Los exconsejeros del Canal de Isabel II en época de Gallardón han defendido la compra de Inassa como una operación legal y beneficiosa, pero han explicado que no conocieron todos los detalles del proceso, como que se utilizó una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, y que les entregaron la documentación horas antes de que tuviesen que votar. Ninguno ha sabido precisar si el expresidente madrileño estaba al tanto de la adquisición que comandó Arturo Canalda, entonces gerente de la empresa pública.
Este miércoles estaba citados como imputados el expresidente del Canal, Pedro Calvo, y cuatro exconsejeros: José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández y José Manuel Herrero Sanz. Este último no ha acudido a la Audiencia Nacional.
Calvo ha sido el primero en sentarse frente al juez de Lezo, Manuel García Castellón, que investiga si la operación aprobada en 2001 fue un pelotazo perjudicial para las cuentas públicas. Durante su declaración ha defendido que la compra de Inassa fue legal y no se pagaron sobrecostes, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio. A la salida, ha querido dejar claro que el responsable de que el Consejo de Administración del Canal de 2001 tenga que dar explicaciones en la Audiencia Nacional es Ignacio González.
Muy cercano a Gallardón, al que acompaño tanto en la Comunidad -donde fue consejero de Medio Ambiente- como en el Ayuntamiento de Madrid, Calvo ha estado durante unas dos horas declarando. Según ha comentado a los periodistas a la salida, ha mantenido la misma línea que cuando compareció en la Asamblea de Madrid.
No ha precisado de si el exministro de Justicia conocía los pormenores del proceso, pero ha opinado que, si los hubiese conocido, habría dado su visto bueno a cada paso que se dio porque la compra fue muy ventajosa para el Canal.
Calvo culpa a González de arrastrarle ante el juez
Calvo ha defendido que no hubo irregularidades en la compra de Inassa en 2001, en contra de lo que sospecha Anticorrupción. Según él, en la adquisición por 73 millones de dólares de esa sociedad colombiana no se pagó un sobreprecio. Durante su declaración ha contestado a la Fiscalía y a todos los abogados, salvo al letrado de González.
Calvo cree que el expresidente madrileño es el responsable de haberle arrastrado a él y al resto de exconsejeros ante el juez de Lezo. La Fiscalía comenzó a investigar la compra de Inassa tras escuchar a González en una conversación con Eduardo Zaplana hablar de que había tapado “el muerto” de Gallardón.
“Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá”, comentaba González. En otra conversación ambos hablaron sobre el elevado nivel de vida que llevaba y se preguntaron si estaba “aflorando algo”.
Canalda no les dio toda la información
El resto de consejeros han ofrecido la misma versión sobre la compra. Aseguran que se les presentó una operación de expansión por América Latina en la que, si hubo irregularidades, no supieron nada. La Fiscalía ha preguntado a todos ellos por el grado de participación de Gallardón en el proceso, pero ninguno ha precisado si el expresidente madrileño estaba al tanto. Han negado que en ningún momento les llamase para interesarse por la operación y han añadido que les daba mucha autonomía para gestionar la empresa pública.
Los tres que han declarado han coincidido en señalar que se fiaron de Arturo Canalda, gerente del Canal y la persona que se puso al frente del proceso de compra. Han explicado al juez y a la fiscal que les envió la documentación sobre la compra unas 24 o 48 horas antes, y que esta no era muy exhaustiva. De hecho, afirman que nunca supieron que la compra se iba a hacer a través de una sociedad radicada en Panamá, un paraíso fiscal.
Aún así, han insistido en que la operación fue beneficiosa porque Inassa está valorada ahora en unos 200 millones de euros.
El martes acudieron otros cuatro imputados a declarar, aunque solo uno de ellos respondió a las preguntas de la Fiscalía. El resto argumentaron que no habían tenido tiempo para leerse la causa, por lo que el juez accedió a posponer su declaración.
Juan María del Álamo fue el único que declaró, y admitió que durante la compra de Inassa se manejaron valoraciones de la empresa que estaban muy por debajo del precio que finalmente se pagó. Alegó que no recordaba muchos detalles del proceso, lo que le valió el reproche del juez.
Antes fue el turno de Rafael Merino López Brea, el único exconsejero que declara como testigo por no haber avalado la operación. Según explicó, apenas tuvieron documentación sobre la compra, tan solo algunos informes elaborados por Arturo Canalda.