La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido en que la Iglesia tendrá que pagar el IBI para los espacios que no sean de culto a lo largo de este mandato. La encargada de llevar las relaciones con las confesiones religiosas del Ejecutivo ha reiterado esa nueva fiscalidad para la Iglesia católica a horas de reunirse con el nuevo nuncio del Vaticano en España. “Vamos hacia una nueva fiscalidad mucho más justa y también la Iglesia va a concurrir”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER.
“Mantenemos una relación muy buena con la Santa Sede, pero tenemos calendario de trabajo por delante que yo le he podido contar al cardenal Parolin [el número dos del Papa] y que vamos a poner en marcha que tiene que ver con la fiscalidad”, ha dicho en su respuesta a la pregunta sobre el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: “Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia”.
Calvo ha asegurado que ya le trasladó esas propuestas al cardenal Parolin en una reunión que mantuvieron hace meses en el Vaticano: “Me dijo que por supuesto”. El Gobierno tiene ya elaborado el listado de los casi 30.000 inmuebles inmtriculados “indebidamente” por la Iglesia. El compromiso de la coalición es hacer “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar su recuperación”.
También ha explicado que aspira a participar en una cumbre sobre educación que la Santa Sede va a celebrar. La propuesta del Gobierno es sacar del currículum académico la asignatura de religión.
La vicepresidenta ha destacado que las relaciones con la Santa Sede son buenas y ha agradecido que el Papa Francisco recibiera a la delegación española en exclusiva durante su última visita a Roma durante un acto de ascenso a religiosos españoles al que asistió.
Lo que no se plantea el Gobierno en este momento, de acuerdo al pacto suscrito por PSOE y Unidas Podemos, es la derogación de los acuerdos entre España y la Santa Sede, que es algo que sí que figura en el programa electoral de los socialistas.
Rebaja de las penas por sedición
Durante la entrevista, uno de los asuntos en los que más se ha detenido Calvo ha sido en la propuesta de reforma del Código Penal. La vicepresidenta ha admitido claramente que el plan es rebajar las penas del delito de sedición para “acompasar” las realidades actuales a la legislación penal. “No es tanto urgencia como necesidad. Hemos visto cómo algunos tipos penales no están a la altura del derecho comparado”, ha explicado. “Estamos armando ese proyecto de reforma”, ha dicho Calvo, que ha enfatizado, no obstante, que ese no será el único cambio sino que la pretensión es que sea más amplio y que incluya los cambios relativos al consentimiento sexual, el conocido “solo sí es sí”.
Calvo ha admitido que una consecuencia de la rebaja de las penas para la sedición supondrá que los líderes independentistas condenados vean mejorada su situación, pero ha rechazado que ese sea el motivo por el que lo van a llevar a cabo. “No depende del Gobierno. Del Gobierno lo que depende es impulsar una reforma importante”, ha aseverado. Para PP y Ciudadanos, ese maniobra supone un “indulto por la puerta de atrás” dado que el Código Penal establece el efecto retroactivo de aquellos cambios legales que beneficien al reo.
La vicepresidenta ha enfatizado que la pretensión de Pedro Sánchez es dejar esos cambios fuera de la mesa de negociación con el Govern, que se ha mostrado dispuesto a abordarlo. “No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo”, ha dicho ante incluso de ser preguntada por ello.
“Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario”, ha destacado. También la portavoz, María Jesús Montero, aseguró este martes que esta cuestión no ha salido en ninguna de las negociaciones.
Tranquilidad para los empresarios
Calvo también se ha referido a la reunión que este miércoles mantendrá la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno pretende que llegue al 60% del sueldo medio en España a final de la legislatura, tal y como establece la Carta Social Europea. “Tenemos el deseo de reactivar de manera muy respetuosa el diálogo social en este país”, ha dicho.
Lo que ha descartado es que esa subida ascienda a 1.000 euros este año tras la subida de un 22% el año pasado que lo situó en 900 euros tras un pacto alcanzado por Sánchez y Pablo Iglesias en el anterior mandato del socialista en solitario.
“Tiene que ser un crecimiento progresivo, asumible, que no provoque grandes problemas a las pequeñas y medianas empresas –ha explicado–. Se va a incrementar de manera progresiva. Se hace sin que la empresa tenga ningún tipo de riesgo para lo que nosotros es preciado que es el crecimiento económico”.
Calvo, que es la encargada de coordinar la acción del Gobierno, ha asegurado que tiene sobre la mesa la reforma laboral como una de las cuestiones a acometer en el primer trimestre del mandato y ha destacado que la prioridad será acabar con la posibilidad del despido en caso de baja médica que avaló el Tribunal Constitucional.