Su currículum dice que habla varias lenguas –inglés, francés, alemán y español–, pero esconde que tiene serios problemas de comunicación con la mayor parte de sus colegas incluso en el idioma que comparten todos ellos. Tan metódica y ortodoxa como “inflexible” –que es como la califican sus propios compañeros de coalición–, la vicepresidenta del área económica, Nadia Calviño, tiene la confianza plena del presidente del Gobierno, pero no la de otros titulares de ministerios, entre quienes se ha convertido ya en una auténtica pesadilla con la que el diálogo es difícil y el entendimiento, imposible.
El suyo, pese al mantra instalado en los medios de comunicación, no es un pulso contra Pablo Iglesias ni contra Unidas Podemos, sino una sucesión de conflictos con varios de sus compañeros, también del PSOE. Ha tenido desencuentros con Yolanda Díaz y con el vicepresidente segundo, pero también con José Luis Escrivá, con José Luis Ábalos, con Teresa Ribera y hasta con Carmen Calvo. O por los alquileres, o por los desahucios, o por los ERTE, o por el SMI, o por el Plan Renove 2020, o por su escasa sensibilidad verde o por su extremado celo para con las normas que salen de su departamento… Su nombre ha estado desde el comienzo de la legislatura en el centro de todas las fricciones internas de la coalición.
Esta semana que acaba no ha sido la mejor de cuantas lleva en el Ministerio de Economía para Nadia Calviño. Pablo Iglesias, con quien apenas cruza palabra en los Consejos de Ministros, ha logrado que Ciudadanos se excluya del 'sí' a los Presupuestos y apuntalar el bloque parlamentario que hizo posible la investidura de Sánchez, al que se incorpora ahora también Bildu. Justo el ángulo contrario al que buscaba la vicepresidenta económica, quien llegó a deslizar en público que prefería el apoyo del PP al de ERC para las cuentas públicas.
Por si fuera poco, Iglesias ha arrancado a Pedro Sánchez el compromiso de que habrá un nuevo decreto sobre la paralización de los desahucios, un asunto sobre el que Calviño se negó en rotundo a discutir en el marco de la negociación presupuestaria, después de que Podemos presentara una enmienda conjunta con ERC y Bildu a la ley de Presupuestos en el mismo sentido. “Todo lo que tensione a bancos, eléctricas y fondos inmobiliarios se ha convertido en un tabú para la vicepresidenta económica”, aseguran fuentes de la formación morada. De ahí la animadversión mutua entre ella e Iglesias de la que ambos, según admiten en La Moncloa, “se benefician”.
En línea con los ministros de Economía del PSOE
Calviño aumenta su leyenda ante los empresarios, el IBEX y Bruselas en cada uno de sus pulsos contra Pablo Iglesias. Y el líder de los morados crece ante los suyos cada vez que batalla contra la ortodoxia de Calviño y en defensa del “escudo social” y la protección de los que tienen menos recursos. “Ambos se engordan mutuamente. Es una batalla que seguirán dando porque a los dos les va bien”, vaticina el mismo interlocutor “monclovita”, para quien en realidad entre Calviño, Solbes, Elena Salgado, Carlos Solchaga o Miguel Boyer –por citar los principales ministros socialistas de Economía en democracia– hay pocas diferencias y un mismo hilo conductor. Y es que ninguno procede de la izquierda del PSOE. “En realidad jamás hemos tenido en democracia un ministro progresista. Y Calviño sigue por tanto una larga tradición”, apostilla.
Cuando Pedro Sánchez pensó en ella para el área económica sabía lo que hacía y a quién elegía. A una persona metódica, rigurosa y pragmática con una carrera meteórica en Bruselas –desde directora general adjunta de Competencia a directora general de Presupuestos de la Comisión Europea– y que le serviría de antídoto frente a la inquietud en las instituciones comunitarias tras la salida del PP del Gobierno porque gozaba de una gran reputación y experiencia en todos los foros comunitarios. Lo que desconocía quizá era su falta de cintura para la negociación y la catarata de fricciones internas que protagonizaría en la primera coalición que gobierna España en democracia. Pese a ello, el presidente sigue siendo, además de su principal valedor, el mayor defensor de la vicepresidenta del área económica frente a los ataques que le propina la izquierda, lo que no significa que comparta con ella todos sus planteamientos o que no haya tenido que mediar en busca de una solución intermedia entre su posición y la de otros ministros con los que ha batallado duramente.
Unas veces ha ganado y otras muchas, la mayoría, ha perdido. Calviño no es infalible en la coalición, a pesar del respaldo sin fisuras del presidente. De hecho esta semana ha visto cómo el presidente tenía que corregir la composición del órgano de control de los fondos europeos para incluir a Pablo Iglesias, una presencia que la titular de Economía pretendía evitar a toda costa. O aceptar, vía decreto, una prórroga para la paralización de los desahucios que exigía Unidas Podemos y compartía buena parte del socialismo, y a la que ella se oponía.
