiante de Derecho que se quería afiliar: Francisco Camps. La relación entre ambos fue muy cercana desde entonces. Y cuando Camps llegó a president de la Generalitat Valenciana, le nombró consejero de Justicia. Más tarde, en 2008, Camps logró que el PP le aupara al CGPJ como vocal y vicepresidente: como el hombre fuerte del partido en aquella cúpula judicial. En 2015, de vuelta a los juzgados, Fernando De Rosa fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia por el CGPJ actual.
Carmen Llombart también fue una de las vocales del CGPJ que apoyó el nombramiento de otro amigo de Fernando de Rosa: el exsenador del PP por Alicante Vicente Magro como juez del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal. Esa decisión la tomó el CGPJ por solo 10 votos de 21, en un pleno al que faltó uno de los vocales progresistas, el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, que no pudo asistir por un problema grave de salud.
En ese mismo pleno donde faltaba el voto de un vocal progresista, en enero de 2018, el CGPJ también aprovechó para nombrar al ex secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Rajoy, Fernando Román, como juez del Tribunal Supremo.
Llombart es una de las vocales que más ha presionado para que el CGPJ con el mandato caducado siga aprobando nombramientos y ascensos. En julio de este año, firmó un voto particular porque el pleno del CGPJ prefirió no aprobar nombramientos mientras los partidos negociaban su renovación. Fue la autora del informe del CGPJ sobre la ley del aborto que no pudo sacar adelante Gallardón.
Llombart también protagonizó otro de los episodios más polémicos del actual CGPJ: un nombramiento para ella misma. Sus compañeros conservadores en la Comisión Permanente la auparon en 2017 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la que juzga a los políticos autonómicos aforados acusados de corrupción. Un juez recurrió ese nombramiento, pero el Supremo lo confirmó.
Wenceslao Olea Godoy. Es otro de los vocales conservadores más influyentes y preside la Comisión Disciplinaria, la que decide las sanciones sobre los jueces. En 2004 otro CGPJ conservador, el de la mayoría absoluta de Aznar, le nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura. En 2012, el sector conservador en el CGPJ le aupó al Tribunal Supremo. Al año siguiente, el PP le propuso como vocal para el consejo actual.
María Ángeles Carmona Vergara. Es secretaria judicial. Formó parte de la delegación del Gobierno en Andalucía durante la primera legislatura de Rajoy. Su nombramiento en el CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y más tarde ministro del Interior con Rajoy. Es también amiga de Antonio Dorado, que fue vocal a propuesta del PP en el CGPJ anterior y después secretario general del Ministerio de Justicia, con Rafael Catalá.
Ya siendo vocal del consejo, Carlos Lesmes promocionó a María Ángeles Carmona como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Hasta entonces, este puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Lesmes rompió ese consenso para poner en ese puesto a una vocal del PP.
Es la más joven del CGPJ y por ello le corresponde ser siempre la primera en votar –el orden es por edad, de menor a mayor–. Es por tanto la vocal que desvela el voto que después suelen seguir todos los demás vocales del PP.
Carlos Lesmes. Es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y también el presidente del Tribunal Supremo, dos puestos que en España están unidos. Es una de las máximas autoridades del país.
En teoría, su nombramiento lo deciden los 20 vocales del CGPJ que nombra el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Los parlamentarios eligen a los vocales y los vocales al presidente, según la Constitución. Es una formalidad, pero no solo. Es un mecanismo diseñado para garantizar la independencia judicial y también la independencia de los vocales frente a los partidos que los nombraron.
En la práctica, esa independencia de los partidos se suele romper desde la primera votación, donde los veinte vocales eligen a su presidente. Siempre es el nombre que los partidos han pactado previamente, y que se suele conocer antes de que el propio CGPJ se constituya y apruebe ese nombramiento.
Así ocurrió con Lesmes también. Su nombramiento, decidido por el PP y aceptado por el PSOE, se publicó en la prensa antes de que los vocales del CGPJ lo llegaran a aprobar.
Carlos Lesmes debe casi toda su carrera al Partido Popular. Fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila.
En la primera legislatura de Aznar –1996-2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces.
En esos años también fue subordinado de quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy: Rafael Catalá, secretario de Estado de ese mismo ministerio con Aznar.
Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional.
Al frente del CGPJ, no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la Justicia. También ha movido los hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas judiciales.
