Era el testigo de cargo que podía hacer tambalear a Podemos en uno de los momentos cruciales de su corta vida: la entrada en el Gobierno de España. El partido que lidera Pablo Iglesias había cosechado el 10N su peor resultado electoral, pero sus 35 diputados eran fundamentales para que Pedro Sánchez se mantuviera en la Moncloa. El preacuerdo tardó horas en cerrarse, aunque los problemas internos de la organización, una constante desde su fundación hace seis años, amenazaron la consecución del primer Ejecutivo de coalición desde la restauración democrática, que se negociaba a finales de 2019.
En diciembre de ese año, José Manuel Calvente, un extrabajador que había ocupado puestos de especial relevancia dentro del área legal del partido, denunció en público, primero, y luego en los tribunales la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula, una caja B, trampas en las primarias, contratos millonarios concedidos a dedo y hasta la creación de empresas pantalla para vaciar las cuentas de la organización. No aportó pruebas de ello, ni entonces ni ahora. Por el camino, Calvente también desveló una supuesta conspiración de Iglesias y su cúpula para hacer pasar el robo del teléfono móvil de una de sus colaboradoras, cuyo contenido apareció en un ordenador del comisario Villarejo y en varios medios de comunicación, por una operación de las cloacas del Estado.
Meses después de estallar el escándalo Calvente, el otoño judicial de 2020 se presenta más despejado para Podemos de lo previsto ante la inconsistencia de sus testimonios y un escrito de la Fiscalía que desmonta buena parte de la causa por malversación abierta a raíz de su denuncia. Con todo sigue habiendo nubarrones en el horizonte. El Ministerio Público sí pide que se investigue un contrato que Unidas Podemos suscribió con la consultora Neurona para la campaña de las elecciones del 28A, pues es el mismo que el Tribunal de Cuentas envió a la Fiscalía al considerar que pudo ser simulado.
En diciembre de 2019 Podemos despidió a uno de sus abogados, supuestamente por un caso de acoso y desobodecer órdenes directas, y relevó de su cargo a otra trabajadora del equipo legal, que hoy sigue de baja médica y de la que no se ha tenido noticias, aunque está llamada a declarar como testigo este mismo mes de septiembre en la causa que instruye el juzgado número 42 de Madrid tras la denuncia del propio Calvente. Ambos señalaron posteriormente una serie de irregularidades en una carta pública y en una serie de entrevistas en diferentes medios protagonizadas por Calvente. En declaraciones a El Mundo, el abogado dijo que en Podemos había personas que han “cobrado sobresueldos”, parte de ellos “en dinero negro”. Después, en declaraciones al Telediario de TVE aseguró que esos supuestos pagos no los recibía la ejecutiva del partido: “No, de la cúpula no, no, no. De la cúpula, nadie. No Pablo Iglesias y toda esta gente. Es decir, por empleados, por técnicos”.
En sus denuncias públicas, Calvente habló de robo de discos duros, de irregularidades en la custodia de datos personales de los militantes, algo que había elevado a la Agencia de Protección de Datos. Después, lo puso todo negro sobre blanco en un prolijo escrito que presentó ante una comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. De ahí pasó a un juzgado de dicha provincia, ya rebajado en la calificación que le dio el Instituto Armado. Y de ahí, a Madrid. Por sorteo, cayó en el juzgado de instrucción número 42 de la capital.
Su titular, Juan José Escalonilla, le llamó a declarar como testigo a finales de julio, rozando el final del curso judicial. La pandemia también ha interferido en los plazos burocráticos. Unos días antes, el juez admitió como acusación popular a Vox, sin reclamarle la preceptiva fianza, y poco después de comunicar a Podemos su condición de imputado. El partido se enteró de la investigación por una información de elDiario.es y, cuando comunicó su intención de personarse en la causa, el juez accedió con la única figura jurídica posible en su caso, la de investigado, y sin que el magistrado haya razonado por el momento los indicios que sostienen dicha condición.
La declaración de Calvente ante el juez supuso un antes y un después en la causa. El abogado mantuvo todas sus acusaciones, pero no pudo sostener documentalmente casi ninguna. En la mayoría de los casos se refirió a “rumores” o a comentarios que le habían hecho otras personas. Pese a ello, o precisamente por eso, el juez ordenó una ingente batería de actuaciones que ha puesto bajo lupa las cuentas del partido.
