La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha organizado una campaña de rechazo de los acuerdos para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud alcanzados entre la ministra Ana Mato y los “denominados foros profesionales” de médicos y enfermeros.
El pacto fue firmado el 30 de julio por la titular de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica, el Consejo General de la Enfermería y el Sindicato de Enfermería-SATSE, que agrupan a más de medio millón de profesionales.
“Son acuerdos realizados por entidades no representativas -opina FADSP en una nota-, adoptados sin consultar a los implicados y que suponen un apoyo a la política de privatizaciones, recortes y deterioro de la sanidad pública del PP”.
Para ello, pide que se firme una declaración de desacuerdo en la web de peticiones ciudadanas Change.org, además de anunciar actividades de rechazo en todo el país.
Las medidas “perjudican” claramente al sistema público de salud, asegura, pues el fin es crear “microempresas” dentro de los centros para competir entre sí en un mercado sanitario mixto (público y privado), financiado esencialmente con fondos públicos.
Además, se pretende establecer “alianzas y acuerdos con otras empresas” del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar estrategias empresariales.
“Esto permite -denuncia- dar entrada al capital privado de empresas, a los laboratorios farmacéuticos, a las industrias de electro-medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios”.
Como consecuencias previsibles se apunta que el sistema sanitario “se fragmentaría en múltiples parcelas de poder y negocio”.
Además, llegaría un deterioro de los derechos de los profesionales, que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión).
Desmantelamiento del nivel de atención primaria, aumento de los costes del sistema sanitario y trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías “no rentables” son otros de los perjuicios, según FADSP.
“Abre las puertas a la privatización del sistema sanitario -concluye- ya que se le da la oportunidad a empresas privadas de intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en las patologías más prevalentes”.