El Canal de Isabel II compró la empresa brasileña Emissao en 2013 por cuatro veces más de lo que costaba. La Guardia Civil sostiene que el sobreprecio acabó en los bolsillos de algunos implicados en la Operación Lezo, pero los agentes sospechan también que la operación era una forma de entrar en el mercado brasileño. Con una filial allí, la intención de la empresa pública era hacerse con concesiones mediante el pago de sobornos a políticos locales, una práctica habitual de Emissao, que en solo un año abonó entre 700.000 y 1,15 millones de dólares en mordidas.
El testaferro de Ignacio Gonzalez, Edmundo Rodríguez, se puso a la cabeza de esa operación como responsable de Inassa, la filial del Canal que se ocupaba del negocio en Latinoamérica. Además de sacar rédito con la compra de Emissao, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) reflejan en un informe que su estrategia era que el Canal se implantase en Brasil, y desplegar allí las “prácticas corruptas” que ya utilizaba en otros países de la zona.
El informe recorre los pasos que se dieron en la compra de Emissao, que motivó una denuncia en 2016 por parte de los responsables del Canal. Los agentes analizan un informe interno elaborado por responsables de la empresa pública y de la filial Inassa sobre la empresa brasileña. Ese informe no detalla fuentes de información y nadie estampó su firma en él. El documento recomienda la compra de Emissao porque supone “un vehículo de entrada al mercado de Brasil que lógicamente repercutiría favorablemente en las cifras de Inassa”.
Tras analizar las oportunidades de negocio, el informe recomienda que el dueño de Emissao, Sebastio Cristovam , siga al frente de la compañía. La razón es que tiene “excelentes relaciones” con las autoridades de Río de Janeiro, con los responsables del organismo que se ocupa del ciclo del agua y con “los cinco alcaldes recién elegidos”. “Todo esto aumenta las posibilidades de adquisición de nuevos negocios”, concluye el documento.
Comisiones de hasta el 15%
Los agentes destacan esta afirmación y se sorprende que una empresa pública “valore positivamente” la relación de Cristovam con las autoridades locales. Edmundo Rodríguez leyó la frase del informe sobre Cristovam en la reunión del Consejo de Administración de Canal Extensia que aprobó la compra de Emissao. Los agentes señalan que en el acta del encuentro no figura el reparo de ninguno de los miembros de ese consejo a la estrategia de comprar una empresa por sus vínculos con los políticos locales.
El informe interno de Inassa hace varias referencias a la due diligence elaborada por la auditora KPMG. Esta compañía recogió datos sobre Emissao y los plasmó en un documento en el que advertía sobre los peligros de comprar la compañía por las dudas sobre su estado financiero. Además, en un apartado alerta del pago de los sobornos a políticos locales: “la mercantil brasileña paga comisiones a terceros para tomar ventaja durante los procesos de adjudicación y renovación de contratos”.
La empresa brasileña tenía toda una estructura montada para canalizar el pago de comisiones. Obtenía facturas falsas de proveedores para poder justificar el pago de mordidas en sus cuentas, así “es capaz de registrar los costes asociados a las comisiones”. Dependiendo del acuerdo, Emissao pagaba entre el 6 y el 15% de cada contrato, y solo en el año 2013 esas mordidas oscilaron entre los 700.000 y 1,15 millones de dólares.
Los agentes recogen en su informe que el pago de comisiones a cambio de contratos públicos es una práctica habitual del Canal a través de Inassa. Rodríguez era conocedor y partícipe “de los sobornos a cargos y funcionarios públicos de los países latinoamericanos (…) como contraprestación por la manipulación de los procesos de licitación de contratos públicos para asegurarse su adjudicación”.
Ese método se habría empleado en países como Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia. Los agentes relacionan esas “prácticas corruptas” con la compra de Emissao, que abría a la empresa pública española un mercado con el que todavía no tenía vínculos. En Panamá, por ejemplo, la Guardia Civil ha documentado pagos en el año 2012 a través de socios locales para conseguir un contrato público.
La misma operativa que se utilizó en República Dominicana, aunque en este país durante más tiempo. El socio de Rodríguez, Ángel Rondón, habría pagado comisiones para influir en las licitaciones. En Haití, Inassa se alió con el socio de Mercasa, Incatema, para sobornar a políticos locales y en Colombia lo hizo a través de ASAA, su filial en ese país.