Sobreseimiento de todo, salvo del contrato con Neurona
El mes de agosto supuso un parón en la instrucción, pero septiembre ha llegado con un amplio escrito de la Fiscalía de Madrid donde se desmonta buena parte de la denuncia de Calvente y de la instrucción del juez. La fiscal Lorena Álvarez reclama el sobreseimiento de toda la causa, salvo en lo referido al contrato con la consultora Neurona, ya que el Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de delito.
Álvarez señala en su escrito, al que ha tenido acceso íntegro elDiario.es, que de las pruebas y testimonios aportados por Calvente no se puede deducir, siquiera indiciariamente, la existencia de sobresueldos ni de ninguna caja B y afirma que “todas las diligencias dirigidas a acreditar estos hechos carecen de sentido” y resalta que se incoara un procedimiento sin dirigirlo inicialmente “contra nadie”. “No nos encontramos ante cantidades cobradas en B o en sobres, sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido”, añade. Y culmina: “No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde. Por eso, el Ministerio Público sostiene que ”todas las diligencias dirigidas a acreditar estos hechos carecen de sentido, dado que ni siquiera se ha acreditado indiciariamente la existencia de perjuicio para la entidad“.
“No hay indicios para iniciar una investigación”, apunta en otro momento sobre la existencia de una contabilidad paralela, ya que no existe “la mínima virtualidad para entender siquiera la existencia de un mínimo probatorio”.
Sobre las obras en la nueva sede, otro posible chanchullo según denunció Calvente, la Fiscalía resalta que “es un contrato privado que no está sujeto a Ley de Contratos”, que “el incumplimiento de las normas internas no integran hecho delictivo alguno” y que “ni siquiera el denunciante pone en duda el precio final de la obra”, supuestamente hinchado.
En todos esos supuestos, la fiscal pide el sobreseimiento y que se anulen las diligencias ordenadas por el magistrado. Y también lo hace en otro de los elementos más delicados para Podemos, el de los contratos de campaña firmados con ABD. Otra vez, Álvarez sostiene que “no se aporta indicio alguno de que el contrato sea ficticio”, más allá de “manifestaciones de rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”. “No se entiende que sean ficticios cuando el propio denunciante refiere que personas de origen portugués se encontraban con [Juan Manuel] Del Olmo en la sede que se ocupaba del 'big data', que precisamente es el objeto de los contratos”.
La Fiscalía deja por escrito un duro mensaje al juez: “Acordar toda esta batería de diligencias (...) es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática (...)”. Y añade: “No se comprende qué sentido tiene pedir al Registro Mercantil las sociedades de la que es titular o socio Juan Carlos Monedero”. Calvente señala al fundador de Podemos como uno de los intermediarios de los supuestos contratos ficticios y del vaciamiento de la caja del partido que ha denunciado, sin pruebas según el Ministerio Público.
Álvarez pide así que se sobresean las actuaciones “en relación a la investigación de las nóminas y complementos salariales, las obras de la sede y los contratos con ABD” y se dejen sin efecto las diligencias respectivas, entre las que se encuentran las imputaciones de varios altos cargos del partido, como el tesorero, la gerente o el secretario de Comunicación y estrecho colaborador de Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo.
Con todo, sí hay un elemento que la fiscal Álvarez cree que hay que investigar. Pero no por lo que dice Calvente en su denuncia ni por lo que declaró ante el juez. El Tribunal de Cuentas, en su control habitual de los partidos, ha encontrado indicios de posible fraude electoral y falsedad en documento mercantil en uno de los contratos de la campaña de las elecciones del 28 de abril de 2019. El órgano ha decretado que dicho contrato, con la consultora mexicana Neurona, con amplia experiencia en Latinoamérica pero inédita en España, y que suma 360.000 euros, no constituye un gasto electoral en sí mismo, por lo que Podemos no tiene derecho a que lo pague el Estado a través de las subvenciones para las campañas.
El Tribunal de Cuentas reclamó documentación a Podemos y este le remitió los contratos, así como facturas y los trabajos que hizo dicha consultora. Pero el fiscal jefe del órgano fiscalizador cree que no se ha demostrado que fue Neurona quien hizo esos trabajos, ha detectado irregularidades en las fechas de los contratos y un pago de la matriz de la empresa en México a otra empresa tecnológica con sede en Dallas (Texas, EEUU) en fechas similares a las del contrato con Podemos. El Tribunal de Cuentas remitió a la Fiscalía sus conclusiones y pide al juez Escalonilla que las investigue.