Fue el CGPJ de Lesmes quien decidió no prorrogar a Pablo Ruz, y sacarlo de la Audiencia Nacional, después de que ordenara un registro contra la sede del PP. Quien presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja B. Quien apartó al juez de la Gurtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión…
Lesmes hizo todo lo que pudo. Pero no todo lo que le pedía el Partido Popular, que nunca le perdonó que no bloquease el interrogatorio de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, como le pedía el ministro Rafael Catalá. Que en el Gobierno pensasen que tal cosa era posible –bastante fue que M. Rajoy fuese solo como testigo ante el tribunal– es un buen ejemplo de la “independencia judicial” en la que cree el PP.
El actual Consejo General del Poder Judicial arranca en 2013, en unas fechas que pasará a la historia negra de España del abuso de poder. Fue el año en el que Luis Bárcenas ‘sé fuerte’ amenazó con tirar de la manta y el Gobierno de Rajoy movilizó a la cloaca policial para evitarlo. Fue también el año en que el PP atornilló aún más a la Justicia. Ambas cosas ocurrieron por la misma razón.
Durante la campaña de 2011, Mariano Rajoy había hecho una promesa electoral que después no cumplió: despolitizar la Justicia. Rajoy propuso cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que una parte del CGPJ fuera elegida directamente por los jueces.
Fue otra promesa rota, como lo de no subir el “IVA de las chuches” y tantas otras más. En 2013, el Gobierno del PP aprobó una reforma de esa ley, aunque en sentido contrario a su programa electoral. Fueron cuatro cambios importantes. Todos para que el PP pudiera controlar la Justicia aún más.
Un vocal de la Permanente cobra algo más de 6.000 euros netos al mes. Uno de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas: unos 1.000 euros al mes. Los de la Permanente tienen chófer. Los otros no.
La decisión sobre quién está y quién no está en la Permanente la toma el propio Carlos Lesmes. Es un sistema de ‘palo y zanahoria’ que da al presidente del CGPJ mucho poder sobre los demás.
El Gobierno de Rajoy aprobó esa reforma del CGPJ sin pactarla con nadie, sin ese “consenso” que solo exige cuando no manda. Por supuesto, no cumplió con su promesa de “despolitizar la Justicia”. Eso es algo que el PP solo pide cuando está en la oposición y que tampoco garantizaría ese modelo de elección que Rajoy no adoptó por otro motivo: para exprimir el poder de su mayoría absoluta en la cúpula judicial, en un momento en el que su partido estaba acosado por los casos de corrupción.
José María Aznar también proponía, y no cumplió, que fueran los jueces quienes nombraran a los vocales: un modelo de elección que tampoco serviría para despolitizar la Justicia. Llevaría a un CGPJ permanentemente conservador, como son la gran mayoría de los jueces, en parte por el sistema de acceso a la carrera judicial.
Para llegar a juez o fiscal, hace falta pasar una dura oposición donde es casi imprescindible la ayuda de un preparador, que también sea jurista. Es un sistema privado de formación que corre a cargo del aspirante y donde algunos jueces que dan esas clases no declaran al fisco sus ingresos. Esto levanta una barrera económica extra para aprobar la oposición: o tienes un juez en tu familia que te prepare, o lo tienes que pagar, además del dinero que supone estudiar durante años sin cobrar. Para un aspirante con pocos recursos económicos, la oposición es mucho más difícil de aprobar.
Que los jueces nombren al Gobierno de los jueces llevaría a una Justicia donde los partidos tendrían menos poder, pero muy alejada de la sociedad y de la soberanía popular, que es de donde emana su legitimidad según la Constitución. La única comisión dentro del CGPJ que actualmente votan directamente los jueces es la de Ética Judicial. Está formada por seis miembros: no hay un solo progresista entre los seis y dos de ellos –un tercio del total– son muy próximos al Opus Dei.
Hace unos días en el Congreso, Pablo Casado planteó “despolitizar la Justicia” que está bloqueando y cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Fue otra mala excusa para no renovar el consejo y alargar su poder en el Gobierno de los jueces, incumpliendo la Constitución. Es la tercera vez que esto sucede en España, siempre con el mismo partido, siempre por la misma razón. Es lo mismo que hizo Aznar, lo mismo que hizo Rajoy. Secuestrar la Justicia, mientras se clama por su liberación.
LEE TAMBIÉN LA PRIMERA PARTE DE ESTE INFORME ESPECIAL: El monopolio del PP en el Tribunal Supremo
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