Hacia las 14.30 del lunes, los magistrados del Tribunal Constitucional pararon su reunión que había comenzado a las 10.00 para comer. ¿Una hora para no prolongar demasiado la espera de una jornada en la que todos los políticos y periodistas estaban pendientes de su decisión a cuenta del recurso del PP contra la reforma del Código Penal aprobada el jueves por el Congreso y que esta semana se discute en el Senado?
El choque institucional entre el Constitucional y el Parlamento está garantizado una vez que los magistrados conservadores han impuesto su criterio con su mayoría de un voto. ¿Qué va a quedar de la democracia cuando se disperse el humo de los cañones que disparan desde todos los lados?
Todo eso es muy serio, pero una hora no era suficiente para la comida. En ese tiempo a un miembro del TC no le da tiempo ni a acabar el primer plato. La pausa fue de dos horas y media hasta las cinco de la tarde. Es cierto que en ese tiempo se pueden dar en España dos golpes de Estado. Aun así, las costumbres realmente españolas no pueden abandonarse.
Es perfectamente posible que no fueran los placeres de la mesa los que dilataran la vuelta al trabajo. Por ejemplo, que los miembros de cada grupo parlamentario del TC, conservadores y progresistas, tuvieran que reunirse por separado. Los conservadores ya sabían lo que tenían que hacer. Tenían instrucciones y el convencimiento de que podían llegar donde al PP no le había alcanzado por estar en la oposición.
Es un rasgo característico del sistema político español, del que también forman parte el CPGJ y el TC, solo que a su manera.
Uno de sus integrantes es Enrique Arnaldo, mentor jurídico de Pablo Casado y colaborador habitual durante años de la Fundación FAES. Alguien de confianza del Partido Popular, lo que fue el factor que le permitió entrar en la última ampliación del TC. Fue Arnaldo al que le tocó ocuparse de la ponencia sobre el recurso presentado por el PP para intentar evitar los cambios propuestos por el PSOE y Podemos que buscaban permitir la renovación del TC y superar el bloqueo. Desde el primer momento, el hombre de confianza del PP comunicó el viernes que había que aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el partido con el fin de prohibir al Parlamento que se discutiera y votara la reforma.
En la votación decisiva, los conservadores rechazaron la recusación contra dos de sus miembros, Pedro González-Trevijano –presidente del TC– y Antonio Narváez, cuyo mandato concluyó en junio, y con los votos de estos. El voto de ambos tiene consecuencias que les afectan personalmente. En un tribunal de justicia, eso supondría la casi segura recusación. En el TC, no tienen esas costumbres.
Horas después, el bloque de la derecha en el TC votó a favor de estimar el recurso del PP. Sin ninguna fisura. Por seis votos a cinco. El grupo parlamentario del PP en el Tribunal Constitucional hizo posible lo que les hubiera gustado hacer el jueves. Bloquearon la iniciativa del Gobierno en los términos que exigía el Partido Popular. Era una forma de declarar constitucional el boicot a las instituciones.
A Trevijano, la derecha le había puesto un medidor de testosterona. La presidenta de la asociación judicial conservadora APM difundió en Twitter un editorial de El Español que exigía a Trevijano que plantara cara al Gobierno tumbando la reforma este lunes, dado que no se había atrevido a hacerlo el jueves. Sería mucho peor “pasar a la historia” como “el presidente del TC que propició, con su inacción, que el Gobierno controlara y desactivara todos los contrapesos institucionales al poder del Ejecutivo”.
En la APM quieren controlar el CGPJ y de ahí que favorezcan el principio de que sean los jueces los que elijan a los jueces al que se ha apuntado el PP en los últimos años. Todo quedará en su casa.
Reclutar al CGPJ y al TC en la guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez confirma que la derecha cree que el fin justifica los medios. Hay que hacer lo que sea para detener a Sánchez. Si para eso es necesario boicotear la renovación del CGPJ desde hace cuatro años o impedir durante seis meses la del TC, no hay ningún problema. Las acrobacias ideológicas, a las que se ha unido la prensa de derechas, no suponen ningún obstáculo serio. Por eso, José Antonio Zarzalejos pudo escribir que los pasos dados por el Gobierno eran “el principio del fin de la Constitución de 1978”, mientras que el boicot al CGPJ no merece tal censura.
Todo este ambiente en el que el PP se niega a cumplir un mandato constitucional y es jaleado por ello por los que dicen ser grandes defensores de la Constitución, mientras el Gobierno responde con una triple reforma legislativa engordada a base de enmiendas y a la velocidad de la luz –y por tanto, de legalidad cuestionable– forma un escenario caótico del que Alberto Núñez Feijóo quiere sacar tajada. El lunes, hizo que la señal televisiva de su discurso ante la Junta Directiva Nacional se difundiera en directo a los medios de comunicación. Una Junta que se componía tan sólo de ese discurso.
Feijóo, un orador no especialmente fino, se aplicó a la idea de negar legitimidad al Gobierno sin decirlo exactamente y así poder presumir de que continúa siendo “un moderado”. “¿Es Sánchez legítimamente presidente? Sí. Lo que no es legítimo es lo que está haciendo”, dijo. Es decir, que ha dejado de ser legítimo, porque no puedes separar a un presidente de sus acciones. No esperen que los cronistas de la España constitucional digan que eso atenta contra la Constitución o que forma parte de alguna deriva populista.
En el apartado de crímenes nefandos del Gobierno, dijo que “utiliza el Mundial, las Navidades, el sorteo de la Navidad, los festivos y los puentes”. A Feijóo le molesta que Sánchez haga cosas importantes en diciembre cuando podría estar sesteando y matando el tiempo hasta que lleguen las fiestas.
En una declaración con la que acató los términos de la decisión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dijo que se produce en un “contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático”.
Esa deslegitimación de la democracia no preocupa mucho a la derecha judicial, mucho menos al PP. Su prioridad es el trofeo al que aspiran desde hace cuatro años. Paralizar el funcionamiento de la justicia con decenas de nombramientos en el Tribunal Supremo pendientes de llevar a cabo es un precio que están dispuestos a pagar ahora. El gran premio lo recibirán si el PP gana las próximas elecciones. A partir de ese momento, no serán necesarios nuevos bloqueos del CGPJ y el TC porque la derecha tendrá asegurado el control de las instituciones judiciales. Lo que digan las urnas en el futuro será irrelevante.
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