“La paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos (...) Pero a nosotros no nos votaron para hacer amigos”, escribió el líder de Podemos en su cuenta de Twitter en alusión a lo que los morados entienden como un permanente alineamiento de Calviño “con los intereses de la banca, los fondos inmobiliarios o las eléctricas” y en respuesta a la cerrazón de la responsable económica a la paralización de los desahucios por razones de seguridad jurídica.
Del SMI a los desahucios
A diferencia de los morados, Calviño no entra nunca al cuerpo a cuerpo en público, si bien en alguna ocasión ha dejado caer la “falta de madurez técnica” y la “obsesión por buscar visibilidad” de los de Pablo Iglesias. En su departamento tienen instrucciones precisas para hilvanar una respuesta tipo a cualquier pregunta que tenga que ver con su falta de sintonía o las diferencias que la separan de sus colegas de Gobierno: “La vicepresidenta no entra en estos temas. Su posición es la que corresponde con su responsabilidad de vicepresidenta económica y de Transformación Digital. Está solo para dirigir, por mandato del presidente, la política económica”. Esto antes de abrir boca, sin saber cuál es el tema a desarrollar y en un alarde de superioridad sobre el resto de ministros que, a su entender, han debido ser todos mandatados por un ente abstracto, y no por Sánchez, como lo ha sido ella.
Con Iglesias ha tenido divergencias sobre el Ingreso Mínimo Vital, la subida del SMI, los créditos ICO, el “escudo social” que prohibía los cortes de suministros durante los meses más duros de la pandemia, la limitación del precio de los alquileres y los desahucios, asuntos estos dos últimos con los que también ha tenido problemas con el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
Roces con Escrivá, con Ábalos, con Ribera y hasta con Calvo
José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, ha hecho piña en varias ocasiones con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la aprobación de los ERTE o la ley del teletrabajo, dos normas que salieron del Consejo de Ministros a pesar de las resistencias de Economía, como ocurrió también con la subida del SMI. Tampoco es noticia en el gabinete de Sánchez la falta de sensibilidad verde de Calviño que, en ocasiones, le ha llevado a tensos debates con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, quien a diferencia de la responsable económica “tiene un proyecto clarísimo de país en la cabeza y no quiere perder ninguna oportunidad”, aseguran fuentes socialistas. Y más de un roce ha tenido también con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por una hermética e individualista metodología de trabajo que, en ocasiones, retrasa las evaluaciones de calidad legislativa.
Solventada ya la crisis interna por la paralización de los desahucios y con Ciudadanos ya fuera de la suma presupuestaria, Calviño se prepara este diciembre para una nueva batalla en el seno del Gobierno. Y no es cualquier batalla. La derogación de la reforma laboral que aprobó el PP y que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a derogar “en sus aspectos más lesivos” en el programa de gobierno ya la hizo explotar en mayo pasado cuando morados, socialistas y Bildu suscribieron un acuerdo para la suspensión íntegra del marco laboral aprobado en 2012 a cambio de que los abertzales se abstuvieran en una de las prórrogas del estado de alarma.
La titular de Economía recibió una llamada del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para amenazar con marcharse de la mesa del diálogo social y Calviño reprochó a Sánchez la redacción de un texto que, en su opinión, abría un debate inoportuno en el marco de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria. “Con esta realidad sobre la mesa sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento”, afirmó tras advertir de que cualquier modificación en materia laboral “se hará de forma dialogada con los agentes sociales”. Calviño obligó a los socialistas a matizar que el acuerdo suscrito aludía a derogar “los aspectos más lesivos de la norma”, y no en su integridad como aparecía en el texto, tal y como venía en el acuerdo programático de investidura.
La batalla por la derogación de la reforma laboral
Trabajo entiende que el marco legal se derogará íntegramente de “facto” pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
De acuerdo al plan normativo aprobado por la vicepresidencia primera, esta primera fase, que debería entrar en Consejo de Ministros ante de fin de año, incluye también la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa y restringir la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. Antes está previsto reactivar la mesa de diálogo social que se paralizó en marzo por la pandemia, pero en el seno del Gobierno esperan ya una dura batalla a librar frente a las resistencias del área económica, cuyo objetivo pasa por diluir lo firmado en el pacto de gobierno para no inquietar ni a Bruselas ni a los empresarios.
Calviño se atrinchera de nuevo tras la ortodoxia y las directrices comunitarias para batallar frente al Ministerio de Trabajo y buena parte del PSOE, que se remiten a lo firmado “negro sobre blanco” en el pacto de gobierno y no tienen intención de moverse de ahí. Las posiciones de Calviño y Yolanda Díaz, admiten en La Moncloa, “son antagónicas” y la batalla por la derogación de la reforma laboral está aún por librar. Será el siguiente pulso entre Economía, Podemos y buena parte de los ministros del PSOE. Calviño está sola también en esta. Y será de nuevo Sánchez quien decida entre el cumplimiento del programa de gobierno o la ortodoxia económica a la que siempre sucumbieron los ministros socialistas de otras épocas.
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