El “montaje” del caso Dina para el que tampoco hay pruebas
Calvente no solo ha puesto en la picota las cuentas de Podemos, aunque no haya aportado pruebas al respecto. En otra entrevista a El Mundo, el extrabajador de Podemos aseguró el pasado 1 de agosto, dos días después de declarar como testigo ante el juez Escalonilla, que el conocido como caso Dina fue un “montaje” urdido por la cúpula de Podemos. Unas declaraciones que llevaron inmediatamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga esa causa, a llamarle a declarar como testigo.
El caso Dina es una de las decenas de piezas judiciales sobre el entramado empresarial y parapolicial del excomisario José Manuel Villarejo que investiga la Audiencia Nacional. Entre otras, está la pieza Kitchen, cuyo secreto se ha levantado esta misma semana y que apunta al uso de fondos públicos en una operación de espionaje al de extesorero del PP Luis Bárcenas por parte de su partido con Mariano Rajoy de presidente del Gobierno.
La causa afecta directamente a Dina Bousselham, excolaboradora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo y a quien le robaron el teléfono móvil a finales de 2015. Meses después, el contenido del dispositivo comenzó a publicarse en diversos medios de comunicación: pantallazos de conversaciones, vídeos, documentos internos, etcétera. También fue utilizado como fuente en la primera versión del Informe PISA, un documento apócrifo redactado por la llamada brigada política del PP.
Durante la operación que acabó con Villarejo en la cárcel, los policías encontraron en el ordenador del policía un clonado de la tarjeta del móvil. El comisario dijo en sede judicial que un periodista se lo había entregado y que él le había dado copias a Eugenio Pino, por entonces número dos de la Policía Nacional y jefe de la policía política del PP.
Bousselham y Pablo Iglesias, ambos en calidad de perjudicados, declararon ante el juez. Pero el magistrado ha intentado convertir la pieza contra Villarejo en el 'caso Pablo Iglesias' por unas supuestas incongruencias en sus declaraciones. Aunque García-Castellón ha retirado a Iglesias la condición de perjudicado, no ha conseguido encontrar cómo imputarle un delito. La rotura de la tarjeta del móvil que el dueño del Grupo Z, editorial de la extinta Interviú, dio a Iglesias no fue provocada por el secretario general de Podemos.
Y tampoco parece que lo pueda hacer tras la declaración de Calvente el pasado día 10. El abogado mantiene que a él alguien le contó que todo era una montaje. Pero no pudo, o no quiso, señalar a la persona que lo hizo. Reiteró, además, que Bousselham le dijo que los pantallazos de mensajes internos publicados los había hecho ella y reenviado a terceros, obviando que esos no son los únicos elementos del dispositivo que aparecieron publicados en diferentes medios.
Justo antes de la declaración de Calvente, el juez García-Castellón admitió como acusación popular al partido Vox y a la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, de reciente creación. El partido de extrema derecha es parte así de las dos principales causas contra Podemos. En esta, la solicitud de Vox es del 7 de julio, pero no fue hasta el pasado 31 cuando el magistrado dictó el auto en el que se aceptaba.
Lo curioso es que en el caso Dina solo hay dos imputados, además de Villarejo: los periodistas de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles. Y el objeto de la investigación sigue siendo el robo y difusión del contenido del móvil robado. Con todo, García-Castellón dice en su auto que es de “especial interés plantea la personación del partido político Vox, visto que junto con el escrito presentado el pasado 7 de julio de 2020, se acompañaba una copia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial Anticorrupción”.
Dicha denuncia tiene como objetivo a Iglesias, Bousselham y a uno de los fiscales del caso, quien, según Calvente, habría actuado en connivencia con una abogada de Podemos con quien podría haber mantenido una relación sentimental de la que no existen pruebas. Esa abogada es Marta Flor, a quien supuestamente acosó sexualmente Calvente, aunque la denuncia que presentó la mujer en su día ha sido de momento archivada.
El propio juez reconoce en su auto que “los hechos denunciados por este partido [Vox] ante el Ministerio Público no coinciden con los que son objeto de investigación ni de acusación en esta Pieza separada nº 10”, la del caso Dina.