De Pablo Llarena, un magistrado de perfil conservador y que hizo la mayor parte de su carrera en Barcelona, primero como juez de instrucción y después en la Audiencia Provincial, depende la campaña electoral más trascendente de la historia democrática de Catalunya.
En su mano está que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya y candidato a la presidencia de la Generalitat, Oriol Junqueras y otros siete exconsellers del Govern que allanaron el camino para proclamar la república catalana el pasado 27 de octubre, puedan salir libres y participar en mítines y actos electorales o afrontar en prisión la recta final de la campaña de las autonómicas del 21 de diciembre. En la misma situación se encuentran Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el primero de los cuales ocupa el número dos de la lista de Junts per Catalunya, la lista de Puigdemont. La pegada de carteles está programada para el próximo día 5. La decisión del Supremo se conocerá antes, previsiblemente en las próximas horas.
La de este viernes es la primera resolución que debe tomar el juez Llarena desde que asumió la parte de la causa por secesión que alude a los miembros del Govern de Carles Puigdemont. Y lo hará a petición de los investigados, que han solicitado declarar para que se revisen las medidas cautelares que fijó la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, antes de remitir el caso al Tribunal Supremo.
El magistrado Llarena, que hoy escuchará por primera vez a Junqueras y al resto de exconsellers, ya fijó su criterio en la otra pata del sumario el pasado 9 de noviembre, cuando dictó una orden de libertad bajo fianza para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa acusados de esos graves delitos. Entonces, el instructor escribió en el auto: “Todos los querellados no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
Fue después de tomarles declaración en la instrucción de la causa que sigue contra los miembros del Parlament imputados por rebelión y sedición.
En aquel momento el magistrado Llarena ya se encargó de explicitar que la situación de los diputados no es equiparable a la de los miembros del Govern, sobre todo si se atiende a dos riesgos que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal justifican la prisión provisional: el de huir de la acción de la Justicia y el de la posible destrucción de pruebas.
En el caso de la destrucción de pruebas, el magistrado Llarena argumentó que todos los pasos que dio la Cámara catalana quedaron escritos en los diarios de sesiones, así que difícilmente podrán eliminarse.
Las gestiones que hicieron los exconsellers al frente del Ejecutivo para favorecer el procés no solo no figuran en documentos públicos sino que parte de los trámites han sido ocultados a la Justicia, tal y como ha ido evidenciando la investigación durante las últimas semanas.
Para confirmar la libertad bajo fianza de Forcadell y sus compañeros de escaño, el magistrado también tuvo en cuenta que los imputados hubiesen acudido a los tribunales cada vez que se les había citado, algo que también han hecho hasta el momento los exconsellers convocados este viernes en el Supremo y que les separa de la actitud de Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas huidos a Bélgica.
Con todo, el requisito definitivo que la ley fija para amparar una orden de prisión provisional es el riesgo de reiteración delictiva. Junqueras y el resto de imputados han acatado de facto la aplicación del artículo 155: ya no ejercen como miembros del Govern y algunos como el exvicepresidente de la Generalitat participan como candidatos en unas autonómicas convocadas por Mariano Rajoy, tras intervenir la autonomía de Catalunya.
Pero tanto Junqueras como el resto de investigados podrían volver a ocupar puestos ejecutivos en la Generalitat tras el 21 de diciembre en un futuro gobierno que salga de las urnas. Teniendo en cuenta esta posibilidad, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que para evitar la prisión Oriol Junqueras y el resto de imputados deberán dejar claro al juez que renuncian a emprender una vía unilateral en el futuro, también tras las elecciones autonómicas.
Las mismas fuentes explican que no se trata de que los dirigentes independentistas abjuren de sus convicciones políticas. Ni tampoco de que el partido o la lista que integren en los próximos comicios se tengan que declarar constitucionalistas. Lo que sí demandará Llarena es un compromiso claro de que los investigados no volverán a actuar fuera de los márgenes de la Constitución para alcanzar sus ideales, esto es, “que no van a volver a ofender el bien jurídico protegido en este caso” y que motivó la medida cautelar de su ingreso en prisión.
Acatar de viva voz la aplicación del 155
Junqueras y el resto de exconsellers de ERC se comprometieron esta misma semana, de forma más explícita que en su primer recurso ante la Audiencia Nacional, a acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el escrito remitido al Supremo por el que pidieron volver a declarar, aseguraron que “aceptan la aplicación del artículo 155 en los términos que autorizó el Senado y aprobó el consejo de Ministros”.
Y añadieron que lo hacían “desde la más profunda discrepancia política y jurídica porque consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament, pero han decidido acatar su aplicación e impugnarla por los cauces jurisdiccionalmente oportunos”.
Según fuentes cercanas a los exconsellers encarcelados, este viernes centrarán su declaración en asegurar que ya no existen los riesgos de fuga y destrucción de pruebas y, en especial, de reiteración delictiva, argumentos esgrimidos por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para enviarles a prisión el pasado 2 de noviembre.
Para ello, reiterarán de viva voz que han asumido su destitución en base al 155 y que han aparcado la vía unilateral, manteniendo su objetivo de la independencia pero tan sólo a través de la negociación y el diálogo con el Estado. La excepción será la exconsellera Meritxell Borràs (PDeCAT), que además de pedir su libertad ha preparado una declaración de fondo por los delitos por los que está imputada: rebelión, sedición y malversación.
El último de los motivos que los exconsellers pretenden alegar para solicitar su excarcelación es que todos ellos, salvo Meritxell Borràs, son candidatos bien por JxCat o bien por ERC el 21-D. De seguir en prisión, prevén aducir en el Supremo, no concurrirían en igualdad de condiciones que los demás políticos, lo que vulneraría sus derechos individuales como candidatos y de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
Tras escuchar a los imputados, el magistrado puede resolver su petición durante esta misma jornada o esperar al sábado. Si finalmente llegase la orden de libertad, los imputados deberán volver a la cárcel, donde han pasado las últimas cuatro semanas, para firmar su salida y recoger sus pertenencias.
La resolución que se adopte el Supremo condicionará toda la campaña electoral más allá de la participación de los dirigentes ahora encarcelados en actos públicos. El argumento central de las candidaturas independentistas es precisamente la defensa de sus candidatos a los que presentan como “presos políticos” y víctimas de “la represión del Estado”.